EL MUNDO 15/02/14
· Quiere que CiU, ERC, ICV y CUP defiendan la consulta en las elecciones europeas.
En años no se había visto en Cataluña tantos representantes de empresas familiares por metro cuadrado como en la presentación ayer en Barcelona del libro Capitanes de Industria, obra de Francesc Canosa, que relata la historia de 50 grandes compañías industriales. Destacados miembros de estas sagas empresariales –dos de ellas con raíces en el siglo XVIII–acudieron a la cita que capitaneó el Banco Sabadell y su presidente Josep Oliu, y que presidió Artur Mas quien, consciente de que era una oportunidad única y casi irrepetible, no la dejó escapar.
Ante tan prestigioso auditorio y tras la polémica generada esta semana por las reticencias que algunos colectivos de empresarios mostraron sobre las consecuencias de una Cataluña independiente, el presidente de la Generalitat buscó la complicidad de los patrones de primera y segunda generación para pedirles que «no caigan en la tentación de pasar de la política» y que luchen de la misma manera que él batalla contra «aquellos que dicen pasar de la economía». «Debemos tener la misma mentalidad para administrar mejor nuestras complejidades», añadió.
Su petición fue muy clara: que se impliquen en la consecución de uno de los grandes «objetivos de país» que tiene Cataluña, como es «conducir» el proceso político hacia la independencia que ha sido impulsado por «una gran mayoría» ciudadana y que tiene «una gran complejidad».
«Los grandes objetivos de país los tenemos que defender, conducir y dirigir todos juntos», aseguró el presidente Mas que, con anterioridad, les había recordado que el sustrato empresarial catalán es «muy bueno y viene de hace siglos». Así rememoró la llegada del ferrocarril, el diseño del Eixample barcelonés, el impulso al renacimiento, el modernismo, el novecentismo, «aquella gente que quería que las cosas se hicieran bien y con estabilidad», puntualizó Mas, aludiendo a las declaraciones que Josep Oliu hizo el miércoles en la City de Londres sobre el proceso soberanista y que, en parte, reiteró en el acto de ayer.
El líder nacionalista mencionó también la constitución de la Mancomunitat de Enric Prat de la Riba y la puso como ejemplo de la primera institución que veló por el autogobierno de Cataluña y por la aspiración de regir los destinos de su país.
Y lo dijo después de que, finalizada la reunión de la ejecutiva de CiU, se anunciase que Mas convocará la semana que viene una cumbre con los partidos catalanes que pactaron la fecha y la pregunta de la consulta soberanista. El objetivo es consensuar con todos ellos un punto común que se incluirá en el programa de cada formación para las elecciones europeas del 25 de mayo. El presidente de la Generalitat reunirá a miembros de CiU, ERC, ICV y la CUP para que la consulta esté de alguna manera presente en sus programas para las elecciones europeas. Esta opción sustituye, aunque a la baja, la primera idea de Convergència y que Unió nunca vio con buenos ojos: la posibilidad de pactar una lista electoral conjunta entre todos esos partidos para convertir las europeas en una especie de «primera vuelta» de la consulta.
Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de CiU, fue el encargado ayer de comunicar esta iniciativa. «Intentaremos incorporar un denominador común, que haya un apartado dedicado a la política catalana que haga referencia al proceso soberanista y a la consulta», dijo Duran.
Aunque afirmó que el texto del punto en concreto aún no está cerrado, es seguro que Mas propondrá un acuerdo calcado al que alcanzaron en diciembre CiU, ERC, ICV y la CUP en favor de la consulta del 9N.
Consecuencias sumamente graves
La vicepresidenta del Gobierno advirtió ayer de las «consecuencias sumamente graves» que el proceso soberanista tendría para Cataluña y para España . Así reclamó a la Generalitat que dé a los ciudadanos «información completa» porque representa «al conjunto de los catalanes» y no solo a los que apoyan el reto independentista. De esta forma, cuestionó el argumentario elaborado por la Generalitat para responder al que el Gobierno envió a las embajadas para contrarrestar la campaña secesionista. Además, insistió en que el Ejecutivo cree que la declaración soberanista del Parlament es inconstitucional, aunque será el TC quien tenga la última palabra. / M. C.
EL MUNDO 15/02/14