La reforma de las pensiones alumbrada por este Gobierno constituye un atraco a varias generaciones. Una estafa piramidal cuyas víctimas serán nuestros hijos y nietos. Un engaño monumental cifrado en nada menos que 3.000 millones de euros al mes o 42.000 millones al año, catorce pagas, cantidad a todas luces inasumible por mucho que se estruje la ubre de quienes todavía trabajan. Un agujero negro presupuestario generado a mayor gloria de Frankenstein y su ansia de poder, porque lo peor de este atropello sanchista es que no responde al deseo de tratar con justicia a las personas mayores, sino a un descarnado cálculo electoral. Por eso se ha aprobado ahora, a dos meses de las autonómicas y municipales. Diez millones de pensionistas pesan mucho en las urnas como para andarse con remilgos, aun sabiendo que el sistema es insostenible. Cuando la realidad se abra paso, ya apechará con las consecuencias el inquilino que por entonces siente sus reales en la Moncloa.

Lo único cierto, no obstante, es que antes o después los jubilados españoles habremos de hacer sacrificios. A diferencia de los políticos, la pirámide de población no miente y subraya lo inapelable de esta sentencia que el Ejecutivo pretende ocultar con eufemismos tan biensonantes como «cuota de solidaridad de los salarios más altos» o «mecanismo de equidad intergeneracional». Expresiones falsarias cuyo significado verdadero se traduce en más impuestos al empleo que incrementarán la tasa de paro, recortes drásticos de sueldos netos derivados del brutal aumento de las cotizaciones sociales y la presión fiscal, una nueva vuelta de tuerca a los autónomos asfixiados, en particular los de menor edad, otro golpe mortal a la clase media en vías de extinción y un obstáculo insalvable al progreso económico de los más capaces, cuya fiscalidad alcanzará tasas próximas al 70 por ciento, directamente confiscatorias. ¿Quién, pudiendo elegir, va a querer hacer carrera en un país donde se le impide prosperar? ¿Qué va a ser del talento patrio sometido a tamaño maltrato?

Frente a las críticas de la Airef, el Banco de España y cuantos organismos independientes han estudiado la reforma, el presidente y su ministro Escrivá presumen del aval obtenido en la Unión Europea, así como de la «paz social» que la acompaña y bendice. Es una verdad a medias. Bruselas no se ha pronunciado, ni para bien ni para mal, pese al cúmulo de advertencias que se acumulan sobre su mesa. En cuanto a esa presunta «paz social», ya se sabe que la izquierda tiene bula para arruinarnos, robar o sembrar miseria, porque para eso la calle es suya. Y los paganos de este desastre no van a ser los acampados en la Puerta del Sol que cambiaron el megáfono por el ministerio y la nómina pública, sino la inmensa mayoría de jóvenes que confiaron en el esfuerzo y el mérito como herramientas para labrarse un futuro.