Fernando Martínez-Maíllo vino a reconocer que nunca habían tenido voluntad de cumplir el acuerdo con el PP. «Lo firmamos porque eran lentejas» (o las comes o las dejas). Este hombre aplica a los pactos análogo tratamiento al que Tierno Galván, artista de la simulación, proponía para los acuerdos con los votantes: «Las promesas electorales se hacen para no cumplirlas». En realidad, al coordinador general del PP le habría venido mejor una expresión popular más relacionada con las mañas del cortejo (ritos de apareamiento, que dijo Arzalluz): «Hasta meter, prometer y después de metido, olvidar lo prometido».
La exhibición desacomplejada y cínica de incumplir un acuerdo merece reproche, principalmente por parte del socio damnificado. Hay en la reacción de Ciudadanos algo que se comprende: si te niegas a acabar con el aforamiento y a limitar los mandatos, se lo propondré a otros grupos parlamentarios y ya veremos. Podría sacarlos con el apoyo del PSOE y Posemos, en el caso de que los citados estuvieran dispuestos a apoyar una iniciativa del pequeño. Otra cosa es que la limitación de mandatos requiera modificación constitucional, ellos dicen que no, que bastaría con modificar la Ley de Gobierno, que eso está por ver.
El acuerdo para crear una comisión de investigación sobre la financiación del PP es otro de los misterios dolorosos de este rosario: jamás una comisión de investigación parlamentaria ha servido para nada, especialmente cuando hay un proceso judicial abierto sobre el tema. Cuando no quiero resolver algo, creo una comisión, decía Napoleón. Pero es que además ya hay dos comisiones aprobadas, la de la banca y la de Interior. No hay precedentes para añadir una tercera.
Claro que el problema lógico de Ciudadanos es murciano. Albert Rivera no debe de creer en la igualdad de todos los españoles. Él, por ejemplo, se muestra mucho más estrecho con el PP que con el PSOE. Y esto mientras abandona la profesión de fe socialdemócrata para abrazar la causa liberal. Tal vez sea esa la razón. Después de todo, el PP es un partido más socialdemócrata que el PSOE, que se ha convertido en una fuerza filocomunista, y ya si gana Pedro IX (nono) ni les cuento. Creo que lo tengo dicho, pero insistiré para distraídos: en el pacto para la investidura de Sánchez exigían que los imputados por corrupción dejaran el cargo a la apertura del juicio oral, al pasar de investigado a procesado. En el pacto con Rajoy (y en el de Pedro Antonio Sánchez en Murcia) para exigir el cese le bastaba la imputación. Con los alcaldes de Granada, lo mismo: la imputación basta para montar una moción de censura a Torres, del PP, pero cuando se imputa a su sustituto, el socialista Cuenca, por ellos apoyado, parece que no. Otrosí: aún no hace 10 días que Rivera defendió su proyecto de ley contra la corrupción en el Congreso y lo sacó adelante con una mayoría notable de 337 votos. En esa ley se fija la dimisión en la apertura del juicio oral. Es un poco ridículo que mantengan para el presidente de Murcia investigado otro criterio, convirtiéndolo en imputeado.