Los críticos con el desempeño de DOGE en sus casi tres meses de andadura echan en falta un plan conocido y el asesoramiento de expertos en gobernanza. Porque lo que Musk despliega es un ejército de fieles, ingenieros y ayudantes, que se han apoderado de más de una docena de departamentos y agencias del Gobierno de EE UU. La necesidad de modernización administrativa parece indiscutible en un país con deuda y déficit descomunales. Pero se cuestionan los criterios sin transparencia, los métodos intimidatorios con el personal, el indiscriminado recurso al despido o, en el mejor de los casos, a las renuncias incentivadas. Miles de empleados se ven arrojados a un mercado laboral muy tensionado por la incertidumbre que provocan las decisiones económicas de Trump. Resoluciones judiciales que habían devuelto a sus puestos a trabajadores afectados se ven enmendadas por el Tribunal Supremo, que acaba de bendecir la expulsión de 16.000 contratados a prueba, los primeros en caer. Organizaciones de derechos civiles subrayan el acceso de Musk y su tropa a datos sensibles del Departamento del Tesoro, el uso del sistema sanitario para localizar y detener a indocumentados, el empleo de la célebre aplicación Signal para favorecer la opacidad o el recurso a la inteligencia artificial en busca de hostilidad hacia el presidente y su política.

La motosierra recorta 4.000 empleos en el Departamento de Transportes en plena escasez de controladores aéreos, prescinde de 22.000 recaudadores en medio de la campaña de la renta y elimina la atención telefónica en la Seguridad Social a 40 millones de ciudadanos. La NASA, como la empresa espacial de Musk, dará prioridad a Marte sin volver antes a la Luna. Tanto recorte debería ayudar a cumplir el «ahorro» prometido de 2 billones de dólares, pero solo serán 150.000 millones en el primer año fiscal.