Autodepuración

TODAVÍA está por ver en España que un partido político denuncie a un militante o a un dirigente por corrupción. Hasta ahora el debate regeneracionista se centra en la reacción de mayor o menor tolerancia ante los casos revelados por la justicia o la prensa, lo que en la práctica viene a poner el destino de las listas electorales y los equipos de gobierno en manos de los jueces y los periodistas. A veces, y se trata de un asunto muy serio de violación de garantías democráticas, es la policía la que filtra investigaciones sin contrastar o simples sospechas que sirven de base para la demolición moral de algunos personajes públicos; miedo da que las fuerzas de seguridad, siempre al servicio del poder, dispongan de esa capacidad de señalamiento. De cualquier modo en todos los casos la política va por detrás de los acontecimientos: ha perdido la iniciativa de defenderse a sí misma.

Mientras las nomenclaturas partidarias sólo estén pendientes de minimizar el impacto de los escándalos no habrá manera de que la gente crea en su voluntad de autodepuración. El único protocolo creíble de ejemplaridad es el que ha aplicado el Papa en el turbio affaire de los curas granadinos: ordenar él mismo la denuncia penal e iniciar por cuenta propia las investigaciones internas. La ocultación y el amparo sólo contribuyen a promover más desconfianza en las instituciones. Pero a Francisco le llegó hasta Roma la queja de un feligrés porque tiene demostrada su intolerancia ante el abuso; en este momento a ninguna víctima de soborno o extorsión se le ocurre ir a buscar ayuda en el líder de un partido.

Consta sin embargo que algunos de los recientes y más sonados episodios de agio eran conocidos, o al menos sospechados, en el entorno político de sus protagonistas. Desde la soltura de Guerrero el de los ERE hasta el desahogo financiero de Granados; desde los manejos comisionistas de los pujoles hasta los regalos de Mato o las visitas de Bárcenas. Indicios patentes, signos externos de actividades subterráneas ante los que nadie quiso hacer otra cosa que apartar la mirada. Lo más lejos más que ha llegado nuestra dirigencia es a apartar con discreción a algún sujeto de apariencia comprometedora, por lo general dejándolo caer en otro puesto menos relevante. El día en que un responsable institucional u orgánico vaya al fiscal contra uno de los suyos habrá empezado de verdad la limpieza de las cañerías de la política. Hasta tanto podemos discutir sobre el momento procesal exacto en que un alto cargo debe abandonar o ser expulsado; la sociedad, erigida en tribunal sumarísimo y a menudo precipitado, aplica por su cuenta penas de telediario. Alguien dijo que la virtud de gobernar consiste en elegir a los mejores y vigilarlos como si fuesen los más deshonestos. La primera premisa falla en España desde hace mucho tiempo pero la segunda no admite más aplazamientos.