EL MUNDO 06/03/13
El Parlamento catalán impulsa el texto, que podría estar aprobado antes del verano para preguntar a los catalanes en otoño
CiU, ERC, PSC e ICV pisaron ayer el acelerador en su camino hacia la consulta independentista en Cataluña. Una ponencia conjunta parlamentaria recuperó el texto de la Ley de Consultas Populares no Referendarias cuya tramitación se inició en la anterior legislatura.
Los partidos catalanes se ahorran así empezar de cero con esta iniciativa y acortan el horizonte de su ansiado plebiscito. Si todo va según lo previsto, la ley se aprobará antes del verano y Artur Mas podría convocar la consulta para este mismo otoño.
La mayor parte del trabajo ya está hecho. La Generalitat redactó la ley el año pasado y la envió al Parlamento catalán. Allí, se creó una comisión que escuchó a expertos. Los grupos presentaron sus enmiendas e incluso se celebró el debate de totalidad. Las enmiendas podrían debatirse en un pleno en abril y la ley quedaría definitivamente aprobada en julio a más tardar, según fuentes parlamentarias.
Esta ley trata de burlar el control del Estado sobre la convocatoria de referendos. Cuando se redactó el nuevo Estatuto, el artículo 122 otorgó a la Generalitat «la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular».
Este precepto ampara la existencia de una ley catalana de consultas. Pero ese mismo artículo añade «con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución». Dicho artículo establece que el Estado tiene la última palabra si la Generalitat decide celebrar un referéndum, pues la autorización del Consejo de Ministros es requisito sine qua non.
La solución que encontró el Gobierno catalán para esquivar esa autorización es que su plebiscito no sea un referéndum, sino una consulta a secas. Por eso, la ley que ahora está en tramitación se llama Ley de Consultas Populares no Referendarias y con ella, la Generalitat pretende no necesitar el permiso previo del Gobierno para llamar a los catalanes a las urnas y preguntarles si quieren o no que Cataluña sea independiente.
El proyecto regula «las consultas populares diferentes de los referendos». Su objetivo será «cualquier tipo de llamada hecha por un poder público a la población para que manifieste su opinión sobre una determinada actuación o política pública mediante un voto libre, directo y secreto».
Una vez la ley esté en vigor, Mas puede convocar la consulta. Pero el Ejecutivo autonómico puede recurrir también a la modalidad de iniciativa popular, que requiere la recogida de 50.000 firmas, para darle a la convocatoria una aire más democrático, al buscar la complicidad ciudadana. El texto con el que trabaja la Cámara autonómica establece que tendrán derecho a sufragio los mayores de 18 años con residencia en Cataluña y los ciudadanos de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza que estén empadronados en esta comunidad.
La portavoz adjunta de Ciutadans, Carina Mejías, lamentó ayer «la prisa» del Gobierno de Mas y de Esquerra «por aprobar un texto que tiene como objetivo celebrar una consulta fuera de los márgenes legales».
En la misma línea, el portavoz del PP catalán, Enric Millo, tildó de «tomadura de pelo» el encuentro. «Esto no es una ponencia conjunta, aquí lo que hemos visto es que algunos grupos ya han pactado un texto y lo quieren llevar ante el pleno», denunció. La vía de la ponencia conjunta ha acelerado el proceso. «La gente espera que no perdamos el tiempo y que aprovechemos el trabajo ya hecho para disponer de la ley lo antes posible», razonó la parlamentaria de ERC Gemma Calvet.