La apertura por parte de la Fiscalía Europea de una investigación a los gobiernos de Baleares y Canarias por las irregularidades en los contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia deja en una situación insostenible a Francina Armengol y a Ángel Víctor Torres, y redobla la presión sobre Pedro Sánchez para que tome medidas contra ellos.
Es importante destacar que, al menos de momento, no pesa imputación judicial alguna sobre ningún miembro o funcionario de sus gobiernos por el caso Koldo. También, que la situación de Armengol y la de Torres no son equiparables.
Porque aunque a ambos se les puede achacar una negligencia en la contratación de mascarillas fraudulentas, en lo que se refiere a Torres se trata de una responsabilidad política sobre la que sólo concierne a Sánchez decidir.
Pero la responsabilidad atribuible a Armengol va más allá de la política: es de naturaleza institucional. No es su actuación política la que queda manchada, sino su papel simbólico.
La expresidenta balear es la tercera autoridad del Estado. Y en su cargo de presidenta del Congreso representa no sólo al conjunto de los diputados, sino también a todos los ciudadanos españoles.
Que el antiguo equipo de Armengol vaya a ser investigado por las salpicaduras de la presunta trama corrupta de mordidas en licitaciones públicas investigada en el marco de la Operación Delorme supone un evidente desdoro.
No afecta tanto a la representatividad política de la expresidenta balear, pero sí menoscaba la representatividad institucional que se le supone a la máxima autoridad del Congreso. De ahí que sea razonable exigirle que renuncie a la presidencia de la Cámara aunque conserve el acta de diputada, si se resiste a dimitir.
Es lo que ha exigido formalmente el PP mientras Moncloa ha decidido volcarse en la defensa de Armengol, enviando un argumentario a sus cargos para denunciar una «campaña de desprestigio» que la retrata como víctima de una estafa.
Pero lo cierto es que la presidenta del Congreso aún está pendiente de dar explicaciones sobre los hechos de los que se la acusan, si bien no en un tribunal, sí a partir de los hechos desvelados por periódicos como este.
La expresidenta balear fue advertida hasta en tres ocasiones por distintos organismos oficiales de que sobre la empresa a la que su gobierno había comprado mascarillas pesaban sospechas sólidas de corrupción.
Aunque conocía desde junio de 2020 que Soluciones de Gestión SL, relacionada con Koldo García, le había estafado, pagó igualmente los 3,7 millones de euros y mantuvo las mascarillas defectuosas en un almacén. Y sólo el día en que abandonó el Ejecutivo autonómico, el pasado 6 de julio, ordenó reclamar el dinero defraudado.
Por si fuera poco, su Ejecutivo mintió al asegurar que Soluciones de Gestión había atendido su pedido de forma «satisfactoria» y sin ningún tipo de «incidencia».
Y lo que es más grave. Teniendo ya constancia del fraude, el Govern de Armengol remitió el 3 de julio de 2020 el expediente a la Dirección General de los Fondos Europeos para financiar la compra fallida con Fondos Feder, habiendo alterado previamente el pliego.
La identificación de indicios de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de ayudas europeas es lo que ha llevado a la Fiscalía Europea a actuar.
Un movimiento que pone además al Gobierno en una posición aún más comprometida a propósito de la Ley de Amnistía. Ya está acordado que uno de los delitos de los que se va a exonerar a los separatistas es la malversación. Es decir, justamente lo que va a investigar la Fiscalía Europea en Baleares y Canarias.
Sería una incongruencia flagrante que mientras se investiga si se ha defraudado presupuesto de la UE (que no está destinado al beneficio propio), se amnistíe la malversación de dinero propio (que era para beneficio personal de los intereses políticos de los líderes del procés).