En el flamante pacto del Reina Sofía hay algunas cláusulas de improbable o dudosa realización y al menos otra de seguro cumplimiento: si Sánchez y Díaz logran formar Gobierno, Puigdemont mediante, nos van a volver a subir los impuestos. Esas promesas clientelares cuestan mucho dinero y es fácil deducir quiénes las van a pagar con su renta y su esfuerzo. Aún faltan por conocer las exigencias del resto de los aliados para redondear la factura final del acuerdo. El precio de la investidura, amnistía aparte, será alto y saldrá de otro apretón tributario al bolsillo de unos contribuyentes ya extenuados. Cuando se apruebe la ley del olvido penal de la insurrección está prevista una gran derrama de gasto para tapar el escándalo; las inversiones sociales son en el lenguaje de la izquierda el nombre edulcorado del despilfarro. La presentación en un museo debe de ser un indicio de que el expolio fiscal en ciernes va a acabar con el cuadro.

Si no flotase en el ambiente, pese al ocultismo oficial, la cuestión que envenena la vida pública, el programa recién concertado tendría un aspecto relativamente positivo: al fin se habla de asuntos normales en el debate político. La economía, la sanidad, el empleo, el salario mínimo, los alquileres, la inmigración, el transporte, los subsidios. Cosas que se pueden y se deben discutir y que en todo caso forman parte del derecho de cualquier partido a desarrollar desde el poder un proyecto legítimo. Sucede que nada de eso será posible sin ceder al chantaje que plantean los separatistas catalanes, la materia crucial sobre la que el documento guarda un silencio tan clamoroso como culpable porque todo el mundo sabe que la ominosa transacción a cencerros tapados sigue adelante. En ausencia de esa condición de partida, que en la práctica supone el desguace del ordenamiento constitucional, ninguna medida de ese catálogo es viable. Y disimularla como si fuera un trámite marginal, un detalle que no interesa a nadie, revela una mala conciencia vergonzante.

El texto ni siquiera menciona a Cataluña, una elipsis completa que lo despoja de credibilidad y demuestra una deliberada, inaceptable falta de transparencia. Mal empieza –o mal continúa– una alianza que pretende gobernar España encapsulando su principal y más complejo problema. Peor aún: escondiéndolo de la mirada de los ciudadanos mientras ofende su inteligencia con una negociación que trata de parecer secreta pese a ser de general conocimiento para la sociedad entera. Si esta burda ceremonia de encubrimiento ha sido puesta en escena en un prestigioso centro de arte contemporáneo con ridícula solemnidad de acontecimiento extraordinario, el advenimiento de la amnistía merecerá un acto, llegado el caso, en la galería central del Prado. Y dado su carácter de humillante capitulación del Estado, delante de ‘Las lanzas’ velazqueñas sería un inmejorable marco.