Mayte Alcaraz-El Debate
  • Si el 1 de octubre de 2017 la Generalitat hubiera tenido las competencias en fronteras –controlando el repliegue de las fuerzas de seguridad– y en fiscalidad –decidiendo sobre el dinero que aportamos todos, ¿cuánto hubiera tardado el golpe de Estado en triunfar?

Decía ayer Emiliano García-Page que el pacto de Pedro Sánchez y Puigdemont para ceder a Cataluña las políticas de inmigración le causa «bochorno» y es «racista». El barón socialista sube la apuesta, pero de nada sirve lo que diga, porque esto ya no va de adjetivar, ni de marcar distancias con el jefe para salvar tu electorado, ni de constatar lo obvio. Es mucho más: es la comprobación en nuestras propias narices de que asistimos al loncheado de la nación más antigua de Europa como si fuera un salchichón, en palabras de Alfonso Guerra, al que tan solo le va a quedar en breve la cuerda.

Cualquier Estado que se precie guarda sus fronteras para que no sean violadas. La frontera es la aduana natural para esa inmigración que construye, que ayuda, que participa en la prosperidad de un Estado, que colabora en el pago de las pensiones, que ve crecer a sus hijos y morir a sus mayores en una tierra de acogida. Pero también lo es para quienes tienen como objetivo entrar irregularmente o, en un caso extremo, hacer daño y atacar la seguridad y las infraestructuras más sensibles de una nación. Solo un irresponsable, felón e inmoral, es decir, el auriga que engancha a su triga esos tres caballos de guerra para arrasar todo por donde pasa, traspasaría esa materia. Pero menos, para ganarse un rato más en el puesto de mando, ese cargo desde el que debería garantizar precisamente que nadie meta sus sucias manos en un menester tan delicado.

Con la cesión del control de la inmigración, de los permisos de residencia (ayer también les dieron la gestión de los de trabajo al Gobierno vasco) y de los centros de acogida, Cataluña consigue unas atribuciones que no tienen vuelta atrás y que dotan a una región de unas funciones propias de un Estado, como ha alardeado el líder de Junts, más sincero que Pedro Sánchez hasta durmiendo. Porque ningún nacionalista recibe esas facultades para ampliar la capacidad de acogida de una nación, sino para hacer ingeniería social, imponiendo medidas xenófobas y étnicas para que los que entren hablen catalán y aborrezcan el idioma y la cultura de todos. Cedidas esas funciones; concedido un régimen económico especial para que una Comunidad aporte lo que le da la gana a la caja común, es decir, nada; y borrados los delitos del Código Penal de aquellos que intentaron la secesión de ese Estado, nada le queda a este que no sea esperar a que, tarde o temprano, se repita el golpe institucional y esta vez sí, triunfe porque contará con un paraestado jurídico consolidado.

Solo hay que plantearse la siguiente hipótesis: si el 1 de octubre de 2017 la Generalitat hubiera tenido las competencias en fronteras –controlando el repliegue de las fuerzas de seguridad– y en fiscalidad –decidiendo sobre el dinero que aportamos todos, ¿cuánto hubiera tardado el golpe de Estado en triunfar? Media hora, tres cuartos. Aquellos que digan que el procés fracasó, se equivocan. Ha triunfado y se nos ha colado por la puerta de atrás, por la gatera de Sánchez. Podrán volver la Fundación de la Caixa, Criteria, o el Sabadell; podrán hablar del seny de Illa, pero el apaciguamiento se ha conseguido gracias al pago puntual del chantaje.

El documento que ha firmado un partido que dice ser obrero y español es fiel al más puro estilo separatista: supremacista, excluyente y etnicista. Ese partido que era de Gobierno ha estampado su rúbrica en un acuerdo que obliga a «la catalanidad y la inmersión lingüística» de los inmigrantes. Una clara amenaza a los derechos fundamentales de estas personas, las que se aplicará la limpieza social del buen soberanista. Esto no lo suscribe Junts, ni ERC, ni Aliança Catalana, no, lo firma el Partido Sanchista, antes Socialista, que ha asumido un discurso predemocrático que firmarían muchos de los partidos a los que Pedro dice combatir.

Gracias a él, la frontera de España con Francia será la frontera de Cataluña con Francia. Los no nacidos en Cataluña, entre ellos el resto de españoles, tendrán que cumplir con los requisitos de una fascista como Miriam Nogueras. Se pervierte el artículo 150 de la Constitución que contempla la delegación de competencias siempre que no sean exclusivas, como establece el 149.2. Veremos si tiene algo que decir Ursula Von der Leyen a su dear Peter. Porque los extranjeros que no quiera recibir Illa ¿los devolverá en caliente a Castellón? ¿A Huesca?

El próximo libro de Sánchez debería titularse «Así se desmantela un Estado». Y lo peor es que ni siquiera lo está haciendo porque crea en ello sino porque es el camino más corto para mantenerse en el poder unos meses más. Moralmente ya ha arrasado al Estado. Jurídicamente ya queda menos. A este paso ya no hará falta ni un referéndum pactado. Solo será necesario aplicar la geoestrategia de la tierra conquistada como en Ucrania, siguiendo la doctrina avalada por Trump pero impuesta por Putin. Este último tan afecto a Puigdemont y a «su golpe».