LIBERTAD DIGITAL 02/10/14
CRISTINA LOSADA
Es encantadora la insistencia del gobierno catalán en la pulcritud legal de la convocatoria del 9-N. Nosotros, vienen a decir, hemos presentado todos los papeles en plazo y regla, hemos puesto todos los sellos que hay que poner, y mira tú por dónde, va el TC y nos da con la suspensión en la nariz. Y se hacen cruces como si la decisión del Constitucional fuera una sorprendente y clamorosa arbitrariedad, únicamente explicable por su condición sumisa al gobierno del Partido Popular, que habría puesto firmes a los doce magistrados, inclusive a doña Encarnación Roca, que está allí a propuesta del partido de Artur Mas. Porque la señora Roca estuvo de acuerdo en la suspensión cautelar. Como no podía ser de otra manera. Obliga a ello la ley; eso que los convergentes confunden con la plastilina.
Como nadie puede obligar a decir la verdad a los portavoces de la Generalidad y a los miembros de la profesión periodística, hay entre ellos quienes están diciendo que el TC ha suspendido la consulta sin haber leído siquiera la norma y el decreto. La bonita consigna dice aproximadamente así: «El TC decidió en 59 minutos sobre un texto de casi cien folios, cuando tardó cuatro años en decidir si el Estatuto era constitucional». Que el TC tardara cuatro años en dictaminar sobre el Estatuto fue un disparate, aunque uno que aprovechó muy bien el nacionalismo para abonar el terreno de la confrontación actual. Pero esta suspensión cautelar era casi mero trámite: no debía pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Sólo tenía que comprobar que el recurso del Gobierno, que solicitaba la suspensión, cumplía los requisitos formales. Eso es el Estado de derecho. Y el gobierno catalán lo sabe. Otra cosa es que pretenda embrollar a los catalanes mediante el vulgar expediente de confundir el tocino con la velocidad.
De tomar en serio el dale que dale de los portavoces de la Generalidad catalana con lo legal de su empeño tendríamos que aceptar que la Constitución española admite la autodeterminación, cosa que la haría única en el mundo de las democracias, salvo que metamos a Etiopía en ese universo. O a la extinta Unión Soviética, donde por cierto no se admitía en realidad nada de nada y mucho menos la disidencia. Como esto de que no hay derecho de autodeterminación que pueda invocarse lo sabe al dedillo el gobierno catalán, ha estado haciendo el juego de palabras del «derecho a decidir» y de la «consulta no referendaria», como si por llamar a las cosas por otro nombre dejaran de ser lo que son.
En nuevo alarde de malabarismo verbal para ignorantes voluntarios y forzosos, el recurso de la Generalidad contra la suspensión del TC dice que las consultas populares son procedimientos normales, ¡y muy recomendados!, en todas las democracias occidentales, que también son ganas de agraviar a las que no están en Occidente. Cita, en concreto, a Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Reino Unido y Suiza para decir que allí se han realizado «más de 99 consultas o referéndums sobre cuestiones de alcance institucional o constitucional». Vale, pero ¿alguna de esas consultas, con la excepción de la de Escocia, ha versado sobre la ruptura del país? Ya lo sabemos: ninguna de esas democracias, salvo el Reino Unido, ha permitido que una de sus regiones, Länder, cantones o estados federados, votara la secesión por su cuenta. Y en Canadá, que sí admite y regula ese tipo de referendos, aunque no la autodeterminación, tampoco han vuelto a proponer ninguno los nacionalistas quebequeses desde que se aprobó, hace catorce años, la Ley de Claridad.
¿A quién quieren engañar? Huelga decirlo de puro obvio. Pero es curioso el contraste. Mientras con voz meliflua subrayan que todo es pulcramente legal, con la voz grave amenazan con consecuencias si no se salen con la suya. Huy, lo que puede pasar. ¡Que soltamos a la Forcadell y a las masas! ¡Madrit échate a temblar!