Se ha detectado un goteo de ciudadanos procedentes de Argelia (y, en menor medida, de Marruecos) que vuelan primero a Estambul, una ciudad que actúa como nodo logístico. Desde allí, emprenden un viaje por carretera a través de Europa hasta alcanzar España y cruzar por las fronteras terrestres de Cataluña o País Vasco.
Las mafias coordinan las operaciones, monitorizando en tiempo real la presencia policial en los pasos fronterizos para avisar a los conductores del momento exacto en el que deben cruzar.
El objetivo final es claro: entrar en territorio nacional para intentar acogerse, de una forma u otra, al proceso de regularización en curso.
El malestar entre los mandos policiales es profundo. En sucesivas reuniones con el Ministerio del Interior, los agentes han trasladado con datos pormenorizados que la medida está propiciando estas prácticas ilegales.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno es siempre la misma: una negación sistemática del efecto llamada.
Resulta inaceptable que el Ejecutivo siga instalado en este negacionismo.
Ya no puede escudarse en que las críticas provienen de augurios interesados de sectores críticos. Son los propios profesionales de la seguridad, basándose en informes técnicos y en la observación de primera mano de lo que sucede en las fronteras, quienes advierten del peligro.
Y esta nueva ruta por carretera ni siquiera constituye, por desgracia, el primer indicio de que la norma está amparando conductas fraudulentas. Son ya multitud los síntomas alarmantes que el Gobierno prefiere ignorar.
Primero, la vulnerabilidad del sistema de control. Permitir una simple declaración responsable para sustituir los antecedentes penales cuando el país de origen no los aporta es, de facto, dar un cheque en blanco al solicitante, generando incentivos perversos para quienes tienen interés en limpiar su historial delictivo.
Que el decreto no disponga la acreditación de antecedentes policiales, que son los que permiten reflejar la multirreincidencia, sólo agrava la debilidad de la supervisión.
Segundo, la estafa perpetrada por parte de la comunidad pakistaní. El incremento del 866% en las denuncias por extravío de pasaporte en el consulado de Barcelona revela un ardid evidente para obtener documentos nuevos que no activen las alertas en las bases de datos españolas.
Tercero, el recelo de Bruselas. Europa mira con estupor cómo España se desmarca del Pacto de Migración y Asilo, convirtiéndose en una «isla de permisividad» que compromete la seguridad de todo el espacio Schengen.
Cuarto, el mercado negro de citas previas auspiciado por el caos administrativo ante la avalancha de expedientes
Y a esto se suma la denuncia constante de los sindicatos policiales sobre el colapso operativo, debido a la falta de medios para la gestión diaria de las solicitudes de asilo. Algo que ya se ha comprobado en las colas kilométricas vistas en algunas oficinas de extranjería y consulados.
Lo que atestigua esta última ruta detectada es que el problema ha cambiado de escala.
Ya no se trata sólo de la incapacidad del Estado para controlar a quienes ya están dentro. Estamos ante una invitación abierta a la inmigración fraudulenta desde el exterior. Las mafias han tomado nota de la debilidad de nuestros protocolos.
La insistencia del Gobierno en defender la medida con el argumento de que la «fecha de corte» impide nuevas llegadas choca frontalmente con la realidad de los hechos. Esa barrera temporal es papel mojado ante la picaresca y la falsedad documental que el propio decreto facilita.
Los laxos criterios contemplados para la concesión del permiso, y el consiguiente mensaje de permisividad con la irregularidad que lanza, abocan a la regularización a ciegas del Gobierno a convertirse en un coladero de delincuentes.
Y, de hecho, según advierten los mandos consultados, los grupos de origen argelino presentan actualmente algunas de las tasas de criminalidad más altas en delitos de multirreincidencia. Por ahora son sólo unos pocos los que entran por la frontera francesa, pero ello permite anticipar que mañana serán muchos más.
Por eso, la desconsideración del Gobierno hacia las quejas de los policías por el brete en que les pone el decreto no es únicamente una muestra de desdén indignante. Ignorar el criterio de quienes están encargados de vigilar las fronteras es una irresponsabilidad mayúscula que pone en riesgo la seguridad de nuestro país.