Lo cierto es que la explicación del Rey a esas circunstancias no necesariamente tiene que ser verbal. Funciona, y es bien comprendido, el lenguaje de los hechos, como este viernes recordó desde Bruselas el presidente del Gobierno. Esta es la secuencia de expresiones del jefe del Estado respecto de su padre y sobre el comportamiento que se exige a la familia real y a todos los empleados de su Casa:

1. La Casa del Rey firmó en septiembre de 2014 un acuerdo con la abogacía del Estado para que su asesoramiento legal fuese funcionarial, prescindiendo de asesoramientos privados y particulares. Posteriormente, se incorporó también una nueva interventora general del Estado y lo han ido haciendo funcionarios de los cuerpos de la Administración General. Estas medidas buscaban la profesionalización de los servicios de apoyo a la Jefatura del Estado.

2. En enero de 2015, el Rey reguló el régimen de regalos a los miembros de la familia real, estableciendo que no podrán aceptar los de alto valor económico o que tengan interés comercial o publicitario o que pudieran comprometer su dignidad. Se establecen previsiones sobre regalos de cortesía, premios con dotación, préstamos, aceptación de herencias, donaciones y sistema de registro y transparencia de todo ello. También en ese año el Rey estableció un código de conducta al que deben someterse todos los empleados de su Casa. Ambas disposiciones se pueden consultar en la web www.casareal.es

3. El 12 de junio de 2015, el Rey revocó a su hermana, la infanta Cristina, el título de duquesa de Palma que le fue otorgado por su padre con motivo de su matrimonio con Iñaki Urdangarin en 1999. Fue una decisión reprobadora. Su cuñado fue condenado por tres delitos y cumple condena en la cárcel de Brieva y la infanta fue absuelta pero sancionada con una multa por beneficiaria a título gratuito de las actividades delictivas de su marido. Previamente, el Rey redujo la familia real a seis miembros: Felipe VI, la Reina consorte, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, y los Reyes eméritos.

4. El 27 de mayo de 2019, Juan Carlos I escribió una carta a su hijo el Rey en la que le anunciaba su retirada de la vida pública, suprimiéndose de inmediato —el día 7 de junio de ese año— la secretaría asignada a los Reyes eméritos en la Casa del Rey, cesando su responsable, el diplomático Alfonso Sanz Portolés, que fue nombrado consejero diplomático de la Zarzuela.

5. El 15 de marzo de 2020, el Rey retiró a su padre la asignación económica que libremente le había asignado; renunció simbólicamente a la herencia que le pudiera ser deferida a él y su hija, la Princesa de Asturias, de fondos irregulares y dio cuenta a la opinión pública de que el Rey emérito no le había comunicado nada respecto de las fundaciones en las que presuntamente ocultó fondos opacos o de las que se benefició irregularmente. El jefe de la Casa del Rey trasladó a las «autoridades competentes» toda la documentación que un despacho británico contratado por Corinna Larsen le había hecho llegar. El Rey dispuso también que, tras designar su padre al abogado Javier Sánchez-Junco para su defensa, sería él quien daría cuenta pública de las informaciones que pudieran afectarle. Así ha sido.

6. El 3 de agosto, la Casa del Rey difundió la carta de Juan Carlos I a su hijo por la que le comunicaba su expatriación para no perturbar la gestión de la jefatura del Estado que desempeña el rey Felipe VI. Su letrado asesor emitió otra nota en la que garantizaba que el Rey emérito quedaba a disposición de la fiscalía. Previamente, el 5 de junio, la Fiscalía General del Estado había decretado la apertura de diligencias prejudiciales para investigar las conductas del Rey emérito en relación con la recepción de cantidades procedentes de Arabia Saudí no declaradas al fisco. Dolores Delgado encomendó la investigación al fiscal de Sala, Juan Ignacio Campos, delegado para delitos económicos y financieros ante el Supremo. En noviembre pasado, la fiscal general ordenó la apertura de otras dos investigaciones más. A día de hoy ninguna de las tres está cerrada, aunque el pasado día 9 se produjo una regularización voluntaria del Rey emérito por un importe de 678.000 euros.

7. La posibilidad de un regreso del padre del Rey debe valorarse en función de la permanencia de las circunstancias que aconsejaron su salida de España hace cuatro meses y medio. El palacio de la Zarzuela no es el «hogar» de nadie, sino la residencia del jefe del Estado y tanto los inmuebles del recinto como la propia finca pertenecen a Patrimonio Nacional conforme establece el artículo 4º, apartado cinco, de su ley reguladora de 1982, que determina en su artículo 2º que son bienes del Estado afectados al «uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen» y, en la medida en que sean compatibles con ese fin, su Consejo de Administración «adoptará las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes».

8. El Rey se dirige a la Nación en el mensaje de Navidad el día 24 de diciembre y a las Fuerzas Armadas el día 6 de enero con motivo de la Pascua Militar. Ambos son pronunciamientos institucionales que cuentan con el conocimiento previo del presidente del Gobierno y en los que el jefe del Estado, en función de las circunstancias políticas e institucionales, se pronuncia sobre asuntos de interés general en la medida en que hacerlo reúna condiciones de oportunidad que valora su Casa con las debidas consultas a la presidencia del Gobierno. Felipe VI pronunciará este mes su sexto mensaje de Navidad, y el próximo su quinto discurso a las FAS desde su proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014. En las anteriores disertaciones, el Rey ha reiterado su adhesión y defensa de la Constitución de 1978 y su compromiso con la dignidad y ejemplaridad en el ejercicio, público y privado, de su magistratura.