La Comisión Europea puso ayer en cuestión ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) que la ley de amnistía llamada a exonerar las causas vinculadas al ‘procés’ respondiera al interés general, y no al interés político de la investidura de Pedro Sánchez. Con sus objeciones, Bruselas también cuestiona que las instituciones españolas atendieran las recomendaciones de la Comisión de Venecia, al optar por una tramitación vía proposición de ley y con carácter de urgencia que soslayó el parecer del Consejo de Estado o el del Poder Judicial. El TJUE no podrá eludir en sus deliberaciones la presunción de que el texto pactada entre los partidos del Gobierno y las formaciones beneficiadas por el olvido penal se convirtió en una autoamnistía. Y ello con independencia de que, al examinar las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, la corte de Luxemburgo descarte que el articulado y la aplicación de la norma perjudiquen el erario de la Unión o los principios que combaten la violencia. No será fácil que PSOE, Sumar, ERC y Junts encuentren en la decisión final del tribunal europeo argumentos que validen punto por punto sus propósitos y una narrativa que les ayude a acallar la crítica y la desazón que sigue suscitando no solo la amnistía, sino su interpretación por parte del secesionismo.