Atacar a la Policía vasca es un injustificable intento por criminalizar el desempeño de sus competencias en seguridad. Revela además la importancia de persistir en la deslegitimación de la violencia, en una labor que compete a instituciones y ciudadanos. Pero que apela en este caso a EH Bildu, obligada a llamar al orden para atajar una espiral violenta que afecta a localidades en las que gobierna. La izquierda abertzale debe ejercer la responsabilidad que le confiere la makila en favor del interés general. Está en juego demostrar que su apuesta por la normalización, reflejada en una ampliación de su poder municipal, no es un mero gesto estratégico para pasar página de su pasado sin el imprescindible recorrido ético.

Aunque parece que se repite el patrón de la pandemia, cuando una ola de incidentes similares agitó las ‘no fiestas’ vascas, los altercados de este verano carecen del ‘efecto descorche’ provocado por las antaño fuertes restricciones. No es razonable como ha hecho la alcaldesa de Azpeitia señalar a la Ertzaintza como eventual responsable de los sucesos, por muy «desproporcionado» que sea su despliegue. Un despliegue, por cierto, justificado por los propios agentes para evitar males mayores y no quedar desprotegidos.

Apuntar a la Policía retrotrae a tiempos superados de dianas e intimidación en una Euskadi que se ha dotado de las garantías que ofrece el Estado de Derecho para preservar las libertades, incluida una ley de abusos policiales y vulneración de derechos humanos aprobada en 2016. No se trata de contraponer «la rapidez con que se condena una pintada», como plantea Arkaitz Rodríguez (EH Bildu). Lo que urge es atajar de raíz altercados en los que participan numerosos jóvenes con al menos un rechazo firme y contundente. No hacerlo es correr el peligro de que proliferen en la antesala de las fiestas de las capitales vascas.