El espionaje en Colombia al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se encargó desde el PP, costó 300.000 euros y se pagó con facturas falsas.
Así lo relataron con todo lujo de detalles los abogados del detective Mariano Ortiz, que realizó personalmente los seguimientos, en presencia de dos representantes de González. Los letrados Alejandro Mata y Julio Hernández se reunieron en secreto con los emisarios del ex alto cargo el 29 de marzo de 2011 en las dependencias del Gobierno madrileño.
EL MUNDO ha tenido acceso a la grabación de aquella cumbre sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid, instada por los subordinados del entonces número dos de Esperanza Aguirre y que tenía como objetivo conocer de primera mano quién ordenó el trabajo de seguimiento a González junto a la cúpula del Canal de Isabel II entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2008. Pero también cómo se financió. Toda vez que González sospechaba de su entorno, especialmente del entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados, y quería pruebas para esgrimirlas internamente contra él.
Desde el Gobierno madrileño se planteó a los letrados Mata y Hernández que el investigador confesara lo que supiera y que, a cambio, harían lo posible para rebajar su hipotética condena en el procedimiento judicial por revelación de secretos en el que se investigan los hechos y en el que la acusación la ostenta precisamente todavía la Comunidad de Madrid.
En esa línea se emplazó a los letrados del detective en aquella cita a que contasen «toda la verdad» sobre este asunto, subrayando que su cliente tenía prácticamente la condena asegurada en el proceso judicial, al ser quien realizó materialmente el trabajo.
Cabe recordar que Ortiz fue quien se desplazó a Colombia tras ser contratado por la agencia de detectives madrileña Mira, propiedad de Julio Gutiez. El detective procedió a la grabación de la comitiva madrileña en Cartagena de Indias, inmortalizando conversaciones en las que González y sus acompañantes, entre los que se encontraban Ildefonso de Miguel, entonces gerente del Canal de Isabel II, hablaron de bufetes panameños y bancos suizos.
Asimismo fueron grabados portando unas bolsas cuyo contenido, según los espiados, eran toallas, y a juicio de los investigadores, contenían dinero en efectivo.
Los letrados Mata y Hernández, a preguntas de este periódico, aseguran que nunca supieron que dicha reunión iba a ser grabada.
Tras un intercambio de frases de cortesía, los cuatro asistentes al encuentro entraron en materia. «Bueno, al tema», indicaron rompiendo el hielo. «A ver si lo hemos entendido bien», comenzaron los representantes de González ante unos expectantes abogados, que no sabían qué se iban a encontrar.
«Mariano (Ortiz) tenía conocimiento, sabía las personas que habían ordenado toda la investigación de Ignacio González… y es el que realizó la investigación material», precisaron.
La primera reacción por parte de los abogados del detective fue de incredulidad al comprobar la insistencia de González y sus enviados en saber quién estaba detrás del encargo: «Nos sorprendía que se siguiera por su parte con este procedimiento, considerando que tiene conocimiento de quién ordenó realmente esta investigación». «Entendemos, con todo el respeto, que este procedimiento no va a tener para nuestro cliente ninguna consecuencia jurídica negativa, porque lo que se está persiguiendo es un posible delito de revelación de secretos en el que no ha intervenido», arguyeron los letrados Mata y Hernández, intentando quitar trascendencia al asunto. «A nuestro cliente se le encomienda que viaje a un lugar y hace una investigación a las personas que le dicen con independencia de conocer la relevancia política y social de estas personas. Lo que nos sorprendía es que hasta ahora nadie ha desvelado nada y se pretende que sea nuestro cliente el que lo desvele. Y, claro, después de la conversación que hemos mantenido con nuestro cliente nos sorprendía que [González] quisiera seguir hasta el final con el tema», añadieron los letrados del investigador.
«Por las pruebas que nos ha mostrado nuestro cliente, nos sorprende que [González] quisiera seguir adelante tan hasta el final. Él ha cumplido con su trabajo como detective, no se le paga y luego se le quiere meter en este procedimiento», abundaron.
Pero es que por si todavía quedaba alguna duda, uno de los letrados del detective, Alejandro Mata, reiteró la advertencia de que, si se llegase a saber realmente lo que ocurrió, afloraría una verdad incómoda para el partido. «No parece que fuera a beneficiar [a González] que se supiera quién había dado la orden de hacer esos seguimientos. Nuestro cliente lo que quiere es quitarse de en medio de esto y, en principio, no parece que vaya a tener ningún problema».
A la vista de la insistencia de los emisarios del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de que no consiguieron disuadirles de su objetivo, entraron en el fondo del asunto. No sin antes repetir, por enésima vez, su advertencia de que el PP podría sufrir daños colaterales: «Puede ser que, en un momento determinado, las relaciones entre determinados miembros del Partido Popular estuvieran tensas o tirantes o hubiera enfrentamientos, pero eso se solucionó en su momento y que a día de hoy se siga adelante sólo perjudica a vuestro cliente y a sus intereses políticos».
Tras escuchar atentamente a los abogados, terciaron los representantes de González pidiendo conocer lo que ocurrió, cayera quien cayera: «Él no tiene conocimiento del cliente final, pero Julio [Gutiez] le facilita todos los datos del cliente final, quién es el encargante, él dispone de toda la información», señalaron para tirar de la lengua a los letrados.
«Lo que Julio le facilita a Mariano es el pasaje de avión y le dice las personas a las que debe seguir y que ya le dirá qué día tiene que partir. Si él llega a saber a quién iba a seguir, no lo hubiera hecho, porque los riesgos personales que corrió fueron muy altos. Desconocía lo que se iba a encontrar. Pero nuestro cliente conoce a través de Julio los datos», contestaron los defensores del detective, reconociendo por primera vez que disponían de las claves de este asunto.
Sin embargo, antes de mostrar sus cartas, los representantes del detective formularon una pregunta a los emisarios del número dos de Aguirre. «¿González no sabe quién ha hecho ese encargo de que se le siga y se le investigue? Decidnos si sí o si no».
La respuesta de los enviados de González fue confirmar sus intenciones: «Hemos abierto un procedimiento y llevamos camino de dos años y desde el principio el interés del cliente es saber quién es el encargante y toda la verdad en relación a esta situación. Por un lado, está el seguimiento a Colombia, la investigación patrimonial a Ildefonso [de Miguel, ex gerente del Canal de Isabel II], no pudiendo nosotros excluir que todo esté conectado, porque hay una coincidencia en el tiempo». «El interés es saber todo: encargantes, motivaciones, pagos, cantidades, ingresos… todo».
Aclaradas las intenciones de unos y otros, los abogados del detective empezaron a aflorar datos muy concretos: «Por referencias, nuestro cliente cree saber quiénes son los encargantes y cómo se hizo el pago a Mira, porque el pago se hizo. Fueron 300.000 euros».
Los enviados del entonces vicepresidente madrileño escucharon estupefactos e instaron a sus interlocutores a que concretaran más: «En este tipo de trabajos no se va a hacer la transferencia bancaria, se hará con otros conceptos», indicaron los emisarios de González, apuntando que pudieron mediar facturas falsas.
El letrado Hernández se lo confirmó: «Te digo que el pago no se realizó a través de metálico. Aparecerá otro concepto. Hay terceros que están también involucrados». Su compañero de despacho aprovechó para apostillar: «De política no entendemos mucho, pero vamos… Puede que tú lo desconozcas pero nos extraña mucho que a estas alturas Ignacio González no lo sepa». «El seguimiento de Ignacio González parte de una cuestión política […]. Por lo que nuestro cliente sabe que la orden parte del entorno del Partido Popular […] Más claro… Ya te lo hemos dicho», sentenciaron.