Con los canales rotos entre Sánchez y Casado que dan carta de solemnidad al fin del diálogo para poder pactar cuestiones de Estado, nadie se fía de nadie en este país. Ni socios ni adversarios. Menudo reproche le cayó al PSOE desde el flanco de su socio catalán de los comunes cuando intentaba reanudar con el PP la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En tiempo de pandemia la desafección hacia la gestión política se extiende como un manto infinito. No es de extrañar. Cuando más falta hacen los pactos transversales, lo que se impone como emblema de la política de la nueva legislatura es el bloqueo y el enfrentamiento. En el Congreso sus señorías no pueden constituir la comisión de secretos oficiales por el cruce de vetos que afectan a Vox, ERC y Bildu. Los tres tienen denegado, de momento, el acceso a los secretos de Estado. Los miembros de esta comisión se eligen con una mayoría de 210 votos. Un respaldo que no podrá obtener el Gobierno solo con sus socios presupuestarios. La comisión en cuestión no se ha puesto en marcha mientras unos no se fíen de Rufián y de Bildu y otros hagan los propio con Vox y tanto el CNI como el uso de los fondos reservados siguen sin ser sometidos a control parlamentario.

En el hemiciclo vasco el resquemor hacia Vox ha dado una vuelta al cordón sanitario que le vienen aplicando todos los grupos menos PP+Cs. Las declaraciones institucionales ya no serán lo que eran. El voto en contra de un grupo como Vox no impedirá que la declaración salga adelante asumiéndola la propia presidenta de la Cámara. Ha ocurrido algunas veces a lo largo de la historia. De forma puntual. Pero no como norma. Que es lo que se pretende a partir de ahora. ¿Todos los votos son iguales o no? Dice el PNV y el PSE que si se trata de Bildu, sí. Pero a los 17.569 votantes de Vox no se les respeta. Es la ley del embudo.

La gestión del Covid está dejando la credibilidad de algunos gobernantes a la altura del barro. Mientras estamos afrontando la peste del siglo XXI el Gobierno de La Moncloa sigue poniendo el pie en el acelerador para introducir cambios legislativos encaminados al cambio de un régimen que poco tiene que ver con el Estado constitucional. Mientras el control del Poder Judicial espera su momento sin que Europa nos tenga que volver a leer la cartilla, la rebaja del delito de sedición está dando un hervor. No importa que el Tribunal Supremo sentenciara que los procesados no fueron condenados por perseguir la independencia de Cataluña sino por dinamitar las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario para establecer una legalidad paralela a la del Estado. Si hay que dar una vuelta a la sentencia, se intenta. Con los indultos, por ejemplo. La Moncloa considera que esa medida de gracia colaborará a la «solución política» al conflicto en Cataluña. ¿Pero hay presos políticos en la España democrática? Sánchez está dispuesto a admitir lo que haga falta.