‘Así he evitado que prescribiera el atentado en que murió mi padre’

EL MUNDO 21/06/13
PABLO ROMERO

La tenacidad de un periodista reabre ‘in extremis’ el sumario de la matanza de ETA en López de Hoyos, hoy hace 20 años

La idea de investigar acerca del atentado múltiple que acabó con la vida de mi padre y de otras seis personas –y que hirió a más de una veintena– siempre ha estado en mi cabeza, aunque enterrada debajo de una vida que sigue. Conocer la verdad de lo que sucedió aquel día maldito, el 21 de junio de 1993, es para mí la mejor medicina para una herida que probablemente no sanará nunca. Quizá algunas víctimas me entiendan, probablemente muchas otras no. Usted, si termina de leer estas líneas, tampoco comprenderá nada. O a lo mejor sí.
Hace dos años traté de acceder a toda la documentación sobre el atentado, impulsado por una necesidad repentina e irracional de saber todo lo que realmente había pasado. Sólo conseguí la sentencia que condenaba a dos colaboradores necesarios.
El caso del sangriento doble atentado de ETA en la glorieta de López de Hoyos y en la calle de Serrano de Madrid que tuvo lugar el 21 de junio de 1993 no morirá esta semana. Una investigación de última hora ha llevado a la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, a reabrir el caso contra un histórico de la banda: Iñaki de Rentería.
El 21 de junio de 1993, entre las 8.15 y las 9.15 horas, siete personas murieron asesinadas y más de una veintena resultaron heridas a consecuencia de uno de los más sangrientos –y desconocidos– atentados de ETA. La banda terrorista hizo estallar dos coches bomba: uno, en la glorieta de López de Hoyos, activado a distancia; el otro, el vehículo usado para la huida, en la calle de Serrano una hora más tarde, detonado mediante temporizador. Dos miembros de la banda fueron condenados en 1996 como colaboradores necesarios en la matanza. Pero jamás se determinó quién o quiénes habían sido los autores materiales o intelectuales.
Ahora, a escasas horas de la prescripción de estos delitos, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido, a instancias de la Fiscalía, reabrir el sumario para investigar un dato nuevo: la posible implicación en la masacre del etarra Ignacio Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería.
Esta reapertura de la causa supone la interrupción de la prescripción de este caso, que se iba a producir hoy viernes, justo dos décadas después del atentado que terminó con la vida de los tenientes coroneles José Alberto Carretero Sogel, Javier Baró Díaz de Figueroa, Juan Romero Álvarez y Fidel Dávila Garijo; el capitán de fragata Domingo Olivo Esparza, el sargento 1º de la Armada José Manuel Calvo Alonso y el funcionario del Ministerio de Defensa Pedro Robles López.
La decisión de reabrir el caso ha sido tomada a raíz de un nuevo indicio acerca de la autoría intelectual del atentado. Una revisión del sumario realizada por el hijo de una de las víctimas tan sólo dos semanas antes de la prescripción del delito ha dado con un resorte: en el sumario 17/94 que corresponde a este caso aparece varias veces nombrado el alias Gorosti como el sujeto que daba órdenes a los dos condenados por el caso, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun. Estos últimos, integrantes del llamado comando Robacoches de ETA, fueron condenados a 28 años de prisión por su cooperación en dicho atentado.
Gorosti es uno de los sobrenombres conocidos de Ignacio Gracia Arregui –además de Bruno e Iñaki de Rentería–, uno de los máximos dirigentes de ETA desde la caída de la cúpula de la banda en Bidart (Francia) en 1992. Detenido en 2000, salió de la cárcel 10 años más tarde al tenerse en cuenta el cumplimiento de parte de su condena en Francia. Actualmente se encuentra en libertad.
En al menos dos declaraciones policiales, Rodríguez Cordero identifica a Gorosti como la persona que daba las órdenes en el seno de la banda tras la detención de Francisco Mújica Garmendia, Paquito. Esta información aparece también en un informe sobre el etarra que la Guardia Civil elaboró en 2011, como parte de una investigación que condujo a su detención, por orden del juez Pablo Ruz, en mayo de ese año, en el marco del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. No obstante, dos meses más tarde el etarra fue puesto en libertad por el juez Santiago Pedraz, al concluir que no había base para afirmar que fue él quien dirigió el comando o dio la orden de prolongar su secuestro.
En esta ocasión, la rapidez de la decisión de la Fiscalía y el compromiso del juez Ismael Moreno han sido claves para lograr la interrupción de la prescripción de este atentado.
La noticia de la reapertura de este caso justo cuando iba a prescribir el delito se produce cuando arrecian las denuncias de víctimas y asociaciones. En 2010, un informe realizado por la llamada Comisión de Justicia a instancias de la Fundación Víctimas del Terrorismo, identificó más de 300 asesinatos de ETA –posteriores a la Ley de Amnistía de 1977– sin sentencia, bien por desconocerse la autoría (la mayor parte de los casos) o bien porque los sospechosos no han sido localizados o detenidos.
Una de las principales autoras de este informe fue la abogada Carmen Ladrón de Guevara, vicepresidenta de la asociación Dignidad y Justicia. El texto se realizó basándose en datos del libro Vidas rotas, testimonios de las víctimas y noticias que han ido apareciendo en los últimos años al respecto, dado que, según remarca la abogada, no existe una relación oficial de atentados de la banda terrorista que detalle las condenas impuestas o, en su caso, la situación de los sumarios. En conversación con este periódico, ella sugiere «que la Audiencia Nacional corrobore con datos oficiales el informe realizado y se pueda establecer la situación procesal de todos los atentados de ETA».
Cada año que pasa son más los atentados que prescriben, aunque no existe una cifra clara. Hace dos años, durante la presentación de la evolución del informe con datos de la Fiscalía, se aseguraba que, de los 314 asesinatos de ETA sin sentencia contra sus autores, 134 habían prescrito y nueve más estaban a punto de prescribir. Eso sin contar con otros 95 atentados con víctimas mortales en los que se localizó a algún implicado en los hechos –como en el caso del atentado cuyo caso ahora se reabre–, pero no hubo sentencia alguna contra los autores del mismo.
Ahora, el sumario de uno de los más sanguinarios y terribles atentados de la historia de ETA recobra nueva vida, aunque de momento de forma temporal. El auto del juez Ismael Moreno en el que se ordena la reapertura del sumario contra Ignacio Gracia Arregui –y en el que además solicita un informe más amplio sobre el asunto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado– supone ya una pequeña gran victoria para la memoria de las víctimas y de sus familiares y allegados: al menos el viernes 21 de junio, 20º aniversario del atentado, el crimen cometido no prescribirá. Y la causa, de momento, no morirá.

El folio 825
Hace tres semanas me obligué a hacer todo lo posible por evitar que el asesinato de mi padre prescribiera hoy. Ésta es la historia
No tuve acceso al sumario, aunque sabía que tenía derecho. Me vi enterrado por la burocracia. No sabía adónde ir ni qué hacer. No quise acudir a ninguna asociación, ni pedir interminables consejos de expertos, de juristas, incluso de compañeros… Ahora reconozco que los primeros obstáculos pudieron conmigo. Dolía demasiado. «En realidad, ¿para qué estoy removiendo esto?», me preguntaba, mientras poco a poco las ganas de indagar sobre el caso volvían a su tumba muy dentro de mí.
Principios del mes de junio de 2013. Un comentario casual en la redacción sobre la prescripción de los delitos etarras resucitó un torrente de emociones. De repente fui consciente con absoluta claridad de que en apenas tres semanas el asesinato de mi padre iba a prescribir, sin autor o autores conocidos o procesados. La realidad estalló delante de mis narices como una bofetada: cuando se cumpliera el 20º aniversario de aquella masacre, los siete hombres que murieron entre hierros y llamas volverían a morir. Fue en ese momento cuando me di cuenta del tiempo perdido, y de que no podía perder ni un minuto más. Sólo tres semanas. Tenía que hacer algo. Lo que fuera.
Lo primero que se me ocurrió fue ponerme en contacto con la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. Una llamada que contestó María Noguedol, sin cuya ayuda jamás estaría escribiendo esto. Gracias, María. Con infinita paciencia y eficacia, comprendió a la primera mi intención. Sólo quería acceder al sumario 17/94 y buscar algo, lo que fuera, para poder evitar la prescripción. Inmediatamente me puso en contacto con la oficina del juez Fernando Grande-Marlaska, que enseguida solicitó el sumario: ocho tomos, más de 1.400 folios y varios anexos me esperaban en la quinta planta de la madrileña calle Prim, 13, sede provisional de la Audiencia Nacional. En tiempo récord. Permítanme que dé las gracias otra vez, tanto al juez como a su ayudante, por su amabilidad, cercanía y eficacia.
El miércoles 12 de junio fui a la Audiencia dispuesto a enfrentarme a aquella montaña de papel cosido. Durante cerca de cinco horas, en una mesa en medio de la oficina judicial, leí cientos de hojas, fotocopias y teletipos llenos de polvo. Tuve que mirar decenas de fotografías que mostraban el horror como jamás me imaginé que llegaría a ver, unas imágenes que me acompañarán mientras viva. Mi bolígrafo volaba sobre una pequeña libreta en la que anotaba a toda velocidad datos que –sospechaba– no me iban a servir de nada.
De repente lo vi. El folio 825. Era uno de los interrogatorios policiales realizados a los condenados por cooperación necesaria en la masacre, concretamente a José Gabriel Zabala Erasun. Penúltima cuestión. «Preguntado para que diga quién era su responsable en la actualidad, manifiesta: que a raíz de la detención de Paquito [alias de Francisco Mujika Garmendia, líder de la banda hasta su captura en Bidart (Francia) en 1992], su responsable pasó a ser Gorosti».
Ni una marca, nada que lo destacara. ¿Por qué? Algo no me cuadraba. Me preguntaba quién era Gorosti. ¿Me sonaba de algo? No lo recordaba. Una llamada a mi compañero Fernando Lázaro –gracias, amigo– me sacó de dudas. Se trataba del alias de Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Busqué frenéticamente en el resto del sumario. Nada más. Más tarde supe que este alias, Gorosti, aparecía por primera vez en este sumario en alusión al por entonces número uno de la banda terrorista. Era muy probable que entonces nadie supiera de quién estaba hablando Zabala. Pero ahora se sabía bien.
Con una copia de este interrogatorio, gracias a una llamada del juez Grande-Marlaska pude ir a hablar al día siguiente con el fiscal Fernando Burgos. Y le expuse mi caso: sólo quería que el delito no prescribiera aún. Insisto, no busco venganzas, ni condenas a toda costa, ni enmendar el trabajo de policía, jueces o fiscales. Sólo estaba tratando de ganar tiempo, que corría en mi contra. Todo lo que tenía era un alias en una declaración policial; era consciente de ello, pero no podía dejar de intentarlo. El fiscal, con paciencia y amabilidad, me explicó las escasas opciones que había. Tras una hora de conversación, decidió quedarse con una copia del interrogatorio. «Voy a consultarlo a ver qué pasa», me dijo con su voz profunda. El dichoso folio 825. Mi único triunfo.
Ese fin de semana lo pasé trabajando en la redacción y tratando de no pensar demasiado en el asunto. Esperaba una llamada del fiscal el lunes o el martes, mientras pasaban las horas y se acercaba el viernes, el día maldito, el 21 de junio. Era muy consciente de que tenía mucho en contra. No había tiempo. No estaba seguro de que mi descubrimiento convenciera a la Fiscalía. Los nervios me consumían por dentro. No podía hacer nada. Sólo esperar.
La casualidad hizo que mi hermana Beatriz me mandase un mensaje en el que me contó que una amiga huérfana por el mismo atentado terrorista, Lidia, se había puesto en contacto con una abogada para preguntarle por el caso. Mi corazón se aceleró: supe sin duda alguna que era el momento de llamar y unir fuerzas.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada especializada en terrorismo, me recibió en su despacho el martes 18 de junio. Ella y su compañera Vanesa de Santiago comprobaron los pasos que yo ya había dado, aportaron más datos de otros sumarios que ellas conocían, llamaron a sus contactos. Qué mañana. Siguiendo los consejos del fiscal Burgos, Vanesa y yo salimos disparados para la Audiencia Nacional para tratar de quemar uno de nuestros últimos cartuchos. Ella había redactado un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que logré registrar a las 13.38 horas, apenas un cuarto de hora antes de que la oficina cerrase. Iba en mi nombre, directamente, como afectado. Mientras, Vanesa esperaba al juez Ismael Moreno para contarle de primera mano la situación.
De repente, el milagro. Una llamada del fiscal Burgos a mi teléfono me daba la noticia. Él mismo iba a entregar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el escrito en el que se solicitaba al juez instructor la toma de declaración como imputado de Gorosti, Ignacio Miguel Gracia Arregui. También se pedía la elaboración de un informe que recogiera tanto la responsabilidad de este sujeto tanto en la organización terrorista como en este atentado, y su relación con el alias. El auto del juez Moreno fue dictado tan pronto como conoció el escrito de la Fiscalía y tuvo acceso al sumario, que ya estaba en la sede de la Audiencia Nacional: el mismo sumario que me leí de cabo a rabo, el que contiene el folio 825 que ha cambiado el destino de este caso, que ha evitado la segunda muerte de mi padre.
Siempre he creído que las víctimas del terrorismo somos mercancía dañada, estigmatizados por una tragedia que no hemos buscado. Créanme cuando les digo que no puedo evitar tener la sensación de que nuestro drama personal ha sido utilizado con alguna finalidad ajena, al menos a lo que yo busco. Ni venganzas ni condenas justas o injustas. Ni perdón, ni olvido ni rencores o revanchas. Todo eso me da igual. Yo sólo quiero saber la verdad. De momento, he conseguido que la causa no muera, he comprado algo de tiempo. Ya es algo.
He hecho lo que he podido y lo mejor que he sabido. Me gustaría que todas las víctimas en la misma situación sepáis que es posible hacer algo. Se puede y se debe hacer algo. Duele, pero es necesario. Hay que moverse ya. Nadie lo hará por vosotros (nosotros). Encontraréis ayuda en el camino.
Quiero volver a dar las gracias a todos los que me han ayudado de una forma u otra. A quienes me han abierto puertas que creía cerradas hace años. Y a quienes han creído en mi lucha de estas últimas semanas para evitar que el 21 de junio sea doblemente doloroso. Gracias a María, a Andrés, a Carmen y a Vanesa, a Lidia y a Bea. Al fiscal Burgos. Y a los jueces Grande-Marlaska y Moreno. Pase lo que pase a partir de ahora, gracias.
Quienes me conocen bien saben que odio escribir en primera persona en el periódico. Un periodista jamás debería ser parte de una historia, me enseñaron maestros a quienes admiro y quiero. Yo no soy importante, sólo un simple redactor de EL MUNDO que tiene el privilegio de poder vivir de esta profesión que amo, de ser testigo de lo que sucede y contarlo. Lo que pasa es que en ciertas ocasiones hay historias que tienen que ser contadas así, no hay otra manera. Creo que ésta es una de esas historias.