Mientras no le interese al PNV.
Ni arrepentidos, ni reinsertados, ni viviendo felices en sus pueblos o barrios aceptando la legalidad actual. Al nacionalismo moderado no le ha gustado que los etarras se reinserten, mucho menos que se arrepientan, y mucho menos que se atrevan a entrar en la arena política enfrentándose a sus dogmas.
El nacionalismo moderado admira demasiado al activista etarra, cuando se reinserta le acaba llamando traidor. Finalmente, el reinsertado acaba abandonando el nacionalismo porque no permiten su presencia. De héroe a traidor, héroe cuando mataba o purgaba en la cárcel y traidor cuando acepta la legalidad y la vida normal. En ese momento le recordarán sus fechorías.
Si el nacionalismo en Euskadi no fuera rupturista, etnicista, de encubierta, o no tan encubierta, vocación totalitaria, si no existiera el Plan Ibarretxe -y antes el Pacto de Lizarra-, si los acólitos de la violencia no gozaran de tanta comprensión por el llamado nacionalismo democrático, la reinserción de los presos, incluso la desaparición de ETA, hubiera sido posible convirtiendo en innecesario este proyecto de ley para el endurecimiento de las condenas.
Pero nunca ha sido más necesaria ETA, a pesar que no paran de detenerle comandos, y por eso apenas hay preso que se reinserte, desde que el PNV empezó a barajar la salida «soberanista», a pesar de su contradictorio, vacío y reciente llamamiento a que de-saparezca.
Las declaraciones del consejero de Interior anunciando la existencia de trescientos fugitivos de la Kale Borroka a la espera de su encuadre en ETA, además de alarmistas, vuelven a incidir en la idea, tan cara para el PNV, de que policialmente es imposible su liquidación. Lo es, y es muy difícil su liquidación, cuando se viene con declaraciones de este tipo y se rechazan sistemáticamente todos los instrumentos legales para combatirla. Es muy difícil, porque está en plena marcha un plan rupturista y desestabilizador como el de Ibarretxe. Un cerco político, ideológico y moral desde el nacionalismo moderado a ETA por el que, a poca coherencia política y moral que tenga un simpatizante o militante de esta organización, le impide arrojar la toalla.
De no desear que los que sigan sufriendo en Euskadi sean los ciudadanos normales, se presentaba como necesario el endurecimiento de las condenas como colofón de las medias que le han precedido.
El problema, salvo para los familiares de las víctimas, no era especialmente que los presos saliesen pronto de la cárcel. El problema reside en que el ambiente dominante, minoritario, pero hegemónico en las calles y los bares, les permitía volver como héroes, justificados en sus delitos, con todas las condiciones para incitarles a volver a cometerlos, lo que crea una enorme sensación de indefensión y desamparo entre muchos ciudadanos normales.
Desamparo y coerción que evapora las reglas básicas de la convivencia política que deben ser garantizadas por el Estado de derecho. Situación que ha ido desapareciendo a medida que el Estado ha puesto sus poderes al servicio de la necesaria convivencia democrática y que tan mal ha sentado a todo el nacionalismo vasco.
Dijeran lo que dijeran los nacionalistas sobre las terribles consecuencias de las recientes medidas represoras del delito, lo cierto es que han tenido resultados balsámicos para toda la sociedad. Que mucha prepotencia nazi ha desaparecido y que muchos colectivos democráticos bullen con descaro saliendo de las alcantarillas.
Por eso, el endurecimiento de las condenas era bastante previsible, facultable en el Pacto Antiterrorista en su punto cinco y garantizado el respeto a la reinserción en su punto seis. O las fuerzas democráticas y el Estado actuaban o se ponía a éste en entredicho.
Para el nacionalismo el Estado es intrínsecamente perverso y malo. Es la fobia absolutista al Estado liberal, con algunos perjuicios añadidos contra éste procedentes de la izquierda. Es tan así que el propio Plan Ibarretxe no quiere promover un Estado, sino un estatus basado en el diálogo -para qué quiere un Estado si la institución referente es el partido-.
El nacionalismo no puede favorecer la reinserción de los presos porque sería legitimar al Estado. Alientan, por el contrario, campañas tan poco hábiles como su acercamiento, dejan ayuntamientos o plazas para homenajes, y subvencionan ayudas a las cárceles para mantenerles la moral.
Nadie en su sano juicio democrático puede pensar que el endurecimiento de las condenas vaya a anular el mandato constitucional de la reinserción.
El que nunca la ha deseado, sobre todo desde su rechazo frontal de la Constitución, ha sido el nacionalismo, que, por cierto, es esa Constitución rechazada la que lo ampara.
Pero, ¿quién se va reinsertar en el año decido por el lehendakari para realizar la consulta de la autodeterminación?. Nadie va desertar en el último capítulo previo a la soberanía, sino todo lo contrario, están obligados a echar el resto. Otra cosa es que puedan.
Eduardo Uriarte en EL PAIS del País Vasco, 9/1/2003