El Partido Popular protagonizó ayer, en vivo y en directo, un gravísimo episodio de autodestrucción interna sin precedentes. Un postrero capítulo de la descarnada guerra por el poder que venían librando el líder del partido, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tras lo vivido en las últimas horas el cisma no tiene marcha atrás. La fractura interna se ha consumado. Y la crisis sólo podrá tener ya un vencedor o una vencedora, que saldrá tocado-a, como la propia formación. Eso si el desenlace no arroja tres perdedores, como parece más probable: los dos protagonistas del duelo y el propio PP.
El asunto podía haber tenido otro final. Hubiera bastado con esperar a que se confirmara o se desmintiera de forma fehaciente lo nuclear: si Díaz Ayuso adjudicó a dedo un jugoso contrato sanitario de millón y medio de euros a la empresa de un amigo, que nada tenía que ver con el sector. Un contrato que, según fuentes de la calle Génova, habría reportado al hermano de la presidenta madrileña una nada despreciable comisión de 280.000 euros.
Casado y los suyos sostienen que pidieron explicaciones a Ayuso en octubre, petición a la que la presidenta dio la callada por respuesta. Nada se comunicó a la Justicia, cuando de lo que hablamos es de un posible delito.
La difusión ayer en dos diarios de la capital de España de lo que se cocía soterradamente precipitó los acontecimientos. Ayuso, en una durísima intervención, acusó a Casado y los suyos de intentar destruirla, amén de negar cualquier irregularidad. García Egea, ‘número dos’ popular, anunció la apertura de una investigación interna, negó que se hubiera espiado a Ayuso -como sí confirmaron fuentes próximas a la presidenta- y tildó de crueles e injustas sus imputaciones contra Casado y la cúpula nacional popular.
Lo ocurrido dinamita el PP. El cisma coloca contra las cuerdas a Ayuso y a Casado. Si interviene la Justicia porque ve indicios de delito será la tumba para la presidenta. Si no, el líder del PP saldrá muy tocado.
Ahora veremos cómo reaccionan los barones y las organizaciones territoriales. Si exigen o no que rueden las cabezas políticas de todos o algunos implicados, e instan a que una gestora o un congreso urgente decida quien se haga con las riendas del partido. El gallego Núñez Feijóo se apresuró ayer a pedir a los implicados ‘sentido común’ y ‘estar a la altura de las circunstancias’. Sin duda muchas miradas se habrán vuelto ya y se volverán en los próximos días hacia él.
El PSOE, derrotado en los comicios de Castilla y León, y Vox, el gran triunfador, deben estar frotándose las manos. ¿Y Mañueco? Dudando si obedece a Génova, rechaza cogobernar con Vox y pone en riesgo su reelección, o se asegura el sillón con la ultraderecha. El gran debate en la derecha sigue siendo ese.