DIARIO VASCO, 18/3/12
La izquierda abertzale se da tiempo y fía su estrategia a que el PP, sobre todo en Euskadi, se desgaste si el proceso para la paz sigue en ‘stand by’
El ritmo de los acontecimientos desde que ETA anunció el pasado 20 de octubre el cese definitivo de la violencia parece haberse ralentizado de manera inversamente proporcional a la velocidad con que se precipitaron los avances hacia la paz durante el pasado año. Cinco meses después de aquel histórico anuncio, el proceso para consolidar la pacificación y normalización se encuentra en una situación de ‘stand by’ o atasco. Por una parte, el Gobierno rechaza un cambio radical en su política penitenciaria que flexibilice la situación de los presos. Por otro lado, la organización armada no da signos de querer disolverse, como le reclaman la amplia mayoría de instituciones y partidos.
Los partidos confían en que el trabajo discreto permita avances en temas como los presos
La coyuntura de crisis económica tampoco ayuda a que los gobiernos y formaciones políticas puedan centrar todos sus esfuerzos en la pacificación y normalización de Euskadi. La aparición en el horizonte cercano de unas elecciones autonómicas clave invita a pensar en que los partidos caerán en la tentación de nadar y guardar la ropa más que en adoptar decisiones que puedan contravenir sus objetivos. Esta situación de aparente parón es observada con recelo en la izquierda abertzale, aunque todavía no ha hecho saltar sus alarmas. El mundo de Batasuna mantiene por ahora su ‘hoja de ruta’ y se da tiempo en la creencia de que el PP, en especial en Euskadi, acabará acusando el «desgaste de su actual inmovilismo» y no tendrá más remedio que dar nuevos pasos, señalan desde la formación independentista.
Cronología
2009
Trabajo de ‘cocina’. Pese a la situación de paréntesis en que parece sumido el proceso, nadie duda de que los gobiernos central y vasco, la izquierda abertzale y los partidos siguen trabajando en la sombra para avanzar en el nuevo escenario sin terrorismo. Fuentes conocedoras de los entresijos del proceso no tienen dudas de que el Ejecutivo de Rajoy está informado al dedillo de los movimientos en el seno de ETA. En este sentido, las fuentes consultadas apuntan incluso a la posibilidad de que el centro suizo Henri Dunant, promotor de las fallidas conversaciones de paz de 2006, siga jugando algún papel para favorecer el camino abierto en Euskadi. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen vigilados a la mayoría de etarras en la clandestinidad. Moncloa no quiere saber nada de mediadores extranjeros, aunque los líderes internacionales de la Declaración de Aiete, entre los que se encuentra gente del prestigio de Kofi Annan o Jonathan Powell (exjefe de gabinete de Tony Blair) siguen intentando implicar a Madrid en un proceso acordado. La Comisión Internacional de Verificación, pese a no contar con el respaldo oficial del Gobierno del PP, mantiene su labor de control del fin del terrorismo y tiene previsto en próximas semanas informar de los avances registrados. En el Gobierno español trabajan con la hipótesis de que la organización realizará algún gesto en la línea de favorecer su futuro desarme, que quiere iniciar de forma acordada con el Ejecutivo. Es poco probable, no obstante, que ETA aborde esta cuestión en el comunicado que, como todos los años, podría difundir para el Aberri Eguna, el 8 de abril.
Política penitenciaria. El futuro de los presos se ha convertido en una cuestión clave difícil de desatascar. El Gobierno del PP, con el apoyo del Ejecutivo de Patxi López y el PSOE, se va a limitar a impulsar la vía Nanclares, consistente en otorgar beneficios penitenciarios únicamente a los reclusos que se alejen de la organización terrorista y expresen arrepentimiento hacia las víctimas. La fórmula se está ensayando con cierto éxito con el grupo de presos disidentes de ETA nucleado en la cárcel alavesa de Zaballa. Esta vía es rechazada tanto por la izquierda abertzale como por el colectivo oficial de presos (EPPK), que abogan por una justicia transicional que establezca un conjunto de medidas políticas y jurídicas adaptadas a la situación de no violencia, siguiendo los modelos de Irlanda o Sudáfrica. El grupo de Nanclares supone un porcentaje muy pequeño del total de internos vinculados con ETA, por lo que desde el independentismo vasco no creen que esta vía sea la solución. Para alterar esta dinámica y favorecer la reinserción y su alejamiento de la violencia, el Gobierno Vasco, a través de su nuevo comisionado, Jesús Loza, quiere hablar con los presos para exponerle que su salida pasa por soluciones personalizadas basadas en el perdón, como exige la legislación.
Otegi y Sortu. El futuro judicial de Arnaldo Otegi y de Sortu podría suponer en los próximos meses un empujón al proceso. En el caso del exportavoz de Batasuna, su recurso se resolverá en unas semanas. La defensa y la mayoría de partidos, con excepción del PP y UPyD, esperan y desean que el nuevo escenario favorezca la absolución. Sus letrados confían en que el juez atienda el argumento de que el único trabajo que desarrollaba Otegi era apostar por las vías sólo políticas. En el caso de Sortu, son cada vez más crecientes en el ámbito político vasco los rumores de que el Tribunal Constitucional no esperará a su renovación para decidir sobre el caso. De esta forma, sería la actual sala la que dictaminaría una sentencia antes del verano. No obstante la izquierda abertzale prefiere optar por la cautela a la ahora de poner plazos. Sea como fuere, en medios políticos se apunta como hipótesis factible la aceptación del recurso del nuevo partido político, que expresó su rechazo a la violencia de ETA. El precedente de Bildu y el reciente e importante acuerdo del Congreso contra las ilegalizaciones, suscrito incluso por el PP, invitan a pensar en ese desenlace. Los jueces también están modulando, de manera individual y de forma paulatina, la aplicación de la doctrina Parot a algunos reclusos.
Izquierda abertzale. El mundo de Batasuna insiste en que la resolución del camino pasa por un proceso acordado entre el Gobierno y ETA sobre las «consecuencias del conflicto», sustanciadas en desarme, presos y víctimas. La izquierda abertzale no oculta cierta preocupación por lo que entienden «inmovilismo» del PP, aunque confían en que, una vez que los populares terminen con su labor pedagógica hacia las víctimas y los sectores más ortodoxos del partido, se pueda tejer un trabajo discreto que conlleve avances en las cárceles. La formación independentista asume, en cualquier caso, que este proceso «no se resuelve en dos o tres meses» y se pertrecha para un proceso largo. La izquierda abertzale mantendrá su ‘hoja de ruta’, pese a la actitud de «cerrazón» del Ejecutivo de Rajoy, y no tiene pensado pedir a ETA que se disuelva. El mundo de la antigua Batasuna sostiene que es el único que da pasos adelante y reclama a Madrid y París reciprocidad. En todo caso, el sector independentista cree que un frenazo en el proceso «desgastará» al PP, en especial en Euskadi. La formación independentista teme los obstáculos que puedan surgir, en forma de accidentes de tráfico, si se mantiene la dispersión de presos. Entiende que una eventualidad de ese tipo podría elevar la tensión social y la presión política contra el Gobierno y la formación que dirige Antonio Basagoiti, en el convencimiento de que «una mayoría social» en Euskadi quiere que el Ejecutivo se mueva. El mundo de la antigua Batasuna es consciente también de que su nueva apuesta ha tenido además una gran rentabilidad electoral en las municipales, forales y generales. Su reto es mantener esta tendencia en las autonómicas de dentro de menos de un año. La izquierda abertzale se marca el desafío de ganar en escaños y, en ese caso, no renunciará a lograr el Gobierno Vasco, lo que culminaría un ciclo electoral triunfal. No es descartable que el siguiente movimiento significativo de ETA en clave de desarme o disolución puede producirse en vísperas de la cita con las urnas.
La controvertida ponencia. Precisamente, la integración de la izquierda abertzale en el debate político parlamentario amenazó la semana pasada con dinamitar las relaciones PSE-PP. Finalmente, el día 30 habrá acuerdo para poner en marcha la ponencia de paz que integrará de forma puntual a representantes de Bildu y Amaiur. La izquierda abertzale la boicoteará al no garantizarle una presencia permanente. Este rechazo y la imposibilidad técnica de que en los meses que restan de legislatura la ponencia tenga un largo recorrido relativizarán, probablemente, la efectividad del foro. Más contenido puede tener, si finalmente cristaliza, la reunión que pretende mantener el PSE-EE con la antigua Batasuna.
El laboratorio de Gipuzkoa. Este territorio se ha convertido en el laboratorio de ensayo de la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones. El Gobierno de la Diputación está mostrando a la formación independentista con toda su crudeza el desgaste que supone el ejercicio del poder. La oposición de PNV, PSE y PP aprieta a Bildu tanto en Gipuzkoa como en el Ayuntamiento de San Sebastián. La cuestión de los residuos sólidos urbanos provoca quebraderos de cabeza a la cúpula de la izquierda abertzale, que teme que todo el esfuerzo realizado en la consolidación del fin de la violencia se vea afectado por el coste social que pueden acarrear medidas controvertidas como el sistema de recogida de basuras puerta a puerta. Bildu, de momento, mantiene su apuesta por esta fórmula y el ‘no’ a la incineradora, pese al rechazo a coro de toda la oposición. En junio expira el convenio para llevar basuras a Bizkaia y debe tomar una decisión definitiva.
DIARIO VASCO, 18/3/12