Hay que vigilar las palabras. Crean realidades imaginarias al margen de los hechos, algunas de ellas muy desagradables. La responsabilidad exige del político, también del articulista, que tenga presente el significado de los vocablos que utiliza. Por ello hay que censurar que Alberto Núñez Feijóo afirmara ayer en los micrófonos de la COPE que en Cataluña hay un Gobierno que trabaja para crear un ‘apartheid’ lingüístico para los castellanoparlantes. 

Es comprensible que esta afirmación secuestrara ayer la atención de toda la clase política catalana y que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona mostraran su indignación con el presidente popular. El ‘apartheid’ no es cualquier cosa y su uso para definir la política lingüística de la Generalitat es un insulto inmerecido y está fuera de lugar.

Primero, porque es mentira, no hay tal ‘apartheid’ ni voluntad de crearlo. Pero más grave todavía es que, expresándolo así, habrá gentes que crean lo que dice Feijóo y fijarán en su cabeza que en Cataluña, desde el punto de vista idiomático, los castellanoparlantes son tratados como los negros lo eran en Sudáfrica antes de la caída del régimen racista. Es una barbaridad, se mire por donde se mire. 

El presidente gallego podría haber dicho que el Gobierno de la Generalitat, con la complicidad de socialistas y colauistas, intenta llevar a cabo un fraude de ley para evitar cumplir con la sentencia del TSJC que obliga que en la escuela primaria el 25% de las clases sean en castellano. 

Podría haber dicho que le parece que en la escuela primaria el castellano merece no solo el 25%, sino el 50% o el 100%. 

Podría haber afirmado que ya está bien de conculcar el derecho de las familias castellanohablantes a que sus retoños puedan estudiar en castellano en sus primeros años de aprendizaje.

Todas estas afirmaciones podrían ser discutidas o compartidas, pero no podrían ser netamente censurables. Hablar de ‘apartheid’ sí lo es, y más en boca de quien puede convertirse en el próximo presidente de España. 

La realidad es, por fortuna, mucho menos dramática. La reforma de la ley de política lingüística la acaban de votar en el Parlamento de Cataluña 106 de un total de 135 diputados. Entre ellos, están los votos de los socialistas y también los de En Comú Podem. El texto convierte el castellano en lengua de aprendizaje también en la escuela primaria por vez primera desde que se puso en marcha la política de inmersión lingüística. Es, pues, una diferencia sustancial respecto a lo que pasaba hasta ahora. 

A la ley se ha sumado un decreto del Gobierno catalán por el cual se traslada a las escuelas la necesidad de informar sobre su proyecto educativo, para que pueda ser validado por el Ejecutivo. Este proyecto educativo no debe incluir porcentajes de clases en una lengua determinada —que es lo que exige la sentencia del TSJC—, pero sí debe incorporar el castellano como lengua de aprendizaje, que es lo que se supone realmente fundamental.

A partir de este momento, para el análisis completo, es necesario añadir dos variables al análisis que aún no se han concretado: la primera es si a criterio del TSJC el camino elegido por la Generalitat se considera válido para dar por cumplida la sentencia y, en segundo lugar, si los directores de las escuelas cumplen con la obligación de incorporar el castellano como lengua de aprendizaje entre los alevines de los ciclos de formación. El resto no es más que ruido político. 

De ahí a afirmar que el objetivo final es el ‘apartheid’ lingüístico, media un abismo. Si además tenemos presente que no hay estudio —entre ellos, los archifamosos informes Pisa— que no determine que los jóvenes catalanes, finalizada su educación, tienen un conocimiento de la lengua castellana equivalente al de los chavales del resto de comunidades autónomas, deberemos colegir que no es que vaya a haber un ‘apartheid’ en el futuro, sino que tampoco lo ha habido en el pasado.

La proximidad de las elecciones andaluzas puede explicar el exceso verbal de Feijóo. A fin de cuentas, no hay campaña en la que no esté presente Cataluña. Sin ir más lejos, el primer punto del programa de Vox para los comicios andaluces es la suspensión de la autonomía catalana. La posición respecto al independentismo da y quita votos en todas las citas electorales. Esto es una realidad. Pero que Feijóo se esté batiendo el cobre en estos momentos por unos resultados que van a ser leídos, caso de ser muy positivos, como la antesala de su llegada a la Moncloa, no es excusa para no medirse con según que afirmaciones. 

El soberanismo más rancio es muy aficionado también a las afirmaciones que dañan la convivencia, llevando la tensión verbal y la mentira hasta el límite. La aseveración ‘España nos roba’ sería, por elegir una de ellas, un buen ejemplo. Hay que censurar las de un lado y las del otro por el doble motivo ya señalado: pueden dañar seriamente la convivencia, pero es que además no son verdad.

 

Y eso no quiere decir que el posicionamiento político del PP en la cuestión idiomática no sea legítimo y no merezca ser defendido con vehemencia en nombre de los votantes de esta formación política. Pero la vehemencia no anda reñida con la responsabilidad y con un mínimo de verdad. Lo de ayer de Feijóo merece ser reprobado. Y que también deba reprobarse a menudo a otros, no le exime a uno de su propia responsabilidad.