EDITORIAL EL MUNDO 18/02/14
Las Patronales CEOE y Foment del Treball rechazaron ayer implicarse en el proceso soberanista catalán, tal como les pidió la semana pasada Artur Mas. Con una educación y comedimiento muy loables, Juan Rosell y Joaquim Gay de Montellà dieron ayer un portazo al presidente del Govern. No es irrelevante que los máximos representantes de las principales organizaciones empresariales española y catalana hayan dicho no a la aventura independentista de Artur Mas en un acto conjunto.
Este pronunciamiento debería servir, si no para que el presidente de la Generalitat recuperara definitivamente la cordura y desistiera de su apuesta secesionista, sí al menos para desactivar la presión que el soberanismo ejerce sobre los empresarios contrarios a la independencia. La gran mayoría del empresariado catalán teme la peligrosa deriva a la que les están conduciendo sus dirigentes. Y han dicho basta. Al parecer, en este cambio de actitud ha sido decisiva la actuación del presidente de La Caixa, Isidro Fainé. No en vano, la entidad financiera, con más del 60% de su negocio fuera de Cataluña, representa a la perfección el grado de imbricación de las economías catalana y española. Y romper eso sería suicida para ambas partes.
La respuesta de la CEOE y Foment del Treball se produce después de que el presidente de la Generalitat, molesto porque cerca de 60 directivos de compañías extranjeras residentes en Cataluña –la mayoría alemanas– alertaran de las «nefastas consecuencias» que la independencia tendría para la economía y la llegada de inversión exterior, se dirigiera a los empresarios locales para conminarles a «no pasar de la política».
Pues bien, Rosell y Gay de Montellà recordaron a Mas que la obligación de los empresarios «es generar riqueza y crear empleo» y que su aportación al debate debe circunscribirse a reclamar «diálogo y negociación a la clase política» en pos de un «escenario de estabilidad». Lo cierto es que al recordar a Mas sus respectivas obligaciones, los empresarios, lejos de pasar de la política, fijan posición contra la ruptura y por la convivencia. De hecho, el propio Juan Rosell ya avisó la semana pasada de que la independencia supondría, además de un desastre económico, «un importante destrozo de las relaciones humanas».
Estos mismos empresarios que ahora se oponen al proyecto soberanista de Artur Mas suscribieron en 2009 la campaña proEstatut impulsada entonces por su predecesor en el Govern, José Montilla. Esto revela hasta qué punto el actual presidente de la Generalitat actúa de espaldas no sólo a lo que advierten reiteradamente los dirigentes de la UE, sino a quienes de un modo más directo conocen las necesidades económicas de Cataluña. Los empresarios catalanes sí quieren una agencia tributaria propia y un pacto fiscal, según reiteraron ayer, pero no quieren ni oír hablar de independencia.
El presidente catalán debe dejar de conducirse como un autista ajeno a las advertencias que, desde Europa, España y su propia comunidad, le lanzan sobre las dificultades que afrontaría una Cataluña independiente. Ojalá los empresarios catalanes logren que el presidente catalán abandone su sordera y los escuche.
EDITORIAL EL MUNDO 18/02/14