Nos damos cuenta de que algo preocupante está aconteciendo en Occidente cuando quien ejerce el poder nos alerta de que la democracia ha sido secuestrada, está corrupta y manipulada por la élite, y nos dice que, para romper las cadenas que nos atan a este sistema neoliberal, hay que destruir el ‘establishment’ y reintegrar el poder al pueblo.

Este discurso, que es el que ahora enarbola Pedro Sánchez desde la Moncloa para recuperar resuello demoscópico, resulta sintomático de las ideas que mueven el mundo actual y del populismo imperante, tal y como reflejan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en ‘Cómo mueren las democracias’. Cuando Trump quiere acabar con la élite, se refiere a acabar con ‘The New York Times’; cuando lo dice Viktor Orbán, pensamos en los jueces, y si es Pedro Sánchez el que habla, la diana hay que ponérsela a Botín y Galán, cabezas visibles del Ibex.

Parecía una exageración, pero cada vez lo es menos. De entre todos los miembros que componen la Unión Europea, al que más nos vamos pareciendo en populismo es a Hungría, un país que tiene de presidente a Orbán, en las antípodas ideológicas del PSOE, y que está siendo vigilado por los pretorianos comunitarios por su incumplimiento en materia de independencia judicial y por sus ataques a la sociedad civil, algo que, como explica hoy Beatriz Parera, no difiere de lo que puede ocurrir en nuestro país.

Según la información de este lunes, la UE se estaría planteando utilizar todos los mecanismos que estén a su alcance, sanciones incluidas, para obligar a España a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Podría, incluso, activar el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea de constatación de riesgo claro de violación grave por amenaza al Estado de derecho.

El virus del covid se va, pero el del populismo permanece. La deriva preocupa a Von der Leyen, quien creía que, haciendo de la necesidad virtud, esto es, aprovechando la crisis del coronavirus y luego la invasión de Ucrania, se podía construir más Europa y dar un espaldarazo a los valores atávicos de Occidente. Nada más lejos de la realidad.

«En la crisis de 2008, Hungría estuvo al borde de la suspensión de pagos y tuvo que ser rescatada por el FMI y la Unión Europea»

Se trata de una preocupación compartida por Lagarde (BCE) y Hernández de Cos (BdE), que son los que llevan la chequera y, por ende, las cosas del comer, y que recelan de las medidas que ha tomado España para hacer frente a la elevada inflación. No porque el Banco Central Europeo considere que las grandes empresas no tengan que apoquinar, sino por la opacidad del proceso (se enteraron por la prensa) y por la deficiente formulación de los gravámenes, que nos sitúan en línea con otros países europeos de dudosa reputación. ¿Saben cuál? Efectivamente.

Si Hungría no destaca por su defensa de la legalidad, menos aún por su ortodoxia económica. En la crisis de 2008, estuvo al borde de la suspensión de pagos y tuvo que ser rescatada por el FMI y la Unión Europea, con un acuerdo de 25.000 millones, para evitar el colapso de su sistema financiero. A pesar de ello, Orbán se negó a implementar las medidas de ajuste exigidas.

En cuanto a los impuestos extraordinarios, Orbán y Sánchez siguen caminos paralelos. El húngaro ha activado un gravamen generalizado para todos los sectores ‘beneficiados’ por la subida de la inflación y los precios energéticos. Prevé recaudar 2.040 millones de euros en 2022 y otros 2.080 millones en 2023. El español espera sacar 2.000 millones anuales con la tasa energética y otros 1.500 millones con la bancaria. En total, 7.000 millones entre 2022 y 2023.

En el resto de la comparación, Hungría sale ganando. Las empresas españolas afectadas señalan, y con razón, que allí, en contra de lo que está ocurriendo aquí, no se ha estigmatizado a energéticas y bancos, sino que se trata de un impuesto generalizado para todos los sectores beneficiados por el contexto actual. Eléctricas y entidades financieras serán las que más aporten, pero también habrá cargas extraordinarias para aseguradoras, telecomunicaciones y farmacéuticas, entre otras.

El populismo económico y sus nuevos profetas, Sánchez y Calviño, podrán argumentar que estas críticas a los impuestos provienen de empresas que están presentando resultados millonarios, que contratan a oscuros ‘lobbies’ para presionar en Europa y que lanzan sus tentáculos sobre los medios de comunicación aprovechando la dependencia económica de la prensa. Puede ser.

Pero también puede ser lo contrario. Hace un par de años, esos beneficios no eran sino un agujero milmillonario y, entonces, no llamó nadie de Hacienda a esas mismas compañías diciendo: «Oye, he visto que tenéis unas pérdidas extraordinarias y queremos ayudar». También puede ser que en Europa, ‘lobbies’ y medios aparte, les preocupe la involución democrática.

Los expertos entienden que un impuesto a los beneficios extraordinarios, aplicado en un sector de mercado libre como pueda ser la banca, es demagógico y populista. El energético hubiera tenido sentido si se hubiera puesto en marcha a principios de año, antes del guirigay del tope al gas, mientras que el de la banca, directamente, no tiene sentido alguno. No hay nada de extraordinario en que suba el euríbor, ni existe una correlación directa y proporcional entre este índice y la obtención de beneficios por parte de las entidades financieras. No se trata de ser o no solidarios. Se trata de seguridad jurídica y Estado de derecho.