Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 9/5/12
La noticia de que el tesoro público iniciará el mes que viene emisiones de unos llamados hispabonos para dar cobertura a las deudas de las comunidades y, en especial, a las de aquellas que están al borde de la quiebra, exige recordar un hecho decisivo: que la situación financiera de las autonomías no es, ni de lejos, uniforme.
Así, y según datos del Ministerio de Hacienda, los déficits de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Cantabria, Baleares, Cataluña, Valencia, Asturias y Andalucía superaron en el 2010 y en el 2011 el 3 % de su PIB regional, aunque también las diferencias en este grupo son notables: desde el 7,3 % de Castilla-La Mancha hasta el 3,22 de Andalucía en el 2011, comunidades ambas, que, como una buena parte de las citadas previamente, incrementaron su déficit ese año respecto al 2010.
Frente a esas nueve comunidades se situaron en el 2011 otras ocho con datos mejores (Aragón, País Vasco y Castilla y León, en las que el déficit bajó del 3 %) y mucho mejores, donde aquel no llegaría al 2 %: en orden decreciente, La Rioja, Navarra, Canarias, Galicia y Madrid. En algunas de ellas, además, el déficit se redujo de forma sustancial en el 2011 respecto al 2010: es el caso de La Rioja, Navarra, Canarias y Galicia.
Con la experiencia que, por desgracia, vamos teniendo ya los españoles en ajustes y recortes, todos sabemos que esos datos tan distintos sobre la situación financiera de las autonomías responde a la muy diferente prudencia con que en ellas se ha gastado y a los incomparables esfuerzos que sus gobernantes han exigido en años anteriores a sus respectivas poblaciones. Por eso resulta no solo paradójico que la alegría presupuestaria de Castilla-La Mancha (7,3 % de déficit en el 2011), Extremadura (4,59 %), Cataluña (3,72 %) o Valencia (3,68 %) la vayamos a afrontar entre todos, sino también difícil de aguantar que quienes han sufrido ajustes vayan ahora a contribuir como si nada, a través del tesoro público, a pagar la irresponsabilidad de quienes gastaban a lo loco mientras otros se veían obligados a apretarse el cinturón.
El presidente de la Xunta aportaba en la entrevista que le hacía el domingo este periódico un dato que se comenta por sí solo: mientras que, para alcanzar el objetivo de déficit, Galicia deberá reducir en educación y sanidad 69 millones de euros, el ajuste que le toca a Cataluña será de 4.400 millones, a Andalucía de 2.500 y a Castilla-La Mancha de 2.200. Que el Estado salga ahora a rescatar a las autonomías más irresponsables con su gasto supone, de hecho, una forma de volver a establecer una discriminación entre comunidades de primera y de segunda, de modo que las que han sido más responsables con su gasto serán premiadas con la obligación de contribuir a enjugar el despilfarro de las abiertamente manirrotas.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 9/5/12