EL MUNDO 10/05/2013
· Su portavoz dice que pedirá «amparo» a Bruselas por la suspensión de la Declaración.
· Presenta la decisión del TC como una prueba de que «la democracia se tambalea»
· La presidenta del Parlament sostiene que la resolución suspendida sigue «vigente»
El Gobierno de Artur Mas dio vida ayer al concepto orweliano de la reconstrucción del lenguaje como instrumento del totalitarismo. El autor de Homenaje a Cataluña y 1984 se habría inspirado ayer en las palabras del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, para hacer una nueva novela sobre la sumisión de la ley, la historia, el pensamiento y la lógica al dictado del Gran Hermano nacionalista.
Y es que, como si se pronunciara desde aquel literario Ministerio de la Verdad que manipulaba el pasado para armar la versión oficial alumbrado hace 61 años por la pluma del escritor británico y ex combatiente anarquista del POUM en la Guerra Civil, Homs denunció ayer a Europa el riesgo de que en España se cumpla la Constitución. Sin ironías ni pudor, afirmó que la suspensión de la Declaración de Soberanía decretada por el Constitucional significa que en España «la democracia se tambalea».
Homsdefendió la Declaración como una mera «expresión democrática de la mayoría», y un simple «ejercicio de la libertad de expresión» que el Constitucional se propone «limitar».
«Ya me dirán, en el contexto europeo, en cuántos países un tribunal suspende una declaración puramente política, no una ley por conflicto de competencias», añadió el portavoz de la Generalitat. Durante la inauguración de una exposición en Barcelona para conmemorar el Día de Europa, Homs afirmó que el Govern confía en el «amparo y garantía democrática» de las instituciones europeas, aunque no concretó cómo piensa vehicular su súplica.
El portavoz de Artur Mas recalcó que «Europa y sus valores inspiradores no sólo serán una garantía, sino que iluminarán el camino que Cataluña ha decidido emprender, para que podamos llegar todos a buen puerto, al servicio de hacer efectivos de manera real y contrastable todos los derechos que compartimos». Pero, pese a la paradoja política, el orwelliano ministro de la verdad no estuvo solo. Desde su propio partido de Gobierno, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, se descolgó con una sentencia semejante al «dos más dos, cinco» que el inolvidable protagonista de 1984, Winston Smith, acabó por asumir tras un concienzudo lavado de cerebro. «La Declaración», dijo, «sigue vigente».
Lo de menos es que el Alto Tribunal la haya suspendido; o que lo haya hecho, precisamente, porque existen indicios de que pudiera ser inconstitucional y por eso ha admitido estudiarla. Para la máxima representante de la Cámara Autonómica, la declaración ahora sometida a revisión sigue siendo una «resolución política sin efectos jurídicos ni normativos» que «no contraviene la Constitución».
Además, y pese a que ayer se supo que el Gobierno de Rajoy se propone impugnar todos y cada uno de esos «efectos» no reconocidos, Gispert anunció a continuación que la comisión de estudio por el derecho a decidir, aprobada anteayer en el Parlament, se constituirá «con toda probabilidad» la próxima semana. «Una cosa es la Declaración y otra, la comisión», argumentó.
Así se pronunció tras la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa de la Cámara, en representación de la «mayoría» de los grupos. En dicho encuentro, se decidió solicitar a los servicios jurídicos que «defiendan» los intereses del Parlament con unas alegaciones contra la suspensión, que abunden en las que ya emitieron en su día sobre la «legalidad» de la Declaración. Se presentarán en el plazo máximo de 20 días.
Pero el nacionalismo orwelliano contó con todo un coro de personajes secundarios. El más expresivo, el diputado de ERC en el Congreso de los diputados Joan Tardà, quien aprovechó la tribuna del Hemiciclo para proclamar que «el pueblo [catalán] no tiene miedo a 12 magistrados, la democracia no tiene miedo a 12 magistrados». Además, acusó al Tribunal Constitucional de haber escoto, con la suspensión cautelar de la Declaración, «una de sus páginas más negras».
Y también el Comité Ejecutivo de la Asamblea Nacional Catalana, organizadora de la manifestación de la Diada, puso su granito de arena al afirmar, en un comunicado, que la decisión del Alto Tribunal es «previsible e irrelevante», y que sólo es «un paso más en la criminalización del proceso de independencia».
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, también formó parte ayer de la trama política orwelliana. Habitualmente identificable en el papel de Emmanuel Goldstein, el líder de aquella Hermandad de 1984, una pretendida Resistencia, que finalmente resulta una parte más del régimen, Duran salió ayer por la calle de en medio: «Se ha dicho mil y una veces que cuando se haga una consulta, ésta será legal». «No es que se quiera cumplir o dejar de cumplir lo que dice el TC, es que es simplemente una declaración política y quienes la hicieron siguen pensando lo mismo».
Desde la platea política, PSC, PP y Ciutadans coincidieron en exigir al Parlament que acate la suspensión decretada por el Alto Tribunal.
EL MUNDO 10/05/2013