El día en que los españoles veíamos espeluznados las primeras imágenes provocadas por la DANA, Sánchez y sus socios sin escrúpulos perpetraban el definitivo asalto a la RTVE. El día en que se nos sobrecogía el alma al comprobar en escenas dantescas el infierno en el que se había convertido, especialmente, la Comunidad Valenciana, pero también zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía. El PSOE, Sumar y resto de subordinados, lo peor de cada casa, convalidaban en el Congreso de los Diputados el decretazo aprobado la semana pasada por parte del Gobierno de España para asegurarse el control y la colonización de RTVE, en un pleno que debió haberse suspendido pero que el PSOE y su feligresía reaccionaria decidieron mantener para culminar la desvergüenza.

Así se perpetró la ‘okupación’ de RTVE en otro día infame para la política española, justo en el preciso momento en que centenares de personas permanecían desaparecidas o luchaban por su vida. Los grupos parlamentarios, a petición del PP, decidieron suspender el pleno de control que ya había comenzado por respeto y solidaridad con las víctimas. Y se llegó a la acertada conclusión de que se debía aparcar todo aquello que no estuviera centrado en apoyar a los damnificados, buscar a los desaparecidos y recuperar a los muertos. No era el momento de disquisiciones políticas que no harían sino alterar la ola de solidaridad con las víctimas en un momento que exigía un mínimo de unidad, responsabilidad y respeto. Pero el pleno para la renovación de RTVE se mantuvo, y los que no tienen vergüenza no iban a tenerla justo cuando más necesaria era.

Abre la puerta a que partidos políticos minoritarios que no creen en el Estado (como ERC, Junts o Bildu, en su caso) puedan disponer de sus propios consejeros en el ente y envenenar de ese modo una institución clave de un Estado del que quieren independizarse

Y así, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y los socios de Sánchez, decidieron mantener el pleno urgente que el PSOE forzó para validar la toma de RTVE y cerrar cuanto antes una nueva colonización de una institución pública. PP y Vox se negaron a participar y abandonaron el pleno. Solo Compromís, entre los socios de Sánchez, llegó a comprender la desvergüenza que suponía mantener el pleno. Y aquello terminó convirtiéndose en otro escándalo que será tapado por un nuevo escándalo quizás hoy mismo.

Así se llevó a cabo la convalidación del Real Decreto-ley aprobado la semana pasada por parte del Gobierno de España para renovar el Consejo de Administración de RTVE y proceder a su colonización política por parte del sanchismo y sus adláteres, con urgencia y alevosía. Y es que el texto de la reforma permitirá que los nombramientos de los consejeros puedan salir por simple mayoría absoluta en lugar de por mayoría cualificada, lo que abre la puerta a que partidos políticos minoritarios que no creen en el Estado (como ERC, Junts o Bildu, en su caso) puedan disponer de sus propios consejeros en el ente y envenenar de ese modo una institución clave de un Estado del que quieren independizarse.

Gracias al decretazo finalmente convalidado, el Consejo de Administración pasará de 10 a 15 miembros, todos ellos con dedicación exclusiva para servir a los intereses de quienes los han nombrado. 11 serán elegidos por el Congreso, controlado por Sánchez, Sumar e independentistas, y 4 por el Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. Y todo ello para afianzar el control férreo de RTVE, convertido en órgano de propaganda clave para los intereses del Gobierno de España. Gracias al decretazo, formarán parte del Consejo de RTVE profesionales «insignes» del periodismo, todos los cuales han hecho carrera de la mano de los partidos políticos a los que van a representar en su seno: la directora de comunicación del ministro Bolaños, el exjefe de prensa de Junqueras, un candidato de Podemos al Congreso de los Diputados y hasta excargos públicos del PNV, ICV o PSOE, además de quien será su presidente, José Pablo López, quien ejercerá como una especie de administrador único encubierto. Y todos ellos con dedicación exclusiva, por 100.000 euros anuales que pagaremos todos. Que son fanáticos de la causa «progresista», pero no por ello van a trabajar gratis o dejar de convertirse en mercenarios, en un nuevo caso de hipocresía política.

Esta es la catadura moral de eso que llaman «mayoría progresista». No solo toman las instituciones que deberían funcionar con criterios profesionales y representarnos a todos, sino que las convierten en su cortijo particular para colocar a los suyos y beneficiarse políticamente. Y además lo hacen el día de la tragedia, cuando centenares de víctimas permanecían desaparecidas o buscaban desesperadas a sus seres queridos mientras España entera sufría con ellas. Otra infamia.