- Si Lastra mintió ante el juez, cometió un delito. Si García Ortiz mintió ante el juez al declarar que Lastra mintió ante el juez, cometió un delito él. No hay opción intermedia. Uno u otra tendrá que salir de este mal sainete procesado
Lo impensable se ha producido: un fiscal general, imputado, se niega a responder al interrogatorio de un juez del Tribunal Supremo, al cual atribuye la «vulneración de su derecho de defensa», por estar el juez «predeterminado» en su contra. Definición, según el Diccionario la RAE, de «prevaricación»: «delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta». García Ortiz no habría hecho uso del tecnicismo jurídico, parece. Pero hay poca duda léxica en concluir que, entre la «resolución injusta» de la RAE y la «vulneración» predeterminada del fiscal general, el matiz de distinción semántica es bastante menos que tenue. ¿Sugiere el fiscal García Ortiz que el juez Hurtado prevarica?
Añádase que, este al que el presidente Sánchez proclamó como «fiscal general de su gobierno», ha juzgado conveniente dejar caer sobre la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el doble vituperio de serle «desafecta» y de haber cometido ante el juez falso testimonio en contra de él. La primera parte, lo del «desafecto», puede resultar casi conmovedor. ¡Pobre fiscal general que ve su delicada afectividad herida! De lo más sentimental, no hay duda. Algunos recordamos los tiempos en los que la población de este país había sido dividida entre «afectos» y «desafectos». Pero aquello no hacía referencia, desde luego, a un fino hombre de ley despechado por una subordinada. Lo otro, lo de la mentira en la declaración judicial de la fiscal madrileña, tiene una entidad muy distinta. Si Lastra mintió ante el juez, cometió un delito. Si García Ortiz mintió ante el juez al declarar que Lastra mintió ante el juez, cometió un delito él. No hay opción intermedia. Uno u otra tendrá que salir de este mal sainete procesado. García Ortiz no puede no saberlo. Como no puede no saber que todos los indicios apoyan hoy la veracidad de Lastra. La cual implicaría la mendacidad del fiscal general: una vergüenza jurídica sin precedente.
¿Qué puede estar llevando a todo un fiscal general del Estado a meterse, él solo, en un callejón sin salida, en el cual quedaría hecha trizas, no solo su carrera, sino su más básica reputación profesional y ética? Es, para mí, un enigma al que no acabo de hallar respuesta.
Solo una constricción puede explicar el empecinamiento de García en negar evidencias y destruir pruebas: muy en particular, teléfonos. Porque, al cabo, destruir un teléfono que ha emitido comunicaciones a otros teléfonos investigables, los de sus subordinados en la fiscalía, sería una completa pérdida de tiempo: a través de los teléfonos de los escalones inferiores, las conversaciones serían siempre recuperables en un plazo más o menos largo. Pero, ¿qué sucede con las conversaciones «hacia arriba»? Sucede que, hacia arriba, solo hay Uno. Y sucede que el teléfono de ese Uno es —por comprensibles intereses de Estado— inescrutable. Salvo para el rey de Marruecos, por supuesto; pero no creo que a este le apetezca meterse en el divertido pantano dentro del cual chapotean sus vecinos.
De ser así —solo una hipótesis—, García Ortiz podría estar abrigando la certeza de que, ante el riesgo de ser él mismo procesado, el presidente del gobierno forzará, una vez más, que el Tribunal Constitucional —que, pese a lo que el uso analógico del término «tribunal» pueda sugerir, no es poder judicial— tumbe cualquier decisión molesta de la única instancia judicial última, el Supremo. El fiscal general quedaría manchado de por vida, sí, pero podría seguir tan contento en su cargo sin otro coste. Y el presidente del gobierno, en su conyugal Moncloa.
¿Que eso significa que en España no hay instancia judicial última, esto es, que no hay Supremo, esto es que no existe división estricta de poderes…? Sí, claro.