Apuesta ventajista

Pasada la página andaluza, el nacionalismo catalán arrancó ayer con lo mejor de su trompetería la carrera hacia las elecciones municipales del 24 de mayo próximo. Y lo hizo con su melodía más pegadiza y más gastada a la vez, su apuesta por la independencia de España, aunque con menos efectivos que nunca: los partidos Convergencia (CDC) y Esquerra Republicana (ERC), además de los movimientos ciudadanos, ANC (Asamblea Nacional Catalana) y Òmnium Cultural.

Por el camino se han quedado otras formaciones que sí fueron parte del frente por el derecho a decidir, pero que no suscriben la hoja de ruta hacia la secesión anunciada ayer. En concreto, los democristianos de la Unió Democrática de Durán i Lleida (histórico socio del PNV), los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya y los independentistas asamblearios de las CUP, tradicionales aliados de la izquierda aber tzale vasca. Además de algunos dirigentes del PSC-PSOE que, poco a poco, se han ido descolgando de la que durante mucho años ha sido la casa común de los socialistas catalanes

¿Y en qué consiste el plan? Pues en que los soberanistas, conscientes de las limitaciones que fija la legislación vigente y de que su tirón popular es alto, pero limitado, han decidido proponer una especie de partida en la que corran el mínimo riesgo de perder. Si para ello hay que marcar alguna carta, se hace.

CDC y ERC anuncian que si ganan las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, que ellos mismos han decidido tengan carácter plebiscitario, abrirán un plazo de diez meses para la redacción de un borrador de Constitución catalana. El texto, que tendría garantizada su aprobación por el Parlament del Principado, se sometería a referéndum ocho meses después. Si los ciudadanos dijeran sí, los catalanes proclamarían unilateralmente su independencia no más tarde de marzo de 2017.

Convergentes y republicanos saben que la suya es una apuesta ventajista. Y es que el nacionalismo ha obtenido cómodas mayorías en el Parlament en nueve de las diez elecciones celebradas desde la restauración de la democracia. Solo en las primeras, celebradas en 1980, no lo logró, lo que les coloca algo más cerca de su objetivo.

Los principales partidos de ámbito estatal han dejado claro que no cambiarán la ley para permitir un referendo como los celebrados en Quebec o Escocia. Y parece altamente improbable que la inmensa mayoría de las democracias de nuestro entorno dieran por bueno un proceso de secesión al margen de la legalidad.

Pero es que, además, en la seudoconsulta del 9 de noviembre pasado se puso de relieve un dato altamente relevante. Solo 1.861.754 catalanes votaron ese día en favor de la secesión, pese a vivirse un clima de exaltación soberanista difícil de repetir.

Digo solo porque, con esos números, haría falta que la participación en un referendo por la independencia fuera inferior al 65% para que los soberanistas lo ganaran o que aparecieran cientos de miles de nuevos votantes partidarios de la ruptura con España. En Quebec, en 1995, votó más del 90% del censo. En Escocia, hace unos meses, el 84,6%.

Si a ello añadimos que el CIS catalán, en su último sondeo hecho público en Navidad, detectó que el ‘no’ a la independencia volvía a imponerse al ‘sí por primera vez desde 2012, todo apunta a que lo de ayer son nuevas salvas para salvar los muebles en las municipales de mayo. Unos comicios en los que la nueva formación, Podemos, aspirará a su parte de la tarta.

El desafío es probable que ocasione daños en todas direcciones. Pero el nacionalismo catalán haría bien en no minusvalorar los que puede autoinfligirse.