EL MUNDO 09/01/15
EDITORIAL
LA ADMISIÓN a trámite de las seis querellas y denuncias presentadas por la Fiscalía y diferentes partidos y asociaciones policiales y civiles contra la actuación de la Generalitat durante el denominado proceso participativo sitúan a Artur Mas, a la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y a la consejera Irene Rigau más cerca de la imputación. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) entiende que hay motivos para investigar no sólo si la cúpula del Govern desobedeció la suspensión del proceso decretada por el Tribunal Constitucional (TC), sino si además prevaricó y malversó dinero público para sacar adelante el 9-N.
Aunque la causa se encuentra en una fase embrionaria, por lo que es preciso aguardar las diligencias que adopte a partir de ahora la Sala Civil y Penal del TSJC, la lógica consideración por parte del tribunal de los indicios delictivos apreciados por el Ministerio Público y el resto de denunciantes hace prever que Mas, Ortega y Rigau tengan finalmente que rendir cuentas ante la Justicia por su pulso al Estado. Las razones argüidas en el auto de admisión a trámite de las denuncias, que recuerda cómo Mas dijo tras votar el 9-N que el responsable de la falsa consulta era él mismo, parecen suficientes para que el presidente de la Generalitat sea llamado a declarar.
En su auto el TSJC sostiene que, a pesar de la suspensión cautelar decretada por el TC, la Generalitat activó una web institucional para hacer campaña y llamar a las urnas, utilizó el Registro Civil para el envío masivo de propaganda electoral, permitió la apertura de colegios, institutos y centros oficiales para instalar urnas de cartón y movilizó a funcionarios para que trabajaran en día de libranza, lo que generó gastos al erario en horas extras.
Mas ha promovido autoinculpaciones entre los soberanistas para diluir su responsabilidad, pero al mismo tiempo se presenta como un mártir de la causa independentista. Tanto la evidente desobediencia al TC como la posible utilización de recursos públicos para llevar adelante aquel sucedáneo de referéndum ilegal deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias, sin tener en cuenta estratagemas procesales ni intereses políticos de ningún tipo.