Se ha repetido hasta la saciedad: Cataluña no tiene capacidad para ser independiente, pero sí para desestabilizar el sistema político español, sea el que sea. Incluido el experimento de la II República española. La Constitución de 1931, en su artículo primero, declaraba que “España es una república democrática de trabajadores que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones”. 

En los comentarios a la Carta Magna republicana de Nicolás Pérez Serrano, reeditados por Tecnos en la colección Clásicos del Pensamiento, dirigida por el gran constitucionalista Eloy García, el autor trata de desentrañar el contenido material del concepto Estado integral, que no era unitario ni tampoco federal. Pero, eso al margen, Pérez Serrano constataba ya en 1931 que «sobre la Asamblea [constituyente] gravitaba con toda su pesadumbre el Estatuto catalán (…) [que] constituyó la preocupación sentida, sufrida y soportada constante y permanentemente por la Comisión redactora [de la Constitución]».

Este Gobierno de coalición ha creído que tenía la solución de la cuestión territorial aplicando a Cataluña el contentamiento, expresión que oí hace solo unos días a un catalán insigne, equilibrado y culto que sintetiza en su pensamiento y actitud la doble pertenencia catalana y española. Ese contentamiento del Gobierno de Sánchez, secundado entusiásticamente por Unidas Podemos y por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido de tal calibre que se ha llevado por delante el principio de generalidad de las leyes mediante la reforma ad hoc del Código Penal, después de un indulto, con la absoluta desconsideración hacia los tribunales de justicia y con alteración de los principios de equidad e igualdad de los ciudadanos. Ahora va a resultar que no satisfará las expectativas de los republicanos, que insistirán en una imposible amnistía.

 El Ejecutivo ha practicado el apaciguamiento tanto por debilidad —precisaba los votos de ERC y los asociados de Bildu— como por convicción, porque para la izquierda Cataluña es una obsesión histórica que se le ha ido de las manos ya en el primer tercio del siglo pasado —desde la Semana Trágica de 1909 y la mancomunidad catalana (1914-1925) hasta la rebelión de 1934, pasando por el estalinismo comunista, que llegó a la liquidación física de sus propios disidentes, como ocurrió en el caso de Andreu Nin en 1937.

Sin embargo, y lo iremos viendo en el transcurso de los próximos meses, la política catalana de la coalición no dará los réditos que suponen Pedro Sánchez y el PSC, cuyo mejor activo es la sensatez de Salvador Illa, su primer secretario. Porque, haya terminado o no el proceso soberanista, lo seguro es que no ha concluido, ni lo hará, el sentimiento separatista que, adquirido o nativista, ha prendido desde hace muchas décadas en una parte de la ciudadanía de Cataluña. El secesionismo no lo arregló el catalanismo —incluso lo empeoró, si por tal entendemos el que desplegó Pujol—, no lo disminuyó el republicanismo del siglo pasado y no lo han resuelto ni la Constitución de 1978 ni los dos estatutos de Autonomía de la comunidad. Las concesiones como esta de llevar la cumbre hispano-francesa a Barcelona —con doble recibimiento, de protesta e institucional— son una forma de estimular a los secesionistas que con el doble juego autolesionan su percepción general y van a contrapelo de los intereses socioeconómicos de Cataluña y desafían al Gobierno. Es insólito que una reunión de alto nivel como la de hoy se vea impugnada en las calles de una ciudad como la capital catalana. Es, además, un despropósito. 

El optimismo de la izquierda fue antaño de un Manuel Azaña, que en 1932 creyó que el cambio de régimen era la terapia definitiva, y es hogaño (en apariencia) el de Pedro Sánchez —sin querer establecer equivalencia entre aquel y este—. Y, sin embargo, sucederá como siempre: los independentistas estarán al plato y a las tajadas. Pidieron el indulto, luego la despenalización, quieren la amnistía y un referéndum. Esta izquierda de pensamiento débil y populista, ayuna de principios sólidos y sin identidad histórica, seguirá haciendo concesiones hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir: la extirpación de cualquier resto de presencia del Estado tanto en Cataluña como en el País Vasco.

Los republicanos estarán hoy en las calles de Barcelona, mientras el presidente Aragonès, militante de ERC, es el anfitrión de Emmanuel Macron y Pedro Sánchez. Una expresión de cinismo de los separatistas y de dócil contentamiento del presidente. Es insólito cómo zarandean al secretario general del PSOE y más aún de qué manera el socialista admite, sumisamente, el maltrato político cuando tanto se jacta de su altivez y audacia. Nadie ha tomado la medida a Sánchez mejor que los separatistas catalanes —desde luego, no la oposición de la derecha— y nadie como ellos sabe de qué manera necesita el secretario general del PSOE (y Yolanda Díaz) acampar allí para exhibir el muestrario del poder que no tiene ni en las grandes ciudades ni en las autonomías de mayor peso e importancia demográfica y económica. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona se le escapa al PSC porque la delantera parece llevarla el exconvergente Xavier Trias. 

Está Sánchez, en la apuesta catalana, manejándose sin la más mínima gloria y sin obtener victoria alguna. La realidad es que su gestión de lo que allí ha ocurrido, ocurre y se repetirá no es otra cosa que una secuencia ininterrumpida de contentamientos que han debilitado al Estado, han ofrecido una indigente imagen del Gobierno y han fortalecido al secesionismo tras su fracaso en 2017. La derecha no se lleva bocado en Cataluña, pero la izquierda terminará, otra vez, decepcionada, como Azaña en su Velada en Benicarló. Lo de hoy en Barcelona es un hito más de las políticas esquizofrénicas del Gobierno y de la tozuda recurrencia secesionista en el error.