Josep Borrell, alto representante para la política exterior y la defensa de la Unión Europea, no se esperaba esa réplica del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. El político catalán había acudido a Moscú —febrero de 2021— para interesarse, entre otras cosas, por la suerte del detenido Alexéi Navalni, un disidente encarcelado por el régimen de Putin. En la rueda de prensa, el responsable de la política exterior rusa aplicó un zasca a Borrell aludiendo a los presos del proceso soberanista. Un año antes, el propio Vladimir Putin interpretó el separatismo catalán como «lo que Europa merecía por haber apoyado los movimientos de independencia en Europa Oriental después de la caída de la Unión Soviética». 

Bastarían estos dos episodios para ilustrar de qué manera España ha sido —sigue siendo— víctima de los ataques «híbridos» de Rusia que hurga en las heridas políticas de los países occidentales y alienta sus contradicciones allí donde se producen para desestabilizarlos. ‘The New York Times’ ya adelantó el año pasado (3 de septiembre) un informe de «inteligencia europeo» según el cual Rusia se estaba injiriendo en el proceso soberanista catalán, alentándolo con contactos entre Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont e investigado en la Operación Voloh por el juez barcelonés Joaquín Aguirre, y agentes moscovitas como Yevgeny Primakov y Andrei Bezrukov, el primero de ellos al frente de una sociedad cultural pantalla para ejecutar acciones hostiles contra terceros países. Un ex de Convergencia, Víctor Tarradellas, también, según el juez, está próximo a esos tipos tóxicos del Kremlin. 

La investigación española atribuye al impulso de Moscú la creación del llamado ‘Tsunami Democrático’ una organización «anónima» que en 2019 se estrenó organizando los disturbios callejeros en Barcelona contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los dirigentes civiles y políticos del proceso soberanista. Sobre este intento secesionista, dos medios de comunicación han practicado lo que se denomina «desinformatión» y «sentiment amplificatión», es decir, intoxicación informativa y enardecimiento emocional. Se trata de ‘Sputnik News’ y ‘Rusia Today’ (RT).

Las dos plataformas —se cita también a ‘Espía digital’, una web volcada en la defensa de las tesis rusas— cuentan con bots, perfiles falsos en redes sociales, troles, y la colaboración de personajes como Julián Assange y Edward Snowden. Y aunque el Kremlin haya negado —siempre lo hace— cualquier connivencia con estos personajes y refutado su intromisión informativa en esos medios, lo cierto es que sus comportamientos y contenidos, respectivamente, acreditan que Putin ha intentado dar una patada al avispero catalán para desestabilizar la situación de España y de la Unión Europea. 

Tanto ‘Sputnik News’ como ‘Rusia Today’ han favorecido las narrativas secesionistas y han negado la legitimidad de las instituciones españolas. Determinados titulares y crónicas de estos soportes han estado claramente vinculados a los intereses secesionistas: «La UE ‘respetará’ la independencia de Cataluña, pero tendrá que pasar un proceso de adhesión», «Cataluña: Francisco Franco, el dictador ha regresado», «Una vez conseguida la independencia por los catalanes, los aragoneses y los castellanos también querrán lograrla», «Tanques en las calles de Barcelona: España y Cataluña al borde de un desenlace violento». Ejemplos de desinformación y de enardecimiento.

‘Sputnik News’ nació el 10 de noviembre de 2014, al día siguiente del primer referéndum ilegal que organizó Artur Mas. Su titular más detonante se produjo en 2016: «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa». Por su parte ‘Rusia Today’ opera en varios países, entre ellos España, y es un medio financiado por el Estado ruso y cuenta con opinadores extremistas de derecha y de izquierda. 

España tiene motivos para considerar al mandatario ruso y a su régimen como abiertamente hostil a nuestro sistema político 

Tanto esas cabeceras como determinados sectores del secesionismo catalán tachan de «conspiranoicas» estas informaciones, pero los intentos desestabilizadores rusos han adquirido carta de naturaleza oficial y ya se cuenta por decenas como relataba Fernando H. Valls en este diario el pasado jueves. El documento «la estrategia de seguridad nacional» aprobada por el Gobierno de Sánchez el pasado diciembre alude claramente a Moscú al referirse a la «potencial peligrosidad de actores extranjeros de carácter estatal» y a sus «estrategias de desinformación».

En este informe se advierte del «ciberespionaje», una de las iniciativas promovidas por Putin desde 2014 hasta el presente. Ya en 2015, el Gobierno de Rajoy se refirió a estas intrusiones que van a ser investigadas oficialmente por el Parlamento Europeo. Hace solo unos días se aprobó en el comité especial de la Cámara el informe «sobre injerencias extranjeras» que fue aprobado por 25 votos a favor, ocho en contra y una abstención. El texto del informe se ha redactado después de que este organismo parlamentario escuchara decenas de testimonios de expertos sobre la materia. 

España tiene motivos para considerar al mandatario ruso y a su régimen como abiertamente hostil a nuestro sistema político; es responsable probado de alentar el movimiento secesionista catalán y está acreditada su estrecha vinculación con la Venezuela de Nicolás Maduro, la Cuba de Díaz Canel y la Nicaragua de Ortega, tres líderes que se han solidarizado con Putin en la crisis de Ucrania e igualmente hostiles a España.

La concepción política hegemónica en Moscú es imperialista, enlazando con sus dos periodos históricos precedentes, el más remoto, el zarista, y el más, próximo, el estalinista que, no por casualidad, golpeó con dureza tras la II Guerra Mundial a los dos Estados que exige ahora salgan de la OTAN: Bulgaria y Rumanía. La opinión pública española lo percibe: en la encuesta que ayer dio a conocer Metroscopia el 87% cree que Rusia no es una democracia y el 68% que el Kremlin en vez de establecer buenas relaciones con terceros países, los desestabiliza. Es aplastante la preferencia —por nuestra seguridad— de pertenencia a la OTAN (70%) y hasta un 62% cree que tendrá que intervenir en Ucrania. 

Es preciso que el Gobierno, con gran apoyo ciudadano en esta crisis, sea mucho más claro en la denuncia de la hostilidad rusa y que la extrema izquierda (de Podemos a la CUP) cese con ese pacifismo impostado que trata de impugnar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Gobierno de España con la OTAN y la UE —también con EEUU— y que la ciudadanía más sensata de Cataluña sea consciente de que el proceso soberanista está infectado de inconfesables intereses. Por lo demás, será muy interesante escuchar sobre este tema y la figura de Putin a Abascal, Orban, Le Pen y Morawiecki que hoy en Madrid celebran la «cumbre patriótica» organizada por Vox. 

Rescatar la autonomía soberana de Ucrania y de los países que antes fueron vasallos de la URSS es una exigencia política pero también ética, como en su momento lo fue enfrentarse, primero al nazismo e, inmediatamente después, al estalinismo. Para evaluar hasta qué punto una ruptura de nuestro país le desestabilizaría —y a la Unión Europea— me permito aconsejar la lectura del documentado libro titulado ‘Economía del separatismo catalán’ (Editorial Deusto) de Ferran Brunet, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los datos que ofrece son definitivos.