Seguimos inmersos en plena crisis. Nadie es capaz de anticipar con un mínimo de rigor cuál será su duración. Y apenas si asoman por el horizonte dos o tres certezas. La primera, que a diferencia de lo que sucedió en 2008, Europa no está por que sus consecuencias recaigan exclusivamente sobre las clases medias y bajas. La segunda, la ausencia de recetas mágicas. Toca apostar; si funciona, seguir adelante, y si no, variar el rumbo. Y la tercera, que ni izquierdas ni derechas se ciñen a sus viejas banderas.
Subir o crear impuestos siempre fueron recetas de las izquierdas, que tradicionalmente evitaban buscar soluciones en la imposición indirecta. ¿La razón? Los primeros recaen sobre personas físicas o jurídicas y se aplican teniendo en cuenta su capacidad económica. Los segundos, en cambio, benefician o perjudican a todos por igual, con independencia de su poder adquisitivo, como las actuales bonificaciones al precio de la gasolina.
Así, hemos visto cómo el Gobierno Sánchez anunciaba un descenso del 21% al 5% del IVA del gas para tratar de bajar la factura. Y hace sólo un par de días, la presidenta de la Comisión Europea, la democristiana alemana Ursula von der Leyen, avanzaba una tasa del 33% sobre los denominados beneficios caídos del cielo a gasistas y petroleras con el objetivo de recaudar 140.000 millones de euros que se destinarán con carácter finalista a ayudar a los consumidores más necesitados, en línea con los planes de Pedro Sánchez.
Consecuencia: el PP de Feijóo y muchos opinadores que en julio tildaron poco menos que de comunista la intención del Gobierno de coalición de establecer un impuesto temporal a esos beneficios extraordinarios no han tenido más remedio que empezar a recular. El líder del PP, cuyo partido votó el martes en el Congreso contra la tramitación del impuesto, ha dado en las últimas horas un giro de 180 grados para intentar salvar los muebles. Ahora se muestra dispuesto a apoyar la medida, si coincide con lo que determine Bruselas.
No parece fácil, aunque el Ejecutivo PSOE-UP se mostró ayer dispuesto a adaptar su norma en línea con lo que haga la UE. Y es que Europa plantea gravar sólo los beneficios de gasistas y petroleras, mientras Sánchez ha metido también en el saco a las eléctricas y a los grandes bancos. Además de que la tasa comunitaria será finalista y el ejecutivo PSOE-UP quiere que lo recaudado vaya a las arcas del Estado y que luego el Gobierno decida cómo se reparte.
Feijóo ha errado esta vez claramente el tiro. Si finalmente apoya la medida contra la que tantos venablos destiló, el Gabinete Sánchez se apuntará un buen tanto ante una opinión pública que difícilmente está para matices. Si no lo hace, muchos ciudadanos se preguntarán cómo rechaza aquí el PP lo que promueven en Europa los populares europeos. Aunque haya algunas diferencias, y no precisamente menores. Son los riesgos de insistir demasiado en el ‘no’.
Y si existen dudas en el PP en este asunto, no son menores las que se plantean en Moncloa respecto a la conveniencia o no de indultar al expresidente del PSOE y de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a pena de cárcel por malversación en el ‘caso de los ERE’. Tanto otorgar la medida de gracia como negarla dejará jirones a Pedro Sánchez. Y en quince meses serán las elecciones.