Tal vez tenga razón Pedro Sánchez respecto a la dimensión institucional de su esposa; si no de la persona, cuya defensa ante las acusaciones de Milei ha querido convertir el presidente en una cuestión de honor patrio, sí de la polémica en torno a su trabajo. Porque los datos conocidos hasta ahora de ciertas actividades profesionales de la señora Gómez sugieren que algunos empresarios pudieron acercarse a ella en busca de contactos de alto nivel en la Administración del Estado. Y sin que ello presuponga ningún ilícito penal, que en cualquier caso afectaría a terceros, la evidencia de que esos patrocinadores obtuvieron sustanciosas adjudicaciones de subvenciones y contratos es suficiente para justificar el carácter público de un escándalo susceptible de provocar un terremoto en cualquier país democrático dotado de estándares de transparencia avanzados.

Hubo en España un momento, allá a finales de 2019 y principios de 2020, en que en ciertos ámbitos madrileños de negocios corrió la idea de que la carrera profesional de la segunda dama podría constituir una vía de acceso a esferas de influencia en las decisiones del Gobierno. Hay ‘lobbies’ que se dedican a eso; consultoras de exministros y antiguos altos cargos bien relacionados que ejercen de ‘sherpas’ en los intrincados pasillos de la Moncloa y del Parlamento. Pero cundió el pensamiento de que colaborar en la tarea filantrópica de alguien tan cerca del poder podía ayudar a obtener interlocución de privilegio. De hecho, quienes allegaron fondos a esos proyectos lograron presentar en licitaciones oficiales cartas de recomendación firmadas por la cónyuge presidencial en refuerzo de sus méritos. De ahí a colegir un nexo de causa-efecto en la obtención de concursos o en un rescate estratégico de varios cientos de millones de euros –y con un célebre intermediario del ‘caso Koldo’ por medio– va un trecho que sólo puede recorrer un tribunal tras el correspondiente proceso.

Quizá, sin embargo, la judicialización del asunto termine resultando contraproducente por precipitada. A corto plazo la oposición puede sacar rédito de una eventual imputación y su consiguiente tormenta social y mediática, pero en caso de archivo Sánchez se hará la víctima antes de dar las explicaciones necesarias y será muy difícil reabrir la causa. Es en el ámbito político e institucional donde deben aclararse los detalles y el alcance de unas concomitancias a simple vista impropias y como mínimo poco atentas al código de buenas prácticas. Porque no se trata tanto de una controversia sobre la honestidad de la mujer del César –cuya conducta, al revés de la famosa paremia, conviene que además de parecer irreprochable lo sea– como de que existe una duda razonable sobre la limpieza del funcionamiento del sistema. Y despachar como simples bulos unas noticias ciertas no contribuye en absoluto a disipar sospechas.