EL CONFIDENCIAL 13/01/14
· Será sólo ‘vinculante emocionalmente’
Si hablar de referéndum independentista da alas a los detractores de la secesión de Cataluña, se deja de hablar de ello y se crean nuevos campos semánticos. Esa es la idea de los partidarios de la ruptura, de los que promueven que Cataluña sea un Estado independiente pero que no quieren decirlo con toda su crudeza, empezando por el Gobierno catalán. De lo que se trata es de que las palabras no hieran, no provoquen rechazo social. Y es que año nuevo, estrategia nueva.
El 2014 será un ejercicio crucial para Cataluña, porque está encima de la mesa el desafío lanzado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para celebrar un referéndum el próximo 9 de noviembre, en el año en que se cumplen 300 desde la caída de Barcelona bajo las tropas de Felipe V. Los partidarios de la consulta comienzan ya en enero una intensa campaña de sensibilización sobre esta cuestión, mientras el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Barcelona, ambos en manos de Convergència i Unió (CiU), tienen programados docenas de actos conmemorativos. La campaña internacional de Artur Mas es, en este sentido, la última gran opción de los partidarios de la ruptura para presionar al Gobierno de Mariano Rajoy para que deje que se celebre el referéndum.
Desde los sectores contrarios a la secesión, se insiste en que la consulta que quiere convocar Mas es anticonstitucional, ya que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía conceden al Gobierno central la potestad de convocar un referéndum. Pero el propio presidente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, reconocía en su carta semanal a la militancia de este viernes que “la consulta será legal o no será”, recordando las palabras de Artur Mas en el sentido de que sólo la convocará dentro de un marco legal.
Duran, no obstante, cargaba contra el PP, que defiende su anticonstitucionalidad. “No estoy de acuerdo. La consulta podría ser legal si el PP quisiera porque no plantea un resultado vinculante, sino consultivo. Por tanto, si políticamente se quisiera la consulta, tiene encaje legal en la Constitución”. Apuntaba, en este sentido, que el Gobierno central sólo debería delegar “puntualmente” su competencia en la materia al Gobierno de Cataluña. “Y reitero –subrayaba Duran– que, como el resultado es consultivo y no vinculante, no pretende imponer unilateralmente nada al conjunto de la ciudadanía española. Por eso, también es válida aquella otra expresión –en su momento, como tantas otras, criticada y hoy asumida– de que no habrá independencia sin acuerdo con España y sin tener en cuenta a la UE. De ahí que sea muy importante no identificar consulta con independencia”.
Del mismo parecer que el líder democristiano son los restantes partidarios de la consulta. Pero con muchos matices. “Lo que queremos es saber exactamente qué quiere el pueblo de Cataluña. Es un ejercicio de escrupulosa democracia”, señala a El Confidencial una fuente de la cúpula de Convergència Democràtica (CDC).
CDC contradice a Duran
Pero los socios de Duran contradicen al líder democristiano en la lectura que hacen del referéndum: “En caso de que gane el sí, el Gobierno de Cataluña debería abrir negociaciones con el Gobierno español para acordar un mecanismo para la independencia. Esa es una responsabilidad de los políticos catalanes. Porque puede que jurídicamente no sea vinculante, pero sí lo es política y emocionalmente. Si consultamos a nuestro pueblo y nuestro pueblo nos dice que quiere salir de España, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por tanto, si hay una mayoría clara a favor del sí (y nosotros lo pedimos en las dos opciones de la pregunta), deberemos ponernos a trabajar inmediatamente para cumplir con ese mandato”, dice a este diario una fuente de la cúpula convergente.
En otras palabras: su objetivo es conseguir la consulta. Luego, ya se decidirá, en vista del resultado. Esta es, precisamente, la postura que denuncian los detractores del referéndum, que advierten de que todo es una trampa. “Si gana el no, al día siguiente estarán trabajando para intentar que se haga otro referéndum. Si gana el sí, tienen la excusa perfecta para mostrarse como víctimas y para justificar cualquier vulneración de la legislación española. Sea como sea, instrumentalizarán los resultados”, dice a este diario un diputado contrario a la secesión.
Los nacionalistas, no obstante, tratan de restar alarma a esta situación: “Aunque se celebre la consulta, Cataluña no será independiente al día siguiente. No seamos ingenuos. En primer lugar, porque no sabemos qué puede pasar en el referéndum. Puede haber sorpresas y que los ciudadanos decidan que prefieren seguir como hasta ahora o seguir dentro de España, aunque con otro estatus”.
La postura del Gobierno
En el Gobierno catalán también se encuentran en la tesitura de adoptar la nueva estrategia apuntada por Duran, detallando que una cosa es la consulta y otra, muy diferente, la independencia.
En realidad, esta dicotomía fue enarbolada por primera vez el pasado miércoles por el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Francesc Homs, durante una visita que realizó a Tenerife, donde lamentó que PP y PSOE confunden consulta con independencia. Hasta ahí, sus apreciaciones incluso pueden parangonarse con las tesis del líder democristiano.
Pero en la conferencia pronunciada en la isla canaria, Homs expuso la situación cruda: “Cataluña quiere decidir su futuro político a través de una consulta. Para mal o para bien, después de 30 años se ha cerrado una etapa. (…) Es importante destacar que celebrar la consulta no supone una ruptura. Y no lo es porque la ruptura ya se ha producido desde hace cierto tiempo. Quien niegue esto, está negando la propia realidad. (…) Así pues, la consulta es la manera de gestionar de forma democrática, racional y civilizada una ruptura existente. La forma de gestionar dos posiciones diferentes: aquellos que prefieren iniciar su propio camino y aquellos que quieren seguir siendo parte del Estado español”.
Esta postura, pues, se opone a las tesis de Duran, que trata de restar dramatismo e importancia a la consulta rebajándola a un mero ejercicio de merchandising. Para el Gobierno, igual que para sus socios de Convergència o para los partidos que le dan apoyo, el referéndum no es una meta: es sólo el inicio de la última etapa de la transición nacional de Cataluña.