«Apelamos al PSOE: se hace más necesario un pacto de los constitucionalistas»

El vicepresidente segundo del Parlament de Cataluña y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, confía en que el PSOE «haga un ejercicio de responsabilidad», como hizo su formación, y «mueva ficha» para permitir con su abstención la investidura de Mariano Rajoy.

No le consta ningún movimiento desde la cámara catalana para preparar las alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) por su suspensión del proceso secesionista, reitera que los incumplimientos desde Cataluña han sido claros y reclama una mayor respuesta a nte el desafío.

P–¿Cómo afecta la situación en Cataluña al momento político en el conjunto de España?
R–Se hace más necesario el pacto de los constitucionalistas por la unión que propone C’s, un pacto que garantice que el artículo 1 de la Constitución no se va a tocar, que habrá unidad frente a los intentos de división, que no se pactarán las cuestiones importantes con quienes quieren romper.

 

P–¿Terceras elecciones?
R–Si el PSOE no se abstiene, sí. Ese es el único hecho objetivo, a pesar del ruido mediático y las presiones sobre C’s para que apoyemos a un candidato y programa que no es el nuestro. Apelamos a la responsabilidad del PSOE.

 

P–¿Por qué el acuerdo al que llegaron con el PSOE no es posible con el PP de Mariano Rajoy?

R–Lo que no haremos es pactar un programa de regeneración y de lucha contra la corrupción con un candidato incapaz de luchar contra eso. Es un candidato que significa todo menos regeneración democrática.

 

P—Se ha hecho una lectura política del fallo del TC tras el desacato del Parlamento catalán de que no ha querido ir más allá para no alimentar victimismos. ¿Entiende que el independentismo busca la confrontación?

R—No sé si lo buscan, pero el independentismo, como cualquier populismo, busca el victimismo para justificarse y seguir adelante con sus pretensiones.

 

P—El escrito de la Abogacía del Estado sin embargo era más contundente y pedía la apertura del procedimiento penal.

R—En este primer trámite es normal que aún no se haya producido. Antes de nada, el TC pide informes, los valora y luego decide. Se ha demostrado que cuando hay el incumplimiento de una ilegalidad los tribunales y los poderes del Estado actúan, sino la ley quedaría en papel mojado. Ningún ciudadano entendería que no sucediese nada.

 

P—Para alguien como Carme Forcadell la inhabilitación sería colgarse una medalla. No deja de ser una paradoja: se actúa legalmente pero con el riesgo de alimentar su estrategia.
R—De lo que hablamos aquí es de la comisión de un delito, y quien es condenado por ello es un delincuente. No sé si las personas implicadas se sentirán orgullosas de ser delincuentes.

 

P—Usted quizás no, pero en el campo independentista…

R—Hay consecuencias más allá de la inhabilitación y me consta que hay preocupación, que no se esperaban una reacción tan rápida del TC, reacción que ya preconfigura la posibilidad de adoptar medidas que van más allá de la suspensión de la resolución. Es la primera vez que el TC va un paso más allá, con prudencia y de forma medida, lo que hay que alabar: no renuncian a aplicar la ley con todas sus consecuencias, pero de manera proporcional y prudente. Lo que sí echamos en falta es que aparte de la vía judicial también haya respuesta política del Gobierno y de los partidos.

P—La debilidad del proceso explica que se busque ya el choque de trenes.
R—El proceso se está enfriando, y el soberanismo pierde apoyos de manera estrepitosa. Se vio en las elecciones del 27-S: frente a ese supuesto mandato democrático que esgrimen debe decirse que no cuentan con la mayoría social, no existe. Con este choque de trenes buscan caldear un proceso y una Diada que ya se veía con menos entusiasmo y épica. Es una maniobra más. Lo grave es que para lograr ese objetivo enfrentan a las instituciones, y lo peligroso es que el enfrentamiento pueda trasladarse a la sociedad.

 

P—¿Por ejemplo?

R–El otro día Anna Gabriel, de la CUP, señalaba que si el Estado tomaban medidas el país saldría a la calle. Es sorprendente que la CUP, el partido con menos presencia en el Parlament, se arrogue la representación de todo el pueblo y, además, inste a la gente a salir a la calle. Ese es el verdadero riesgo de las políticas separatistas.

 

P—¿Les da miedo que la frustración entre quienes quieren la independencia pero ven como el proceso no avanza conduzca a enfrentamientos?

R—Afortunadamente los ciudadanos catalanes son mucho más sensatos de lo que piensan los políticos separatistas. Ya se vio cuando Mas declaró ante el TSJC en la causa del 9-N: pese a la pretensión de hacer de aquello un acto victimista, con 400 alcaldes apoyandóle, la mayoría de la población no hizo nada. Y en este caso pasará lo mismo. No tenemos miedo a esto, los ciudadanos son sensatos y responsables. Da más miedo el proceder de ciertos políticos.

 

P—¿Acabará la legislatura?

R—A corto plazo, la CUP no ha confirmado su sí a la cuestión de confianza, y a medio plazo, si la supera, la inestabilidad se mantiene, porque la CUP ya ha dicho que no vincula su postura a la aprobación de los Presupuestos. La llave de todo la tiene la CUP porque CDC y ERC se la dieron. La legislatura no llegará a su fin.

 

P—¿Condenados a la cronificación de «proceso», al «procesismo»?

R—El independentismo no tiene la mayoría que esperaban, ni mucho menos como para romper y levantar una frontera. Si siguen con esta situación ficticia, de actuar como si tuviesen una mayoría social que no tienen, el bloqueo persistirá, y los principales damnificados serán los catalanes.