EL PAÍS 15/12/15
LUIS GARICANO / FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ
· Debemos asegurar la igualdad de los españoles para una sanidad y educación gratuita y de calidad
La Constitución de 1978 estableció un sistema descentralizado de gobierno con amplias competencias para las comunidades autónomas. Esto permitía satisfacer el deseo de muchos españoles de tener una Administración más cercana. Sin embargo, la inmensa mayoría también querían y quieren una igualdad de acceso a los servicios públicos esenciales: sanidad y educación, fundamentalmente. Para tener una educación y sanidad públicas universales y de calidad es imprescindible disponer de recursos económicos.
Muchas comunidades efectuaron recortes donde los ciudadanos no querían recortar, en sanidad, educación y servicios sociales. Por otra parte, otras estructuras y servicios públicos se mantuvieron intactos, con despilfarros y duplicidades incluidos. El reparto de los sacrificios no fue justo porque el sistema de financiación territorial es muy defectuoso, no solo dentro de las comunidades sino entre comunidades: unas hicieron más sacrificios que otras.
El gran problema es que los políticos que dirigen las comunidades no tienen los incentivos adecuados para responsabilizarse de sus decisiones de gasto, porque no se enfrentan a un sistema bien diseñado. El sistema permite que los dirigentes autonómicos eviten reducir los gastos superfluos de los que vive su clientela, a base simplemente de culpabilizar al Gobierno central.
El sistema permite que los dirigentes autonómicos eviten reducir los gastos superfluos de los que vive su clientela, a base simplemente de culpabilizar al Gobierno central
El Gobierno central se enfrenta a un dilema imposible. O bien se pone duro, con la consecuencia no deseada de que se recortan los servicios básicos de sanidad y educación (“por culpa de Madrid”) para mantener, por ejemplo, el gasto en televisiones o fantasmagóricas oficinas de representación. O bien el Gobierno central es “comprensivo” y establece mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico (el llamado FLA, que compra la deuda que emiten las comunidades a tipo cero), en cuyo caso es imposible evitar que los Gobiernos autónomos sigan viviendo por encima de sus posibilidades, estableciendo nuevas obligaciones y emitiendo deuda que suscribe el Estado, es decir, todos los ciudadanos. Esto significa vivir a costa del vecino, en una alocada carrera que al final perjudica a todos.
Para resolver estos problemas, Ciudadanos propone blindar los servicios públicos esenciales de las comunidades que serían financiados por el Estado mediante un único Fondo (y que sustituiría al actual galimatías de fondos). Este dinero provendría de los impuestos estatales y financiaría una educación y sanidad públicas, universales y de calidad. A estos servicios tendría derecho cualquier ciudadano, resida donde resida.
Además, las comunidades podrían prestar servicios adicionales, más allá de la cartera de prestaciones comunes. Estos servicios adicionales se podrían financiar mediante impuestos, o por otras vías complementarias como precios públicos o tarifas. En Ciudadanos somos partidarios de que esta financiación se realice vía presupuestos, es decir, somos partidarios del principio de capacidad económica, de que pague más quien más tiene como forma fundamental de financiar los servicios públicos, pero las comunidades deben tener la capacidad para hacerlo como sus votantes deseen. Este sistema de financiación trata de conjuntar dos principios: igualdad y autonomía responsable. Por un lado, debemos asegurar la igualdad real de los españoles, que les permita disfrutar de una educación y sanidad gratuita, universal y de calidad.
Por otro, queremos asegurar que la autonomía de las comunidades va unida a su corresponsabilidad fiscal, es decir, que sepan que si añaden servicios a la cartera común deben añadir también los medios para financiarlos. No puede existir la autonomía sin la responsabilidad, y el sistema actual que fomenta la irresponsabilidad fiscal efectiva es el camino a ninguna parte.
Desde Ciudadanos nos comprometemos por tanto a asegurar la igualdad de los españoles en el disfrute de los derechos básicos que su ciudadanía española supone, incluyendo la sanidad y la educación gratuitas, universales y de calidad. Y nos comprometemos a poner en marcha un sistema de financiación que asegure que las comunidades usan de su autonomía de forma responsable, sin imponer cargas injustas a los demás.