Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 22/4/12
La butade de la presidenta madrileña sobre la necesidad de que las comunidades españolas devuelvan sus competencias en educación y sanidad ha llevado al presidente de la Generalitat a subir la apuesta, proclamando que en realidad ninguna región, salvo Cataluña y el País Vasco, ¡debería tener autonomía!
Sin embargo, el contraste entre el gran escándalo que la muy discutible idea de Aguirre ha levantado y las escasas críticas que ha suscitado la provocación auténtica de Artur Mas prueba nuevamente la incomprensible legitimidad de la que gozan los nacionalistas, en comparación con los demás, para decir majaderías.
Hablemos, pues, primero, del honorable president. La idea de reducir la autonomía a los territorios con fuerte presencia de los nacionalistas, evitando así lo que ellos llaman «café para todos» con desprecio, no salió adelante por una sencillísima razón: porque las demás regiones se negaron a aceptar lo que, de haber triunfado el café nada más para los ricos, hubiera constituido una fuente de inadmisibles privilegios. Quizá Mas no sepa que la generalización de la autonomía se hubiera asentado también durante la Segunda República, de no haber aquella naufragado, y que es la norma en todos los Estados federales: no hay ninguno en el planeta en que unos territorios estén descentralizados y otros no.
La presidenta Aguirre plantea, por su parte, una devolución de funciones que dejaría a las comunidades sin la parte del león de sus competencias materiales, pero, visto el desastre que ha dejado, por ejemplo, Zapatero, no explica por qué el Gobierno habría de gestionar mejor en el futuro lo que hoy gestionan las regiones.
En el fondo, Mas y Aguirre hacen con el debate autonómico lo que, según la famosa Ley de Gresham, la moneda mala hace con la buena: expulsarla del mercado. Y es que las cuestiones que debemos plantearnos no son, ni de lejos, las que ellos suscitan, a su propia conveniencia, sino otras muy distintas: qué reformas plausibles necesita con urgencia nuestro Estado para ser socialmente más justo, políticamente más eficiente y económicamente más barato.
Pues admitido que ni la generalización autonómica ni el diseño de las líneas maestras de la distribución material de competencias tienen marcha atrás, el asunto consiste en discutir, en serio y sin decir sandeces, como arreglar lo que hoy funciona mal a todas luces: las innecesarias duplicidades y triplicidades (si me permiten el palabro) de competencias y funciones entre las tres administraciones españoles; la falta de coordinación entre el Estado y las regiones en ámbitos vitales para nuestro bienestar; la pervivencia de una administración local mastodóntica y una provincial inservible por completo; la falta de ejercicio por parte del Estado de sus facultades de alta inspección en ámbitos como la educación, para evitar las tropelías identitarias; o el establecimiento, mediante las leyes de armonización previstas en la Constitución y jamás utilizadas, de elementos de uniformidad allí donde resultan esenciales para la igualdad real de todos, como la sanidad o los servicios sociales.
Es en esos temas, y en otros similares, donde está el auténtico debate y no en las interesadas cortinas de humo que solo pretenden que sigamos enganchados en lo que interesa a los políticos y no a los ciudadanos.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 22/4/12