Ser el juez Llarena es un reto, traten de ponerse en su lugar: le toca instruir un proceso a unos presuntos golpistas para los que dicta orden de prisión provisional, salvo para el principal de todos ellos, el ex presidente de la Generalidad, que se dio a la fuga hacia Bruselas, donde aún le esperan los ex consejeros Toni Comín y Meritxell Serret. Clara Ponsatí, otra que tal, se hizo fuerte en Escocia y luego está lo de la secretaria general de ERC, la simpar Marta Rovira, procesada por rebelión, pero no por malversación, delito que acompaña al resto de los citados. Anna Gabriel sólo por desobediencia.
Bueno, pues instruya usted el caso, mientras la chusma le hace pintadas frente a casa, o frente a lo que ellos creen que es su casa. Después, el ex presidente es detenido en aplicación de la euroorden en Schleswig-Holstein, territorio alemán fronterizo con Dinamarca, quizá en el cálculo de que aquella era una buena tierra, poco dada a las fantasías con iniciativas golpistas. Entonces va un tribunal regional alemán y le lee la cartilla al Tribunal Supremo español, negando la entrega de Carles Puigdemont por el delito de rebelión y requiriendo más información sobre la acusación de malversación.
Para acabar de redondear, uno de los tres jueces, Martin Probst, es un nacionalista danés. Llegue usted a juez del Supremo para que unos golpistas se querellen contra usted por prevaricación. Uno de ellos, por el que siento una especial predilección, Jordi Turull, ha practicado con virtuosismo y eficacia el alzamiento de bienes, ha puesto todo el patrimonio familiar a nombre de su mujer, con el fin de no verse sometido a la tesitura de que le quiten la casa como al pobre ArturMas.
Para redondear aún faltaba algo. Que interviniera el ministro de Hacienda para negar malversación por parte de los procesados: el referéndum ilegal del 1-O no se pagó con dinero público. Albert Rivera preguntó hace dos meses a Mariano Rajoy por la afirmación del juez titular del juzgado número 13 de Barcelona, según el cual, todo o parte del dinero con que se pagó el 1-O procedía del Fondo de Liquidez Autonómico. Respondió Rajoy que de ninguna manera, que del FLA no va a los gobiernos autonómicos ni un céntimo, sino que es empleado directamente por el Gobierno para pagar a los proveedores. Sonaba bien, pero sonaba mejor la pregunta final de Rivera: «¿Quién de sus ministros va a dimitir si el juez demuestra que se ha empleado algún céntimo del FLA?».
El juez Llarena requirió a Cristóbal Montoro para que le diera explicaciones sobre los datos en los que basaba sus declaraciones en EL MUNDO a JorgeBustos sobre su certeza de que no se había gastado dinero público en el referéndum ilegal. Bien preguntado, aunque si hay algo que no cabe en cabeza humana, es la posibilidad de que se pagaran el golpe a escote. Está reñido con su tradición, sus convicciones y con los datos de Llarena, casi dos millones. Mientras a uno se le posa en el ánimo el desaliento del capitán pirata en las historietas de Astérix: «Es formidable, chicos. Ya no necesitamos a los golpistas para hacer el ridículo».