EL CONFIDENCIAL 24/03/14
Dinero llama a dinero. Si uno pide y ya tiene, puede que el dinero afluya con más intensidad. Es lo que le pasa a la Plataforma per la Llengua, una asociación que quiere enviar a los 200 máximos líderes mundiales un informe para denunciar la opresión de España sobre Cataluña. Se remitirá en las próximas semanas y los costes, se supone, son nulos, puesto que el correo electrónico es el medio de comunicación serio y fiable de hoy en día, además de gratuito.
Esta plataforma es, en definitiva, el brazo civil armado del presidente catalán, Artur Mas, que realiza labores de ariete en la comunidad internacional. No es oficial, no pertenece al Gobierno, pero se financia con fondos públicos. A veces, estos fondos se canalizan a través de la propia Plataforma per la Llengua. Otras veces, se desdibujan y van a parar al Collectiu l’Esbarzer. Todo es lo mismo. Plataforma y Colectivo es lo mismo. Lo dicen los papeles oficiales.
Su última acción es enviar el informe sobre los agravios del catalán a las 200 personas más influyentes del planeta. Se trata de un informe de 52 páginas con 50 apartados que quieren subrayar la colonización de Cataluña por España. Proponen medidas y denuncian a empresas malas y empresas buenas, dependiendo de si etiquetan en catalán sus productos o no.
Pero eso es sólo el preludio de lo que no deja de ser una ofensiva institucional sobre varios frentes. Además, claro, de un negocio redondo con el que alguien se está llenando los bolsillos. De euros, evidentemente.
Un máximo galardón póstumo
Resulta que la supuesta ONG que denuncia estas “acciones” ha recibido millones de euros en subvenciones oficiales durante los últimos años. Literalmente. No es un eufemismo, sino la cruda realidad, pese a quien le pese. Son subvenciones para proyectos concretos que, a la postre, pecan de un oscurantismo total. ¿Cuánta gente trabaja en estos proyectos? ¿A cuántos trabajadores dan ustedes ocupación? “De estas cosas no hablamos. Si usted quiere, hablamos de la realidad del idioma catalán”, fue la respuesta a El Confidencial de una persona que trabaja en este entramado.
El máximo líder de la Plataforma per la Llengua, Martí Gasull, murió en septiembre de 2012, cuando practicaba alpinismo en el Himalaya. El 9 de octubre de ese año, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, le otorgó, a título póstumo, la Creu de Sant Jordi, el máximo galardón del Gobierno catalán.
Apenas dos semanas después, el 25 de octubre de ese año, la Generalitat firmaba un convenio con su organización que no había tenido parangón hasta entonces: se comprometía a pagarle 1.860.000 euros mediante un “convenio de colaboración para la financiación de actividades relacionadas con el uso social de la lengua para los años 2013-2015”.
Este convenio, que obra en poder de El Confidencial, sería financiado por las consejerías de Cultura, Presidencia, Enseñanza, Gobernación, Bienestar Social, Empresa y Justicia. Y, según los documentos oficiales, se destinará a “actividades de fomento de la normalización lingüística para la cohesión social en el período 2013-2015”. Además, los documentos subrayan que esta ayuda es una “subvención excluida de concurrencia pública” y cuenta con la anuencia de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultura, una entidad de la Consejería de Cultura.
Paralelamente, el mismo día firmó otro convenio para “la financiación de actividades relacionadas con la extensión del uso social de la lengua para el año 2012”. El monto de este convenio era de 504.550 euros, todo un pellizco a las arcas públicas en un momento en que los recortes en sanidad, educación y servicios públicos alcanzaban su clímax. La Generalitat, a día de hoy, no ha pagado todavía los atrasos a familias acogidas a la ley de Dependencia desde hace varios años.
Este regalo legalizado a finales del 2012 para actividades que habían tenido lugar durante el ejercicio anual se debe a que en 2011 había caducado un convenio que la entidad tenía con el Gobierno y por el que debería recibir 390.000 euros de 2009 a 2011 a razón de 130.000 euros anuales para actividades de la organización. Los drásticos recortes realizados en los presupuestos hicieron que en 2011, en vez de recibir 130.000 euros (la tercera parte del total de la subvención plurianual) recibiese 117.000 euros, ya que se le aplicó un recorte de 13.000 euros.
Recortes amortiguados
Esta decisión del Gobierno contrasta con el resto de subvenciones que fueron recortadas en la misma fecha: la Asociación Catalana de Prensa Gratuita, a la que se le habían concedido 342.000 euros vio recortada la aportación en 85.500 euros. La Fundación Catalana de la Prensa Comarcal, que tenía concedidos 600.000 euros, recibió 350.000 euros menos. La Universidad Pompeu Fabra, a la que se le habían concedido 210.000 euros, pasó a recibir 157.500 euros menos. O la fundación del Consell de la Informació de Catalunya, que debía recibir 120.000 euros, se le recortó en 52.767,79 euros la ayuda. Así hasta una lista más larga de entidades que dejaron de percibir cuantiosos emolumentos de las arcas públicas. No obstante, la cantidad detraída a la Plataforma per la Llengua puede considerarse irrisoria respecto a las otras entidades con más enjundia y caché. Viendo estas cifras, no cabe duda de la flexibilidad del Ejecutivo catalán con determinadas organizaciones en detrimento de otras. O sea, de las menos amigas.
Y no es sólo eso: también chupó 37.914,99 euros más para proyectos dedicados a la contratación de parados de la Consejería de Empresa y Empleo.
El año anterior, había recibido 100.000 euros como subvención de “extraordinarias secretaría general” y 35.000 euros por “inmigración extraordinarias mantenimiento”. Y, al margen, 18.000 euros para “inversiones en bienes inmuebles que realizan las asociaciones juveniles” y 10.000 euros más en “actividades que realizan las asociaciones juveniles y las entidades que ofrecen servicios a la juventud”.
Los gags humorísticos
En 2012 también firmó un convenio, cuyo monto no ha trascendido, con la Consejería de Cultura de la Generalitat para difundir “seis gags humorísticos”, que habían sido producidos por esta asociación, la Fundación Vincles (que también tiene múltiples ayudas públicas) y la productora Minoría Absoluta, del periodista Toni Soler, que es el comisario de los fastos del Tricentenario que organiza el Ayuntamiento de Barcelona. Ese año, además de los 504.550 euros por convenio que fueron justificados in extremis por la Consejería de Cultura, recibió también de la de Bienestar Social 12.000 euros por el concepto de “inmigración mantenimiento” y 6.000 euros para los “Premios voluntariado”.
En definitiva, la Plataforma por la Llengua recibe como mínimo 600.000 euros anuales de fondos públicos para una estructura que nadie sabe cómo es, de cuántas personas se compone, qué gastos tiene y cuya sede está en un edificio propiedad de otra organización independentista que recibe, a su vez, millones de euros en subvenciones. Unas ayudas que se han visto multiplicadas año tras año hasta llegar a los elevados montos actuales. Todo ello es un río de dinero público cuya fuente está en la Administración y cuya justificación es difícil de adivinar. Tanto la Plataforma como el colectivo l’Esbarzer (cuya traducción sería El Zarzal) son entidades huidizas y resbaladizas. Su opacidad es total. Sólo el tiempo dirá si las espinas de ese zarzal se le volverán, a la postre, en contra.