EL MUNDO 25/05/2013
· Zabaleta rechaza por insuficiente el reconocimiento del «daño causado» que los ‘abertzales’ pedirán a los presos mientras Currin quiere reunirse con los reclusos.
· Cree que la banda «debe dar los pasos que debe dar» al margen del Gobierno.
Si la izquierda abertzale quiere que el Gobierno alivie la situación de los presos de ETA, no basta con aconsejar a sus reclusos que reconozcan el daño que han causado –cosa que sería «bienvenida»–, sino convencer a la banda terrorista de que dé un paso al frente, «por ejemplo entregando las armas», antes de aspirar a negociar nada con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es el mensaje que defendió ayer Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar y el único miembro de la coalición EH Bildu que todavía se atreve a mostrar su divergencia de criterio con la dominante izquierda radical.
El abogado navarro se aseguró mediante una nota de prensa de que sus palabras en Euskadi Irratia llegaban a toda la opinión pública y no sólo a los oyentes euskaldunes. Con ellas se desmarcó de la conclusión clave de la docena de recomendaciones destinadas al Gobierno y a ETA que cuatro relatores internacionales harán públicas este lunes en San Sebastián.
El documento es fruto de los encuentros del último foro social coordinado por Lokarri y ha sido consultado con Sortu y con el PNV –esta vez, el PSE-EE se ha mantenido al margen–. Aralar no ha participado en esos encuentros, según afirmaron ayer fuentes oficiales del partido, que conoce los contenidos del texto «a través de filtraciones».
Quien en 2001 abandonó HB por su rechazo al terror y ahora trabaja codo con codo con la antigua Batasuna, restó valor legal a estas «declaraciones personales» de «intenciones, valoraciones o arrepentimientos» por parte de los etarras, porque «no figuran en el Código Penal» y «no tienen consecuencias» en este ámbito.
A su juicio, «si el Estado no da pasos en ese sentido, y parece que no se van a producir, se deben dar los pasos que se deben dar sin esperar al Estado». Y puso dos ejemplos: «La entrega de las armas» y «el cambio de identidad de ETA», es decir, que la banda se reconvierta en una organización civil, una fórmula por la que Zabaleta apuesta en los últimos tiempos y que a ETA no le disgusta, pues sortearía el relato de la derrota –no se disolvería sino que integraría una corriente interna de la izquierda abertzale– y sus dirigentes podrían seguir haciendo aportaciones sobre cómo lograr una Euskal Herria independiente, socialista y monolingüe, esta vez por medios pacíficos. Algunos de los jefes de ETA quieren incluso ejercer personalmente la política.
Zabaleta insistió en que una vez que ETA tome estas decisiones (el desarme o la transmutación), deberá seguir exigiendo «la derogación de todas las leyes de excepción». No al revés, que es como está ocurriendo. «La próxima semana veremos cuáles son las recomendaciones o conclusiones del Foro Social, pero considero que las declaraciones no pueden ser la clave para avanzar en el proceso de paz», concluyó.
El citado Foro Social se celebró en marzo bajo la batuta de Lokarri, la misma plataforma que se encargó de la logística de la Conferencia Internacional de Paz que, celebrada en el Palacio de Aiete en San Sebastián, sirvió de pista de aterrizaje para que ETA declarara el «cese definitivo» el 20 de octubre de 2011. En el mismo lugar se presentará este lunes el documento resultante de ese seminario. La voluntad de sus organizadores es que puedan participar los relatores que han contribuido a su redacción, entre ellas Silvia Casale, ex presidenta del Comité contra la Tortura del Consejo de Europa.
Algunas fuentes no descartan que después de este pequeño Aiete dos el colectivo de presos sujetos a la doctrina de la banda, el EPPK, pueda hacer algún pronunciamiento. El jueves, sus portavoces fuera de las cárceles –entre ellos los ex reclusos Arantza Zulueta, Mitxel Sarasketa y Oier González– se reunieron con el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que ha permitido a ETA avanzar en su interés por internacionalizar el conflicto vasco.
El grupo de mediadores estuvo representado por Brian Currin, Alberto Spektorowski, Pierre Hazan y Raymond Kendall. Según los interlocutores del EPPK, «ambas partes destacaron la necesidad de buscar fórmulas para superar el bloqueo que actualmente vive el proceso y la implicación de todos que requiere esta vía». El colectivo encabezado por el abogado sudafricano les mostró además su intención de «reunirse» con los cabecillas de los presos en las cárceles, cosa que dependerá de la decisión del Gobierno.
EL MUNDO 25/05/2013