EL MUNDO – 14/02/16
· La Audiencia cambia de criterio en la causa contra los ex dirigentes procesados.
· En un primer momento, el entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dijo no, rechazó la denuncia por delitos de genocidio y lesa humanidad contra cinco dirigentes de ETA. Pero la Sección Cuarta de lo Penal admitió el recurso presentado por el hijo de un asesinado por ETA y ordenó que se abrieran diligencias, porque consideraba que era la instancia competente para investigar.
Hablamos de febrero de 2014. Desde entonces, la evolución de este caso ha sido entre confusa, desordenada, caótica, política, frustrante… cualquier cosa menos normal. Durante el procedimiento se han ido sumando acusaciones, hay más víctimas, está Dignidad y Justicia… El último episodio, la reunión de dos de los denunciantes –los padres de los guardias civiles asesinados por ETA Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada– por el caso de Aitor Elizarán y su puesta en libertad. Los padres de los asesinados se reunieron con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para mostrarle su más absoluta disconformidad con la actitud de la Audiencia Nacional en este caso.
Pero antes, cuando el caso empezaba a dar sus primeros pasos, el empuje judicial y policial fue importante. El instructor encargó que se elaboraran informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que le detallaran prácticamente la historia de ETA. Pidió datos de inteligencia para saber quiénes han sido los terroristas que han pasado por la cúpula etarra. Porque lo que denunciaban y denuncian las víctimas es la intención permanente de ETA de expulsar de lo que considera sus fronteras, entre otros colectivos, a la Guardia Civil, a la Policía y al Ejército.
Y los informes fueron llegando al juzgado. Primero llegó un escrito elaborado por la Policía Autónoma vasca con un relato corto, lineal y sin potencia jurídica. Posteriormente, el de la Policía Nacional y el de la Guardia Civil. Estos dos últimos dieron pie a posteriores actuaciones judiciales, ya que aportaban datos claros sobre la evolución histórica de ETA, sobre el quién es quién de la organización terrorista, y cómo las sospechas sobre las actuaciones de sus diferentes dirigentes para encausarles por lesa humanidad tenían peso específico, no era acusaciones sin fundamento.
Y así lo vio también la Fiscalía de la Audiencia Nacional cuando en mayo del pasado año reconoció en un escrito de 12 folios que los atentados de ETA podrían ir «más allá de los meros delitos de terrorismo» dado que son «delitos de lesa humanidad».
Es la primera vez que en España existe un procedimiento judicial abierto por delitos de lesa humanidad cometidos en territorio nacional. Se trata de la historia de la «persecución», la «expulsión forzada» y el «asesinato selectivo», apuntan los escritos judiciales.
Lo que arrancó como una querella contra cinco dirigentes de ETA se fue ampliando, fundamentalmente por la participación activa de Dignidad y Justicia, hasta los 45 etarras que han tenido mando en las estructuras terroristas durante toda su historia.
La Fiscalía rechazó que se tratara de un delito de genocidio, pero sí admitió que ha podido existir lesa humanidad, basándose en ese «carácter de persecución política».
«Como puede fácilmente observarse, los hechos a investigar van más allá (…); el delito de terrorismo se encontraría así en relación concursal con el de lesa humanidad, es decir, dentro de la categoría general de crímenes contra la humanidad, a pesar de tener unos tipos penales propios», indicaba entonces la Fiscalía. En julio del pasado año, el entonces instructor de la Audiencia Nacional Juan Pablo González admitió a trámite otras tres denuncias de víctimas de terrorismo que abrían la puerta a investigar a las cúpulas etarras.
Y a Francia se fue el juez a interrogar a varios etarras encarcelados, entre ellos, Aitor Elizarán.
Y en octubre de ese mismo año, el juez dictó ya auto de procesamiento contra los cinco primeros dirigentes etarras bajo sospecha. Entre esos cinco, Aitor Elizarán. Era la primera vez que en España se dictaba una resolución de este tipo por delitos cometidos en nuestras fronteras.
En diciembre, todo dio un giro inesperado. González abandonó el juzgado y llegó Carmen Lamela. Elizarán acabó de cumplir su condena y fue puesto en la frontera. La Justicia no reaccionó inicialmente y el terrorista, procesado por lesa humanidad, quedó libre.
Posteriormente, pese a la actitud de la Fiscalía, se ordenó su detención. Pero para cuando fueron a buscarle, ya no estaba. Se entregó voluntariamente de forma pactada ante la juez Lamela. La instructora decidió dejarle en libertad tras consultar únicamente a la Fiscalía, sin dar voz a las víctimas que habían denunciado a Elizarán y a los demás por lesa humanidad.
El etarra presentó un recurso contra su procesamiento. Y la Fiscalía, también. Sorprendentemente, el Ministerio Público ahora se suma a los argumentos del dirigente etarra y considera que en los informes que le señalan no hay indicios claros por lo que entiende que no se le puede acusar de nada. Un auténtico galimatías.
EL MUNDO – 14/02/16