Editorial ABC 12/04/13
· La negativa a acatar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es un episodio más de desobediencia del Gobierno nacionalista a las resoluciones judiciales que le obligan a que el castellano sea también «lengua vehicular».
El Gobierno de Artur Mas ha anunciado, sin medias tintas ni eufemismos, que no piensa cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el que se ordena la impartición de clases en castellano al grupo al que pertenezca el alumno que lo solicite. La medida no debería plantear mayor polémica, porque el castellano es el idioma oficial del Estado. También en Cataluña. El bilingüismo debe estar garantizado por todos los poderes públicos, pero, especialmente, por la Administración autonómica, que está obligada a cumplir en sus propios términos las decisiones de los tribunales. La negativa a acatar el auto del Tribunal Superior de Justicia es uno más de los episodios de desobediencia del Gobierno nacionalista a las resoluciones judiciales que le obligan a organizar su sistema educativo de manera que el castellano sea también «lengua vehicular». Por eso resulta una burla que la Generalitat anuncie que va a recurrir el auto ante el Tribunal Supremo, cuando también las reiteradas sentencias de este último son incumplidas sistemáticamente.
A estas alturas, los nacionalistas deberían preguntarse qué está fallando en su modelo monolingüista para que, después de décadas de vigencia, no haya conseguido el objetivo político de la inmersión lingüística de toda la sociedad catalana. Ya no se puede hablar de desequilibrios históricos entre lenguas. Ha pasado mucho tiempo y el castellano sigue siendo la lengua habitual de la mitad de los catalanes. El problema de los nacionalistas está en la visión totalitaria de su ideología, en creer que es el «pueblo», y no los individuos, el que tiene derechos, y que el catalán no es un instrumento de comunicación que se usa libremente, sino una excusa para imponer una identidad nacionalista.
Pero si el nacionalismo catalán ha llegado a este nivel de desfachatez y de jactancia de su insumisión es porque se ha hecho dejación de las responsabilidades legales que se podría haber exigido a cada cargo público –por muchos que sean– que ha promovido, defendido o ejecutado la desobediencia a las resoluciones judiciales firmes. ¿Acaso esta insumisión pública y notoria no merece siquiera una investigación preliminar del Ministerio Fiscal? Además de constituir una quiebra del Estado de Derecho, esta impunidad es incomprensible para esos ciudadanos a los que sí se les exige el estricto cumplimiento de las leyes, de las que no pueden eximirse alegando agravios históricos ni aspiraciones nacionalistas. La impunidad es siempre un mal ejemplo, pero la impunidad de los políticos es un ejemplo demoledor para la legitimación del sistema y el respeto exigible a las leyes. El nacionalismo catalán sigue abusando de la paciencia del resto de los españoles y aprovechándose de la impunidad que se le regala desde las instituciones del Estado.
Editorial ABC 12/04/13