Atención al Plan de Derechos Humanos de Carmena

Manuel Carmena está cocinando un Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. El plato final promete estar a la altura del famoso León come Gamba de una pasada edición de Masterchef. La diferencia es que, entonces, el autor de tamaña aberración fue inmediatamente expulsado del programa. En este caso, Carmena seguirá en la alcaldía de Madrid, encantada de la vida.

El pinche que se ha buscado Carmena para cocinar el Plan es Mauricio Valiente. No podría haber escogido a nadie mejor. Valiente es el líder de IU en la Comunidad de Madrid. Y, como tal, ha asumido la defensa explícita de las esencias ideológicas del comunismo frente a esos camuflados chicos populistas de Podemos. Sirva como ejemplo el hecho de que Valiente se levantó del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para no tener que condenar la invasión soviética de Hungría en 1956 cuando, a iniciativa del PP, se aprobó erigir un monumento en honor de los muertos a manos comunistas.

El plan sigue una larga tradición. La de pretender hacer pasar una agenda postmarxista por una defensa de los derechos humanos. Es una característica de la ideología responsable de los peores atentados a los derechos humanos en el s. XX la de pretender ser la más firme defensora de esos mismos derechos. Por ello, partiendo de la premisa de que Carmena y los suyos exaltan en su discurso aquello que violan en la práctica, el plan es bastante coherente.

Pero, antes de entrar en el contenido del plan, me gustaría destacar una idea.

Y esta no es otra que el origen de los derechos humanos. Es evidente que los derechos humanos no son un producto de la naturaleza. Son una construcción humana que se generó a un momento dado. ¿Y quién los inventó? ¿Fue Marx? ¿Lenin? ¿Fidel Castro? ¿Manuela Carmena?

Aunque esté sujeto a debate, creo que la respuesta más acertada es que los inventamos los españoles en el siglo XVI, en el contexto de la conquista de América. El famoso sermón de Antonio de Montesinos de 1511, las Leyes de Burgos de 1512 y la Junta de Valladolid de 1550-1551 forjaron la idea de que los indios americanos eran hombres libres y, como tales, tenían una serie de derechos que los españoles debían respetar: el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la propiedad, etc.

Por ello, si de verdad fuesen Carmena y los suyos defensores de los derechos humanos, celebrarían con normalidad el 12 de Octubre. La bandera de España refleja, también, la patria donde se originaron los derechos humanos. El descubrimiento de América devino en conquista, eso nadie lo niega. Pero fue una conquista con una característica que nunca antes se había dado: la del desarrollo de unos derechos humanos del conquistado. Ni los romanos, ni los godos ni los árabes lo habían hecho en la Península Ibérica. España sí que lo hizo en América.

Por eso, en vez de huir de Madrid el 12 de Octubre como hizo la alcaldesa, o de colgar banderas indígenas en edificios municipales (para, encima, colgarlas del revés), lo que deberían hacer es quitarse los complejos antiespañoles y celebrar la Fiesta Nacional con el orgullo de quien pertenece a la patria que inventó los derechos humanos.

Dicho esto, paso a analizar el contenido del borrador del plan hecho público.

Lo primero que llama la atención es que la Policía Municipal es presentada como una seria amenaza a los derechos humanos de los madrileños. Por eso, todo el esfuerzo está dirigido a formar a los miembros de la Policía sin descanso, para, parecería, atemperar sus destructores impulsos.

La formación es una señal distintiva del plan. En total, he contado 79 acciones formativas. Si incluyésemos las campañas de información y sensibilización, nos iríamos a más de 100. Esto confirma, una vez más, que la prioridad de Carmena es imponer a los madrileños lo que deben pensar. Y, por supuesto, colocar a sus amiguetes, puesto que ya nos imaginamos a quiénes encargarán los cursos de formación.

El plan mantiene la idea de los sóviets (llamados planes de convivencia y seguridad), pese a haberlos, supuestamente, descartado en Lavapiés tras la polémica creada.

Lo más llamativo es el Comité Ético de la Policía Municipal que prevé el plan. Estará formado por policías y «expertos externos» en derechos humanos (elegidos a dedo por Carmena, se entiende). El plan prevé que los miembros de dicho comité puedan «entrar en comisarías y recintos sin previo aviso y revisar las dependencias de retención de personas y los expedientes de las personas retenidas». Es decir, Carmena pondrá en marcha una oficina de asuntos internos paralela, ilegal y a su servicio político.

Una parte muy llamativa del plan está dedicada a la libertad religiosa. Se reconoce el derecho a ejercer la religión que se profese «individual o colectivamente, tanto en público como en privado». Sin embargo, cuando, por ejemplo, la portavoz Rita Maestre conculca este derecho en la capilla de la Complutense y es condenada judicialmente por ello, Carmena y los suyos salen en masa a apoyarla. Vaya coherencia.

Se prevé, además, una serie de acciones contra la islamofobia. ¿Y contra la cristianofobia no van a hacer nada? Porque ejemplos de asaltos a capillas hay unos cuantos en Madrid. Pero, claro, eso lo justifican ellos como parte de la libertad de expresión. Y los asaltos a mezquitas, entonces, ¿por qué no lo son?

Por otro lado, la furia formadora tiene en este apartado religioso una curiosa tregua, cuando aquí tendría todo el sentido. Los fieles a la religión musulmana son más propensos a discriminar a la mujer que los cristianos. ¿Por qué no montan cursos para hablar de la igualdad de la mujer y de la defensa de los derechos de las mujeres con los imanes?

Además, el plan prevé que una futura Ordenanza de Convivencia revise «la cesión de espacio público para actividades religiosas» y estudie «las cesiones de espacios públicos realizadas en los últimos años a las confesiones religiosas para valorar si se ha privilegiado de forma injustificada a una determinada confesión». Es evidente que el objetivo es revisar las cesiones hechas a organizaciones católicas.

Finalmente, dice el plan que se revisarán los espacios, servicios y políticas municipales para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de aconfesionalidad, lo que incluye la eliminación de símbolos religiosos en espacios públicos. Entiendo que, en coherencia con esta idea, retirarán todos los símbolos religiosos del cementerio (municipal) de la Almudena. Y, también, las capillas de los tanatorios municipales.

El plan anuncia acciones para afrontar procesos de radicalización de jóvenes. Cita a las bandas latinas y neonazis. Las bandas violentas de ultraizquierda, sin embargo, no son señaladas. Y ello pese a que, por ejemplo, se acaba de detener a varios miembros de dichas bandas por dar una paliza a un menor. Aunque quizá la mejor forma de evitar esta radicalización de los jóvenes sería que los representantes de Podemos e IU dejen de idolatrar a quienes ingresan en prisión por actos violentos, tipo Alfon o Bódalo.

La referencia a la memoria histórica no podía faltar. Aquí nos avisan de que van a promoverla en «los currícula de escuelas o espacios educativos municipales». ¿Con qué competencia? También piden la revisión del Valle de los Caídos, «para que se eliminen los símbolos contrarios a la Ley de Memoria Histórica». Que el Valle esté en el municipio de El Escorial supongo que es algo irrelevante.

En el apartado de la no discriminación por sexo nos anuncian «la progresiva adaptación de los documentos y formularios institucionales para que incorporen la opción de identidad no binario (mujer-varón-otros)». Otros.

Dentro de los programas de intervención comunitaria intercultural llaman la atención las «estrategias anti-rumores.» Es decir, el Ayuntamiento que es incapaz de limpiar las calles va a identificar y a controlar rumores.

Se prevé una revisión de la normativa relacionada con el derecho de admisión de locales privados en Madrid. Vamos, que Carmena va a decidir quién puede entrar y quién no en los establecimientos privados con derecho de admisión en Madrid.

El plan anuncia que van a incluir símbolos más inclusivos en los semáforos, igual que se ha hecho en Valencia.

El apartado dedicado a la vivienda, claro está, vulnera el artículo número 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque el derecho a la propiedad privada es un derecho humano. Y los okupas que tanto defienden Carmena y los suyos lo vulneran sistemáticamente. Si fuesen verdaderos defensores de los derechos humanos, defenderían a los propietarios y a los afectados por las okupaciones, en vez de ponerse del lado de los usurpadores. En este sentido, llama la atención que promoverán acuerdos con grandes tenedores y propietarios de inmuebles para que no se produzcan desalojos y se finalicen los procesos judiciales. Vamos, que cuando alguien no pague su alquiler, el Ayuntamiento de Madrid retorcerá el brazo al dueño del piso para que le mantenga en el piso. Pero, entonces, ¿quién le pagará el alquiler?

El plan anuncia un programa Madrid te Alimenta. Suena mucho a los Comités de Abastecimiento Local de Venezuela, copiados a su vez de Cuba. Maduro les ha puesto un lema: «La dieta de Maduro te pone duro». En todo caso, me pregunto si en Madrid tenemos los problemas de abastecimiento de Venezuela. Y, dado que la distribución alimentaria está en manos privadas y la alimentación es un derecho humano, si Carmena cree que la solución es nacionalizar todos los supermercados. ¿Son Mercadona y Lidl violadores de los derechos humanos a los que el Ayuntamiento de Madrid debe castigar?

Quienes sí que van a ser castigados son, no sólo los supermercados, también los restaurantes y la hostelería. Y es que el plan anuncia sanciones a estos establecimientos por no hacer un uso eficiente de los alimentos.

En lo referido a circulación, el plan hace grandes anuncios. Por un lado, valora la eliminación de los aparcamientos azules. Y, por el otro, dice que el Ayuntamiento va a estrechar carriles como cauce para ralentizar el tráfico. Vamos, que ahora resulta que estrechar los carriles de circulación es un derecho humano.

Por último, un plan tan ambicioso como este no podía desaprovechar la ocasión para cumplir con uno de los grandes objetivos estratégicos de Carmena: colocar a más gente. El instrumento principal aquí será la anunciada Defensoría Municipal, un chiringuito nuevo a rellenar con más colocaos. A este se sumará un nuevo Consejo de Derechos Humanos. Por supuesto, sus integrantes serán independientes y representantes de la sociedad civil. Supongo que tan independientes como la comisionada de la Memoria Histórica, Paca Sauquillo, amiga íntima de la alcaldesa y, durante más de 20 años, cargo electo del PSOE.

En suma, Carmena y los suyos reúnen todos sus prejuicios ideológicos en un solo documento y lo llaman «Plan de Derechos Humanos». Y, mientras, las calles de Madrid siguen sucias y la circulación es un caos.