Ocurrió con Felipe González. Y luego con Rodríguez Zapatero. Como entonces, la vida política española vuelve a destilar aromas claros a final de ciclo. Sí, el de Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición. No quiero decir que estemos en puertas de ese inminente final de legislatura que ansía el PP. Bien al contrario. Sigo persuadido de que, a pesar de todos los pesares, ni Sánchez, ni su desleal socio de coalición, ni la mayoría de sus aliados de investidura quieren unas elecciones anticipadas ya.

El presidente se va a encastillar en La Moncloa le lluevan disidencias internas, críticas y problemas. Por más que las encuestas dibujen ya a un PP con opciones de poder en alianza con los ultras de Vox. ¿Hasta cuándo? Hasta que presida la UE el segundo semestre del próximo año. A ver si con ese caramelo y con éxitos económicos logra revertir los sondeos. Dicho lo anterior sólo cabe lamentar el drama político que vivimos desde hace dos semanas y el tremendo daño que está sufriendo, de nuevo, la imagen exterior de España. ¿Culpable? La desgraciada gestión del Gobierno Sánchez de la crisis de las escuchas telefónicas.

Es evidente que el presidente no es el responsable de que un laboratorio canadiense destape que se ha espiado el teléfono a más de 60 líderes independentistas catalanes. Pero sí lo es de que tan pronto apareció la noticia y el independentismo se lanzó de nuevo a debilitar al Estado español, enviase al ministro Bolaños a Barcelona a ofrecer compensaciones a ERC. Al menos dos: cabezas políticas y algo inconcebible en cualquier democracia de Europa como es la entrada en la comisión de Secretos Oficiales del Estado de representantes de los tres partidos ‘indepes’ catalanes que intentaron hace nada la secesión unilateral de su comunidad y de EH Bildu.

Como resultó en vano, Sánchez no tuvo mejor ocurrencia que hacer comparecer a Bolaños para reconocer lo que ningún país con dos dedos de frente admite: que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa fueron espiados hace un año. La lógica indica que por parte de Marruecos. La directora del CNI reconoció ayer que se espió con el plácet judicial al president Aragonès y a otros 17 líderes ‘indepes’. ¿Hay que explicar que es lo que haría cualquier servicio secreto con quien ha intentado cargarse ilegalmente la unidad del Estado? Si ha habido más teléfonos pinchados de forma ilegal los afectados tienen derecho a exigir a la Justicia que lo intente aclarar, aunque parece improbable que lo logre.

La tormenta suma y sigue. Si ruedan cabezas debiera ser por su incapacidad para preservar en condiciones las comunicaciones del presidente y de los restantes miembros del Ejecutivo, incluidos ellos. No por dar satisfacción a nadie. El Gobierno PSOE-UP queda en situación de extrema precariedad. Con desavenencias en el sector socialista, entre el PSOE y los afines a Pablo Iglesias, y entre el Ejecutivo y sus socios de investidura, en particular una ERC poco de fiar y cuyo primer objetivo nunca ha sido apoyar políticas progresistas, sino desgastar a España.

Con semejante panorama no haría mal el PSOE en empezar a hurgar en su armario para buscar relevo a un Sánchez absolutamente quemado. Y sin remedio.