José Antonio Vera, LA RAZÓN, 8/2/12
Cualquier víctima de un hecho violento tiene derecho al reconocimiento del mismo por el Estado y, en su caso, a la indemnización que proceda, pero hay que darle toda la razón al ministro del Interior cuando dice tener claro cuáles han sido aquí las víctimas del terrorismo, que fundamente son las de ETA. Es verdad que hubo víctimas del GAL y del denominado «Batallón Vasco Español», y que como tales han de ser reconocidas, pero en ningún caso podemos equiparar unas con otras, porque el daño causado por la banda a la democracia y a las personas es tan brutal que no admite ni la más leve equiparación. Es comprensible que tanto los sindicatos policiales nacionales como la Ertzaintza hayan catalogado de «tomadura de pelo» este decreto que prepara el Ejecutivo autónomo de Patxi López, según el cual se va a poder indemnizar hasta con casi 400.000 euros a «las víctimas de la violencia policial» durante los años que van desde 1968 a 1978. Un primer paso para hacer lo mismo, a posteriori, con las «víctimas de la Policía» entre 1978 y el momento actual.
La realidad es que estamos ante una operación de calado que sólo pretende contentar a ETA y a sus entornos ante la nueva situación en la que se supone que la banda ha dejado por completo de asesinar. Huele a pacto prefijado y hay que vestir la situación con diferentes ropas para aparentar que es algo diferente. Pero difícilmente la sociedad lo va a creer sin más. Poner al mismo nivel a «victimarios con verdugos» es impropio de la democracia. El agravio no es menor, entre otras cosas porque en 1977 hubo una Ley de Amnistía que benefició a los presos de ETA.
José Antonio Vera, LA RAZÓN, 8/2/12