ETA quiere demostrar la eficacia de las bombas para alcanzar sus objetivos. Por eso, paradójicamente, no favorecen la desmilitarización los intentos de lubricarlos con mesas de negociación política. El principio «primero la paz y luego la política» debe traducirse, tras Barajas, en el compromiso de posponer la eventual reforma del Estatuto a la disolución de ETA.
La reflexión de Arnaldo Otegi sobre la posible incoherencia del último escrito de ETA, inmediatamente corregida por Pernando Barrena, ha vuelto a suscitar la cuestión de si el primero de ellos podrá llegar a ser el Gerry Adams de Batasuna. Entrevistado el pasado domingo en Gara, Otegi emplazaba a los que le reprochan no actuar como el líder del Sinn Fein a leer las memorias de Adams, y en particular el capítulo sobre su actitud tras el atentado de Canary Wharf que rompía, en febrero de 1996, el alto el fuego decretado por el IRA año y medio antes. Lo que hizo Adams diez días después del bombazo fue, según relata en ese libro (Memorias Políticas. Aguilar, 2005), entrevistarse con siete miembros de la dirección del IRA para pedirles la restauración del alto el fuego. El mismo día, Londres y Dublín habían decidido iniciar las conversaciones políticas entre partidos, pero excluyendo al Sinn Fein.
Otegi compara aquella situación con la de ahora y se queja de las voces que también aquí defienden el aislamiento de Batasuna, frente a lo que propone un modelo de «proceso con contenidos políticos para resolver definitivamente el conflicto yendo a sus raíces». Ir a las raíces significa, según un editorial de Gara del pasado día 4, «resolver el contencioso vasco, un conflicto de origen y naturaleza políticos». Y el conflicto consiste, según el último comunicado de ETA, en que no se ponen las bases para superar el conflicto porque se mantienen los límites (Constitución y legalidad) que lo han generado y garantizan «la opresión política, militar y económica de Euskal Herria». Esa logomaquia circular parece dar la razón a aquel experto invitado por Elkarri y que tras una gira por Euskadi en la que no encontró rasgo alguno de tales opresiones concluyó que el vasco es «el conflicto más difícil de resolver que he visto, porque no hay conflicto».
Lo que hay son 834 muertos y la obsesión de ETA por que se reconozca que no tuvo más remedio que matarlos para que los españoles cedieran. Es posible que ETA no aspire ya a encontrar argumentos para justificar su continuidad, sino sólo para vindicar su pasado. Y para ello necesita que ocurra algo que no habría ocurrido sin la existencia de su lucha armada. Por ejemplo, que se reconozca la autodeterminación y la integración de Navarra. Otegi dice en Gara que el bloqueo en las conversaciones políticas (preparatorias de la mesa de partidos) se debió a que «la izquierda abertzale considera que una reforma estatutaria no soluciona el conflicto». Es decir, que fueron ellos quienes paralizaron los contactos al no conseguir que los demás asumieran su programa.
En esas condiciones parece difícil imaginar una retirada de ETA que sea consecuencia de un acuerdo multilateral sobre el marco político. No sólo porque, tras Barajas, hasta los independentistas de Aralar sostienen que únicamente puede haber diálogo tras la disolución comprobada de la banda; sino porque el PNV se ha comprometido a no avalar una reforma de ese marco que no cuente con un apoyo equivalente al menos al que tuvo el Estatuto de Gernika; lo que de ninguna manera lograría una propuesta como la de Otegi. Dice también el aspirante a Gerry Adams que comprende que los socialistas clausuren ahora los puentes abiertos, pero que espera que se reabran pronto para «lanzar un proceso con contenidos políticos y que se desarrolle sin ningún tipo de violencia». El problema es que ya ha habido dos muertos y una enorme destrucción y reabrir el diálogo en estas condiciones sería aceptar una insoportable dialéctica entre negociadores políticos y comandos terroristas dinamizando el debate.
ETA no ha aprendido a desvincular sus objetivos de la violencia porque lo que quiere es demostrar la eficacia de las bombas para alcanzarlos. Por eso, paradójicamente, no favorecen la viabilidad del proceso de desmilitarización los intentos de lubricarlos con mesas de negociación política, ya participe en ellas ETA o su brazo político. La aplicación del principio «primero la paz y luego la política» debería traducirse, tras Barajas, en el compromiso de aplazar la eventual reforma del Estatuto a después de la disolución de ETA. Y la oferta de vuelta a casa de 700 presos y quizás 300 clandestinos como efecto derivado de la disolución puede tener más eco real en su mundo que los galimatías sobre conflictos autodeterminantes de los comunicados.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 18/1/2007