- No parece que AMLO, un presidente con las horas contadas, esté preocupado por el cumplimiento de los estándares internacionales o el respeto a la separación de poderes.
Su compañero de partido y precursor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), permanecerá en el poder durante este periodo interino.
Uno podría pensar que los últimos meses de un presidente saliente son, o deberían ser, meses de poca modificación legislativa con trascendencia, a la espera de que el nuevo equipo de gobierno llegue con un nuevo proyecto para el país. Sin embargo, AMLO tenía preparado un último golpe para el país azteca: el asalto al Poder Judicial.
A principios de esta semana, el Senado mexicano (tras la aprobación previa del Congreso) aprobó la mayor modificación del Poder Judicial propuesta desde la promulgación de la Constitución mexicana.
Esta propuesta, lejos de ser una ocurrencia, supone la culminación de una estrategia que AMLO ha venido trazando durante estos últimos años, donde ha llegado a tachar a los jueces de «corruptos al servicio de la delincuencia organizada» e incluso a incluir una sección en su programa diario de propaganda Las mañaneras en donde se señala públicamente a jueces y juezas que toman decisiones «polémicas».
Siendo, claro está, el juicio del presidente el que marca la línea de lo polémico.
El primero de los cambios significativos que traerá consigo esta reforma es un cambio en el método de elección de los jueces y juezas.
«La reforma propuesta por AMLO busca crear un proceso de elección directa y secreta a través del cual serán los ciudadanos los que elijan a los jueces»
Actualmente, para nombrar a los jueces de la Suprema Corte (el equivalente a nuestro Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), el presidente propone una terna. Pero el encargado de escoger a cada uno de esos jueces es el Senado.
Por su parte, los magistrados del Tribunal Electoral (encargado de resolver disputas electorales) son elegidos por el Senado a partir de las propuestas realizadas por la Suprema Corte, mientras que los demás jueces del país (denominados jueces federales) son nombrados a través de un proceso competitivo basado en criterios objetivos.
La reforma propuesta por AMLO busca crear un proceso de elección directa y secreta a través del cual serán los ciudadanos los que elijan a los jueces. La terna de candidatos que se someterían a votación popular sería elegida así por los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
Así, por ejemplo, para elegir a los jueces de la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo, el Legislativo (a partes iguales entre Congreso y Senado) y el Judicial nominarían a diez candidatos cada uno.
En segundo lugar, se propone a su vez la remoción de todos los jueces en ejercicio una vez los nuevos sean elegidos. En números, se estima que esto supondría remover aproximadamente a mil ochocientos jueces en todo el Estado mexicano.
En tercer lugar, se propone la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la supervisión y disciplina de los jueces, por dos órganos denominados Órgano de Administración Judicial, formado por cinco miembros nombrados por el presidente y encargado de supervisar la administración del Poder Judicial, y el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco miembros electos por voto popular, cuya nominación seguirá el mismo criterio que el anteriormente explicado para los jueces, para investigar y sancionar a los operadores de justicia.
Ante esta situación, organismos internacionales como la ONU, a través de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, han mostrado su enorme preocupación por las medidas propuestas por el gobierno de AMLO.
En primer lugar, porque el Derecho internacional exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la existencia de una judicatura independiente y competente. Y la propuesta normativa de AMLO no garantiza ninguna de estas dos premisas.
La primera (independencia), porque la nominación por parte de los órganos ejecutivos y legislativos puede dar lugar a la politización de los nombramientos judiciales.
«La permanencia o seguridad en el cargo de los jueces está garantizada por estándares internacionales que prohíben su remoción arbitraria o sin justa causa»
La segunda (competencia), porque la medida carece de un mecanismo transparente e independiente que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad. Al contrario, desplaza la verificación de esos requisitos a la mesa del Senado.
En segundo lugar, por el ataque frontal y manifiesto contra la seguridad e independencia judicial que supone la remoción de mil ochocientos jueces en ejercicio.
La permanencia o seguridad en el cargo de los jueces está garantizada por estándares internacionales que prohíben su remoción arbitraria o sin justa causa. Apartar de su cargo a todos los jueces y juezas del país para sustituirlos por otros de, tal vez, dudosas aptitudes profesionales para el cargo podría suponer además una parálisis total de la justicia mexicana, socavando los derechos a un juicio justo de los ciudadanos mexicanos.
Y, por último, porque la creación de dos organismos claramente politizados con facultades para sancionar (sin facultad de apelación) a los operadores de justicia cuando «sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, así como asuntos determinados por la ley» resulta absolutamente incompatible con los estándares internacionales de protección de la justicia y respeto a la separación de poderes.
Pero no parece que AMLO, un presidente con las horas contadas, esté preocupado por el cumplimiento de los estándares internacionales o el respeto a la separación de poderes. AMLO ya ha conseguido los avales legislativos que precisaba y sólo le falta promulgar la ley, lo que previsiblemente sucederá este domingo 15 de septiembre.
Las consecuencias para el Estado mexicano de la aprobación de esta medida son impredecibles.
Pero si hay una cosa clara es que no será AMLO quien esté ahí para lidiar con ellas. Tal vez por eso haya puesto el presidente tanto empeño en sacar adelante esta medida, sabedor de que suyo no será el eventual fracaso, pero sí la satisfacción de haber librado y vencido en su última cruzada al frente del país azteca.
*** Gabriel Rodríguez es abogado y diputado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.