Apropósito de la fallida visita de Juan Carlos de I a España, después de más de 21 meses expatriado en Abu Dabi, ha quedado acreditada una clara confusión sobre su situación. Este argumentario trata de dar respuesta a algunas incógnitas y perplejidades de los ciudadanos al respecto.

1) El rey Juan Carlos I es un ciudadano más, como otro cualquiera. Falso. Fue jefe del Estado, es uno de los seis miembros de la familia real, está aforado desde su abdicación ante las Salas I y II del Tribunal Supremo. Además, ha gozado desde el inicio de su reinado hasta 2014 de inviolabilidad. La derecha no puede seguir con ese mantra.

2) El rey Juan Carlos y Felipe VI deben renunciar a la inviolabilidad. Falso. El estatuto constitucional del jefe del Estado no es disponible ni por el titular de la Corona ni por el que lo fue. La única renuncia voluntaria es la abdicación que exige una ley específica votada por las Cortes Generales. Acotar la inviolabilidad, que sería conveniente según un criterio social y académico muy extendido, requiere de una reforma agravada de la Constitución en criterio también generalizado, aunque no unánime, de los constitucionalistas y así lo ha acreditado el TS y el TC.

3) El rey Juan Carlos debe dar explicaciones. Posible. La fiscalía, que durante más de dos años le investigó prejudicialmente, pudo llamarle a declarar y no lo hizo. Es decisión suya ofrecer explicaciones, pero no tiene obligación de hacerlo. Sus conductas han quedado reflejadas en los decretos de archivo de la fiscalía que ocupan decenas de folios y son públicos. Es obvio que dijera lo que dijera, a los partidos independentistas y a los ultraizquierdistas no les resultaría jamás ni suficiente, ni creíble. Es lógico: son republicanos.

4) La marcha de España del rey Juan Carlos fue un error. Opinable. La expatriación se debió a la necesidad de que el emérito, por proximidad o cercanía física, no siguiese erosionando la reputación de la Corona. Y así hubiera sucedido, como se ha comprobado en su visita, al realizar declaraciones inconvenientes que solo han servido para empeorar su imagen y la de la Institución. En todo caso, es falso que saliese de España «huyendo» de la justicia: no tenía causa judicial abierta y quedó a disposición de la fiscalía. Por otra parte, no es el primer rey abdicado que se expatría. Así sucedió en 1936 con Eduardo VIII que renunció tras su matrimonio con Wallis Simpson y no regresó al Reino Unido pese a que en su lecho de muerte se lo pidió a su sobrina, la actual Isabel II. Murió en Francia en 1972.

5) Es necesaria una comisión de investigación en el Congreso sobre sus comportamientos. Falso. No es necesaria tal comisión, salvo para los intereses de los partidos que quieren dañar aún más a la Corona. Hubiese sido necesaria de no haber mediado una exhaustiva investigación prejudicial de la fiscalía. Una comisión parlamentaria no podría llegar más lejos de lo que lo ha averiguado la fiscalía. Sería una comisión de acoso a la Monarquía constitucional y parlamentaria.

6) El comunicado de la Casa del Rey de 23 de mayo abre la puerta al regreso de Juan Carlos I a España. Falso. La nota se remite a la carta del padre del Rey fechada el 5 de marzo pasado. Emplea las mismas palabras de la carta del emérito a su hijo el Rey: «Tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España…». La Casa del Rey no ha variado ni un ápice el criterio manifestado por el emérito y, por lo tanto, ni abre ni cierra puertas porque esa es una decisión del interesado, por desafiante que pudiera considerarse si se produjese. Lo lógico es que no se produzca si no es por causas de salud. Ahora está físicamente mejor que en agosto de 2020.

7) Debe retirarse a Juan Carlos I el título de rey. Técnicamente complejo. Es un asunto que se barajó en su momento, pero se llegó a la conclusión de que la condición de rey y el título de majestad le son conferidos por el artículo 57.1 de la Constitución española, que dice: «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica». De habérsele retirado el título y el tratamiento, un grupo parlamentario podría haber recurrido la disposición ante el TS, Sala III, que quizás hubiese elevado una cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional.

8) Felipe VI no hace todo lo que puede en relación con su padre. Falso. El Rey le retiró de la agenda de representación; suprimió su secretaría personal en su Casa; suspendió la asignación presupuestaria que recibía; renunció simbólicamente —también en nombre de la Princesa de Asturias— a los derechos testamentarios sobre fondos ilícitos u opacos, sugirió su desplazamiento fuera de España; la Casa del Rey negoció el «marco de referencia» de sus actividades reflejado en su carta 5 de marzo pasado; no le ha visitado durante su estancia en Abu Dabi; no ha permitido que se aloje en la Zarzuela y se ha distanciado de su progenitor hasta evitar imágenes en su compañía. Ha antepuesto su condición de Rey y jefe del Estado a la de hijo de Juan Carlos I.

9) El Rey debía haber reformado más la Institución. Opinable. Felipe VI ha publicado su patrimonio y el Gobierno, con el acuerdo de su Casa, ha dictado un real decreto que la reforma con medidas para mejorar su transparencia, profesionalización funcionarial, dación de cuentas y auditoria externa de su presupuesto por el Tribunal de Cuentas. Los que echan de menos una Ley Orgánica de la Corona deberían conocer el criterio mayoritario de los constitucionalistas que entienden que ni es necesaria ni es constitucional y, a mayor abundamiento, que carecería de apoyo suficiente con la actual correlación de fuerzas en el Congreso y se impugnaría ante el Constitucional si prosperase. El Gobierno la ha retirado de su programa legislativo.

10) El Gobierno y el entorno de Juan Carlos no ayudan a la Jefatura del Estado. Falso y cierto. Sin el apoyo del PSOE, la monarquía parlamentaria quedaría en situación precaria, pero su ambigüedad le hace daño, por ejemplo, cuando se suprime el delito de injurias y ultrajes a la Corona —otra cosa es moderar la sanción—; o cuando se regatean los refrendos no normativos al Rey para su asistencia a actos institucionales con el Poder Judicial; o cuando se elude la defensa explícita del Rey ante las descalificaciones de sus socios; o cuando no se impone la libertad del titular de la Corona para desplazarse a cualquier lugar de España como a Girona.

Es cierto por completo que el rey Juan Carlos dispone de un entorno en muchos casos tóxico que le traslada a la irrealidad y, en determinados casos, como en el del viaje a Sanxenxo, tanto le aprecia como le utiliza como reclamo mediático para sus intereses. Repetir la visita del pasado fin de semana implicaría serias consecuencias de las que el emérito, quizá, ya tiene noticia.