La Audiencia Nacional ha archivado provisionalmente la causa contra Víctor García Hidalgo por el hallazgo de su número de teléfono en posesión del presunto etarra Jon Iurrebaso, al no hallar indicios de delito, aunque ha incorporado las diligencias al sumario en el que investiga el chivatazo a ETA.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado provisionalmente la pieza separada que seguía contra el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo por el hallazgo de su número de teléfono en posesión del presunto etarra Jon Iurrebaso al no hallar indicios de delito, aunque ha incorporado las diligencias que ha realizado en esta causa al sumario en el que investiga el chivatazo a ETA.
Ruz acuerda el sobreseimiento libre de la causa, lo que implicaría su reapertura en el caso de que aparecieran nuevas pruebas, en un auto en el que considera que el hecho de que el etarra portara el número de teléfono del responsable policial «no tiene trascendencia penal» para atribuirle un delito de colaboración con organización terrorista.
A juicio del juez, durante la instrucción judicial no se han revelado «elementos suficientes que conduzcan a justificar debidamente la perpetración de delito alguno», más allá de las «meras manifestaciones» realizadas por Iurrebaso tras su detención, que no han sido «corroboradas» por el resto de diligencias llevadas a cabo.
En todo caso, incorpora las diligencias practicadas en este procedimiento al sumario principal sobre el chivatazo, al considerar que existe «conexidad» entre ambas causas, de forma que éstas podrían reforzar la imputación contra García Hidalgo. Al ex jefe de la Policía se le atribuyen en ese procedimiento los delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos junto al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros.
Iurrebaso fue arrestado en la localidad francesa de Périgueux el 29 de marzo de 2007, en pleno alto el fuego de ETA, junto al también supuesto miembro de la organización Kepa Mirena Suárez. Al practicarse su detención, el primero llevaba una pequeña ficha de cartulina en la que estaban anotados cuatro número de teléfono y cinco tarjetas de visita de varios funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, de la Misión de este país ante Naciones Unidas, del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores y de un representante del Centro para el Diálogo Humanitario de Ginebra.
Durante su declaración ante la Dirección Central de Policía Judicial francesa, Iurrebaso señaló que los teléfonos debían «solucionar una hipótetica y aventurada detención de algún miembro de la comisión de negociación iniciada entre ETA y el Gobierno español y por ello conducir a la puesta en libertad del negociador arrestado y su acompañante». «Es un acuerdo alcanzado por el Gobierno español y las autoridades francesas, por lo menos eso es lo que nos dijeron», aseguró.
El presunto etarra, que se presentó como «miembro de la delegación de ETA en la mesa de negociación», también aseguró que en el momento de su detención las converaciones con el Ejecutivo estaban «en curso» y que los número de teléfono que llevaba se los dieron «los miembros de la delegación del Gobierno español» en «dos momentos distintos» aunque no hizo «uso» de ellos. «Son dos números del Ministerio del Interior español y del Ministerio del Interior francés. Era una garantía. Si se llamaba, debían dejarme en libertad», indicó.
El juez, sin embargo, resta credibilidad a la declaración del detenido al poner de manifiesto el «dato objetivo» de que, a pesar del salvoconducto que aseguraba poseer el etarra, la policía francesa les detuvo y les puso a disposición judicial y la juez antiterrorista Lauerence Le Vert les envió a prisión.
Además, rechaza la petición de nulidad de las actuaciones solicitada por la defensa de García Hidalgo y apoyada por la Fiscalía en julio de 2007 y reiterada en abril de 2011, al considerar que el juez Juan del Olmo, que comenzó las pesquisas, no vulneró los derechos de los titulares de cuatro números de teléfono cuyas líneas ordenó investigar, unas de las cuales estaba titularizada por el PSOE.
En su último informe, fechado el pasado 11 de abril, la Fiscalía defendía que, aunque García Hidalgo hubiera mantenido contacto con los presuntos etarras, su actuación no merecería reproche penal al haberse producido en el marco de una negociación avalada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005.
EL MUNDO, 26/5/2011