Arcadi Espada-El Mundo
PARA QUÉ ir a escuchar a Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, o a Margaritis Schinas, un portavoz de la Comisión, los dos estrenándose sobre el asalto a la democracia de los nacionalistas catalanes, y los dos poniendo en la misma frase, mediante la inmoral adversativa, a un gobierno que defiende los derechos de los ciudadanos en nombre de la ley y a otro que desde fuera de la ley los conculca. Ni Tusk ni Schinas demuestran conocer la diferencia entre la fuerza –de la ley– y la violencia –siempre ilegal. Los demócratas españoles llevan mucho tiempo denunciando que Europa hubiera eludido la insurrección nacionalista bajo el mantra del asunto interno. Nunca imaginaron los demócratas que era lo máximo a que podían aspirar. Pero no es necesario ir a Bruselas para encontrar esta debilidad mortecina. El propio ministro de Justicia, ayer donde Alsina. Hablaba como si alguna legítima porra policial le hubiera dado en la cabeza. El Gobierno debe estar orgulloso del trabajo de la Policía. Y en modo alguno debe dejarse intimidar por las mentiras. La imagen más precisa, no ya del 1 de octubre, sino de todo el Proceso, es la urna que se les cayó de las manos a unos torpes voluntarios cuando iban a dejarla en un colegio, poco antes de que lo abrieran. La urna llevaba bicho dentro: cientos de papeletas ya introducidas, probablemente –son muy estetas– de votos negativos. Los cientos de heridos son una más de sus mentiras. Tusk o Schinas han querido creerla, que es lo eurochic. Pero entre las obligaciones prioritarias del ministro de Justicia está la denuncia de las mentiras. No solo de las mentiras. Por la mañana quedé perplejo de que el ministro no anunciara ninguna acción inmediata contra la policía catalana, observada durante todo el domingo en flagrante delito. Pero eso no fue nada respecto a lo que mientras escribo no sucede. Las ocho de la tarde ya, y el Gobierno no ha tomado ninguna medida ejecutiva contra los mandos de esa policía ni ha explicado a los españoles cómo va a asegurarse el control de esa fuerza de 14 mil hombres que participó por activa o por pasiva en la insurrección. Pero ahora llega un cable para ahorcar la columna y demostrar hasta qué punto el Gobierno toma decisiones. Dice la noticia: «Las fuerzas policiales abandonan los hoteles de Calella por la presión vecinal». La presión vecinal se produjo en dos turnos. A primera hora de la mañana el todavía presidente Puigdemont exigió que la Policía se largara de Cataluña. Y a los pocos minutos llamó al director del hotel la concreta alcaldesa del lugar: «O los echas o no hay licencia de reforma».
¡Bruselas! Teniendo el ministro de Justicia de Calella.